Bizikidetza Foroa de Tolosa había reunido ayer tarde a tres voces expertas para abordar la respuesta del Estado ante ETA en las últimas décadas, fijándose sobre todo en sus tribunales. Hubo poco debate entre el abogado Iñigo Iruin, la catedrática Carmen Lamarca y el juez Ricardo de Prada, porque coinciden básicamente en señalar los abusos y extralimitaciones. Pero sí hubo mucha noticia, por lo es que un magistrado de la Audiencia Nacional haga una admisión tan explícita y detallada de lo que ocurre intramuros del tribunal especial. Fueron 20 minutos que desnudaron realmente lo que tantas veces se ha denunciado en Euskal Herria.

De Prada quiso matizar que hablaba como ciudadano que tiene derecho a expresarse, más que como juez. Pero evidentemente lo que dijo tiene el valor especial de su conocimiento directísimo. Lleva en la AN desde 1990. Un tribunal que no le parece criticable por la centralización territorial, sino porque «concentra muchísimo poder y los partidos se han dado cuenta de que es rentable meter jueces. No quiero ser más explícito, pero es un tribunal controlable».

Luego pasó al tema en cuestión, «el terrorismo», sin pelos en la lengua. Censuró que la AN «haga política criminal abiertamente cuando no le correspondería hacerlo». Lamentó que «antes existía una posibilidad de saber qué era terrorista y qué no, pero luego surgieron estrategias que pensaron que se podía acabar con ello atacando a los entornos políticos». A ello añadió que «me ha dejado perplejo cómo se han ido introduciendo técnicas probatorias como periciales de inteligencia, aportando relatos que quieren suplantar el propio razonamiento del juez con conclusiones muy dudosas». Y lo ligó con otro retroceso: «Cuando yo empecé a ejercer, se descartaba cualquier valor de la declaración policial, pero ha habido una involución tremenda en esto y se ha llegado a que era prueba suficiente para la condena de esa persona y de otras».

De Prada había comenzado admitiendo sus dudas sobre si acudir o no a Tolosa «para hablar de mi trabajo de todos los días», así que su intervención sonó a catarsis, y además in crescendo. Si lo anterior ya era muy potente, lo más duro llegó cuando el juez admitió que la imposibilidad de que los detenidos sean asistidos por sus abogados «es un caldo de cultivo para que esas personas puedan ser forzadas. La tortura se ha producido de manera clara, y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho». Recordó aquí tanto las condenas europeas por no investigar denuncias como las apelaciones internacionales a acabar con la incomunicación.

En este amplio listado de «patologías», como las llamó tras afirmar que «la primera víctima del terrorismo es el Estado de Derecho», no faltaron las relativas al cumplimiento de condenas, problema candente donde los haya. También aquí fue cristalino De Prada: «Los tribunales han reinterpretado la Ley de Enjuiciamiento Criminal en perjuicio del reo. La ‘doctrina Parot’ tuvo que ver con que muchos históricos de ETA habían cumplido la condena. Recuerdo que un ministro dijo que había que hacer algo para evitar que salieran». Aludió también a la negativa a descontar tiempos de condena cumplidos en otros estados, con lo que «nos podemos encontrar con una situación parecida a la Parot». Y apostilló que «ahora se está produciendo algo impensable: están endureciendo los criterios para la concesión de beneficios, y francamente me sorprende que sea en este momento, aunque no sé si es algo generalizado».

Todavía quedaba un apunte final, que sitúa a De Prada en las antípodas del modelo imperante en el Estado español para abordar la resolución del conflicto. Abogó por «transformar las penas de prisión en penas restaurativas. Yo no digo que no haya penas, pero sí que tengan alguna función, que se busque ese potencial humano para la restauración social. Es justo lo que se va a hacer en Colombia», recordó.

Iruin: «Jueces en lucha»

Las intervenciones de Iruin y Lamarca tuvieron también muchísimo contenido, pero sin la tremenda fuerza que tiene escucharlas de boca de un juez de la AN. El abogado vasco citó dos frases muy recurrentes que cree que resumen lo que ha pasado: «Todo es ETA» y «Todo vale contra ETA». Describió un sistema en el que se validó la «hipótesis de gabinete» de que era posible «un terrorismo sin armas»; de ahí se pasó al Derecho Penal de Autor, luego a la persecución preventiva y finalmente al Derecho Penal del Enemigo, en el que «el juez es un luchador, no alguien imparcial», algo que recordó que ha llegado a verbalizar el exjefe de lo Penal de la AN Javier Gómez Bermúdez.

En cuanto a la catedrática Lamarca, alertó especialmente del abuso de la calificación de «colaboración», que es un «cajón de sastre» en el que se encaja cualquier cosa. Dijo también que «el tema de la apología se nos está yendo de las manos y en las redes sociales estamos llegando al puritanismo; habrá chistes de mal gusto o un problema de educación, pero ¿eso es delito?». Y remachó todo diciendo que en general «deberíamos pedir una vuelta a la normalidad cuando terrorismos como este han acabado».

 

INTERVENCIONES

JOSÉ RICARDO DE PRADA

Juez de lo Penal de la AN

«Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura y los tribunales no han dado respuesta»

CARMEN LAMARCA

Catedrática de Derecho Penal

«El Estado alcanza su mayor legitimidad cuando ofrece todas las garantías a quien pretende destruirlo»

IÑIGO IRUIN

Abogado

«Si realmente EPPK decide acometer la vía legal, se va a poner de manifiesto toda esa excepcionalidad»