Esa verdad que anunciaba para el mundo sería la gran mentira sobre la que organizaron la invasión de Irak. Bush, Blair y Aznar aseguraron que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva y lanzaron un ultimátum a Sadam Hussein para que se desarmara inmediatamente y a la ONU para que les legitimara la guerra.

Lo de las armas de destrucción masiva era mentira, e incluso Irak estaba ya colaborando para demostrarlo. La reunión del «Trío de las Azores» fue un paripé, pues la decisión de invadir Irak estaba ya tomada. Inmediatamente comenzaron los ataques con misiles sobre Bagdad.  

Puestos a mentir, el trío mintió incluso al anfitrión de la reunión, el primer ministro portugués Durao Barroso, que años más tarde confesó que le habían engañado enseñándole documentos falsos sobre las supuestas armas.

El país cayó en pocas semanas, Sadam Hussein fue capturado el 13 diciembre y, justo tres años después, ahorcado.

Los ocupantes llevaron la violencia y el caos a Irak, y cuando se fueron las últimas tropas en 2011 no dejaron tras ellos más que desastre, desolación y un país ingobernable. Cometido el abuso, eso ya les importaba bien poco.

Sobre las aguas de la mentira y las explicaciones ridículas comenzó a llegar a las costas de Euskal Herria el galipote del hundimiento del 'Prestige'. Los «hilillos de plastilina» se iban convirtiendo en un desastre ecológico que ya amenazaba a todo el Golfo de Bizkaia.

El Gobierno español nombró comisionado a Rodolfo Martín Villa, que tomó el cargo diciendo «aún no sé nada, pero aprenderé». Desde luego que en aprender era maestro, pues pasó de franquista a «demócrata de toda la vida» en un suspiro graduándose en las matanzas de Gasteiz en 1976 y Sanfermines de 1978.

Pero en los albores de 2003 no solo señoreaba la mentira, sino también el abuso.

El 20 de febrero un operativo de la Guardia Civil acabó con el diario 'Euskaldun Egunkaria'. Tal vez porque Garzón estaba a destajo, fue Juan del Olmo quien, siguiendo el mismo principio de «todo es ETA», clausuró el periódico y ordenó la detención de diez personas, entre ellas el director, Martxelo Otamendi.

Cinco de los detenidos relataron ante Del Olmo las torturas sufridas. El juez hizo caso omiso y el Ministerio del Interior les denunció por injuriar y calumniar a la Guardia Civil.

A la legitimación de la tortura se sumaron algunos medios de difusión y periodistas como José María Calleja, que no era la primera vez que tocaba el tema y que se refirió a Martxelo Otamendi como «un etarra en comisión de servicios (…) Es un cobarde con el dodotis todo el día puesto».

Casualmente, unos días más tarde la ONU asumía 47 denuncias por torturas realizadas con anterioridad por parte de Guardia Civil, Ertzaintza y Policía española.  

Ocho meses después del cierre de 'Egunkaria', Del Olmo ordenó nuevos registros en el Parque Cultural Martín Ugalde, en Andoain, además de ocho detenciones y tres citaciones. Para el magistrado, el parque pertenecía al «frente cultural de ETA». Además de organización política que practicaba la lucha armada, ETA era también un activo cultural.

A 'Egunkaria' lo mataron en febrero, aunque cuatro meses más tarde nació 'Berria' y Martxelo Otamendi siguió siendo el director del único diario íntegramente en euskara.

Siete años más tarde todos los imputados fueron absueltos y el caso quedaba en la nada. No se podía decir lo mismo de la mentira, el abuso y la tortura.

Apenas unos días después de que Aznar compadreara con Bush, el Tribunal Supremo aplicó la Ley de Partidos a Batasuna y ordenó su disolución. Seguido, Aznar pidió el cierre de las herriko tabernas y, al momento, la Fiscalía cumplió su parte y Garzón la suya.

Tal vez para que su luz no fuera eclipsada por Del Olmo, Garzón no perdió ritmo a lo largo de 2003 autorizando operaciones policiales a destajo. Hasta dio un paso más allá el 1 de abril, al ordenar la detención de nueve personas en una «operación preventiva».

