«Estamos listos para insertarnos en la vida política del país», manifestó en enero de 1992 Orlando Aguilar, del comité político del FMLN.

Fundado en octubre de 1980 tras la fusión de cinco organizaciones político-militares –el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FLP), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), el Partido Comunista de El Salvador (PCS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)–, con la firma de los acuerdos se convirtió en un partido legal, que llegó a la Presidencia de El Salvador con Mauricio Funes (2009) y Salvador Sánchez Ceren (2014).

El desarme se llevó a cabo en un periodo de nueve meses, entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de ese año, al tiempo que el Estado se comprometió a desmantelar en el mismo periodo los batallones contrainsurgentes.

Así tituló la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, surgida de los Acuerdos de Paz, su informe, publicado el 15 de marzo de 1993: «De la locura a la esperanza». Entre sus mandatos estaba investigar la comisión de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario entre enero de 1980 y julio de 1991. Recibió un total de 22.000 denuncias. Más de un 60% del total correspondían a ejecuciones extrajudiciales, más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% incluían relatos de tortura.

El informe divide el conflicto en cuatro periodos (1980-1983; 1983-1987; 1987-1989; y 1989-1991) atendiendo a los cambios políticos, a la evolución de la guerra y la sistematicidad de ciertas prácticas violatorias.

Entre las prácticas violatorias de derechos humanos menciona expresamente la violencia contra opositores por parte de agentes del Estado, con la muerte de los sacerdotes jesuitas de 1989 como caso ilustrativo; el accionar de los escuadrones de la muerte, citando la muerte de monseñor Salvador Romero; y la masacre de campesinos por parte de las Fuerzas Armadas, entre las que menciona por su especial sevicia la del Mozote, el 10 de diciembre de 1981. Casi un millar de personas fueron ejecutadas.

Según la Comisión de la Verdad, Unidades del Batallón Atlacatl llegaron al caserío El Mozote, formado por una veintena de casas agrupadas alrededor de una plaza, donde detuvieron a todos los lugareños –hombres, mujeres y niños– sin oponer resistencia. Después de pasar la noche encerrados, a la mañana siguiente fueron ejecutados por grupos. Después de masacrar a toda la población, incendiaron todas las edificaciones.

La masacre de El Mozote salió a luz pública el 27 de enero de 1982 cuando los rotativos 'The New York Times' y 'The Washington Post' publicaron artículos de Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto, respectivamente. Ese mes de enero visitaron el lugar, donde aún permanecían los cadáveres y los restos de las casas.

Niños robados

En el contexto del conflicto armado, medio millar de menores fueron sustraídos de sus familias y entregados a instituciones religiosas o familias, muchas de ellas extranjeras, principalmente de EEUU, el Estado francés e Italia, que buscaban a niños en adopción. Otros fueron apropiados por los propios soldados que previamente habían masacrado a sus padres.

Una de esas menores arrebatadas del seno de su familia es Blanca Flores. Residente en Nafarroa, en marzo de 2013 narró su experiencia en esta entrevista a GARA.

«Cuando me dijeron 'tú eres una niña de la guerra', pregunté qué era eso. No sabía absolutamente nada sobre la guerra en El Salvador. Aunque me siento de aquí, de Navarra, ahora sé que no estoy sola en el mundo, que tengo una familia que no me abandonó», manifestó.

El 16 de enero de 2016, durante la conmemoración del 24º aniversario de los Acuerdos de Paz, el entonces presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Ceren, del FMLN, pidió perdón por los crímenes guerra cometidos por el Ejército.

Destacó que con la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador «se ganó el reconocimiento internacional por haber tenido la valentía y sabiduría de poner fin a una guerra cruenta a través del diálogo y la negociación».

Hoy día, bajo la presidencia de Nayib Bukele, el país está sumido en una nueva espiral de violencia. Bajo el pretexto de combatir a las pandillas, el Gobierno impuso el 26 de marzo de 2022 un estado de excepción, medida que el Congreso va prorrogando periódicamente y que, según una investigación de la organización no gubernamental Cristosal, ha supuesto la detención de más de 66.000 personas, la apertura de macrocárceles y un clima de represión generalizada.

Los tentáculos de la dictadura y de la tortura en la Argentina democrática

También un 16 de enero, pero de 2004, el entonces presidente de Argentina, Nestor Kirchner, ordenaba investigar los campos de tortura militares. Las fotografías de «supuestos detenidos» siendo torturados en una guarnición militar en la provincia de Córdoba como parte de los entrenamientos conmocionó e indignó a la sociedad argentina, que aún hoy sigue reclamando saber el paradero de los 30.000 desaparecidos y de los más de 300 nietos y nietas robados durante la dictadura que aún faltan por hallar. Las Abuelas de Plaza de Mayo han conseguido encontrar y devolver su identidad a 133 de ellos. El último hallazgo fue el 28 de julio de 2023.

«Los comandos aprendían en sus propios cuerpos las torturas que aplicarían a sus víctimas», denunció la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini –fallecida el 20 de noviembre de 2002– mientras mostraba a los medios una impactante fotografía de soldados aplicando la «picana» (electrodos) a un «detenido» con los ojos vendados.

Otra imagen muestra a dos hombres hundidos hasta el cuello y encapuchados en una bañera de agua sucia, o a varias personas desnudas sentadas, atadas de manos y encapuchadas. No obstante, estas prácticas en entrenamientos militares se extendieron hasta 1994, en buena parte de la Administración de Menem (1989-1999).

Las imágenes, que fueron datadas en 1986, durante el periodo que gobernó Raúl Alfonsín, llegaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) enviadas por el dueño de un local de revelado que encontró estas copias.

Esos cursos de las Fuerzas Especiales eran parte de «la formación y el endurecimiento de los soldados para preparar su resistencia si caen en manos del enemigo». «La cantidad de personas involucradas y lo habitual de los cursos hace imposible que las autoridades políticas o las respectivas jefaturas de las Fuerzas hubieran desconocido lo que sucedía», reconocía el exjefe del Ejército argentino Martín Balza.

De Bonafini valoró en una comparecencia que esas prácticas «aberrantes son similares a las realizadas por los franceses en Argelia, los entrenamientos en Vietnam o los nazis en los campos de exterminio. Los comandos aprendían en su propio cuerpo las torturas que aplicarían a sus víctimas».