A Udalbiltza ya le tenía echado el ojo, así que a finales de ese mismo mes, a menos de cuatro semanas de las elecciones municipales, decretó la ilicitud, ordenó el cierre de sedes y encarceló a ocho personas, cifra que aumentaría hasta los 21 imputados.  

Los prisioneros políticos y la solidaridad también fueron pasto de Garzón, que llegó al extremo de asegurar que cartearse con presos era indicio de pertenencia a ETA.

Y tal vez porque Euskal Herria ya se le estaba quedando pequeña, en un contexto mundial de guerra en Irak y de persecución de Al Qaeda al juez estrella se le ocurrió procesar a Bin Laden.

A comienzos de 2003 había en las cárceles 641 prisioneros políticos vascos. Era la cifra más alta hasta ese momento, aunque continuaría aumentando.

En enero, Aznar deseó públicamente que los represaliados vascos se pudrieran entre rejas. Para realizar su deseo contaba con la colaboración necesaria del PSOE. Juntos tramaron una reforma del Código Penal que, al margen de otras cuestiones, se enfocaba a la represión del independentismo. Con ese objetivo se modificó también la Ley Penitenciaria y se instauró el Juzgado Central de Vigilancia, que retiró las competencias sobre los prisioneros vascos a los juzgados naturales poniéndolas bajo control de la Audiencia Nacional.

Así, por la combinación de la elevación de penas, endurecimiento de condiciones y mecanismos para imposibilitar el acceso a reducciones de cumplimiento, el nuevo marco legal podía suponer la cadena perpetua para los prisioneros vascos.

Por si fuera poco, se incorporó un artificio que posibilitaba la retroactividad, algo, en principio, fuera de la propia Constitución española.

Semejante montaje vengativo sigue siendo en la actualidad un gravísimo lastre para la resolución de las consecuencias del conflicto.

Con unas elecciones municipales a celebrar en mayo, la estrategia de apartheid y persecución política se enfocó a que la izquierda abertzale no pudiera presentarse a los comicios.

AuB logró los avales necesario para estar en las urnas el 25 de mayo. En cuanto se conformaron las candidaturas, el Supremo fijó la mirada en sus componentes y se dedicó a segregar personas para proscribir listas.

Este insólito recurso en cualquier democracia fue bendecido por el Tribunal Constitucional. Legalizadas o prohibidas, las papeletas de AuB estuvieron en las urnas y lograron ser segunda fuerza, con un total de 703 concejales; 245 que pudieron acceder al cargo y otros 458 a quienes se lo impidieron.

En semejante encrucijada política, la izquierda abertzale no cejó en ofrecer alternativas. A finales de año presentó la Propuesta de Bergara, abogando por una candidatura única por la autodeterminación para las elecciones españolas de 2004. La propuesta buscaba presentarse ante el Estado como pueblo para abrir un proceso de negociación para el ejercicio y respeto del derecho de Euskal Herria a decidir su futuro.

Unos días después ETA manifestó su apoyo a la propuesta y la firme disposición a dar los pasos que le correspondieran.

EA se mostró partidaria de un «bloque vasco» y el PNV no vio opciones al acuerdo. Y es que los jelkides estaban ya en otra clave, en la de la reforma del Estatuto, después de que el 26 de septiembre el lehendakari presentara su propuesta en Gasteiz. El Plan Ibarretxe iniciaba así un rumbo que embarrancó en Madrid casi año y medio más tarde.

Mientras, en la parte continental, el entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy expresó su no rotundo a que Iparralde tuviera algún tipo de reconocimiento.  

Jorge Oteiza ya no estaba para haber exclamado, una vez más, «Quosque tandem..!»; hasta cuándo España y Francia seguirían abusado de la paciencia del pueblo vasco.

Oteiza, que dijo que moriría de rabia que no de viejo, falleció el 9 de abril. Murió con 94 años y sin haber perdido la rabia.

Un rabia imprescindible si acaso se quiere luchar contra con el abuso y la mentira