Las primeras noticias aquella tarde del 6 de febrero de 2020 referían el desprendimiento de tierra a la altura de Zaldibar. Parecía uno más de los que suceden puntualmente en la AP-8 y otras carreteras adyacentes en época invernal, pero las primeras imágenes mostraban que aquello tenía una dimensión brutal. Para entonces ya lo tendrían claro en la ingeniería desde donde se había emitido un mensaje aquella misma mañana (a las 9.33) que alertaba de riesgo inminente por las grietas aparecidas. Y también en la Administración de Lakua, consciente de la situación hace al menos varias semanas.

El colapso tuvo dimensiones casi nunca vistas. Además de costar la vida a dos trabajadores, Joaquín Beltrán (cuyos restos nunca se hallaron) y Alberto Sololuze, arrastró por la ladera 800.000 metros cúbicos de residuos de todo tipo, lo que supone 320 piscinas olímpicas llenas. [Vídeo con las imágenes de los trabajos de extinción del incendio, a vista de dron]

La estabilización de la zona sigue generando dudas cuatro años después. Y se calcula que harán falta 30 años para regenerar la zona. Entre otras cosas, por la presencia de amianto, que en una señal más del descontrol oficial fue «olvidada» en las horas posteriores al desastre, cuando se emprendió la búsqueda a contrarreloj de los dos desaparecidos.

«Aseago, goseago»

Quizás nadie haya señalado mejor la responsabilidad, directa e indirecta, de lo ocurrido que Pedro Alberdi, cuñado de Alberto Sololuze y autor de esta carta pública: «Zenbait agintari hedabideetan atera dira esanez mendiak hil duela Alberto Sololuze behargina eta mendiaren errua izan dela haren heriotza, mendia bere kabuz eta kanpoko eraginik gabe erori balitz bezala. Baina nola izan daitezke hain sinesberak? Baieztapen horrek ez du ez buru ez hankarik, arrazoi batengatik: Alberto Sololuze behargina, Joanes artzainaren irudira, zeharo maiteminduta zegoen mendiaz (…) Ez, agintariok, Alberto Sololuze behargina ez du mendiak hil, gizakiaren diru-goseak baizik. Eta diru-gose horrek izen-abizenak ditu, kaleko aldarriek behin eta berriz aditzera ematen dutenez. Gertatutakoa, beraz, erraz irudika daiteke: abariziak batu ditu eraikuntzako enpresa-gizon eskrupulurik gabea eta sigla boteretsu bati lotutako politikari ustela, eta ederki ulertu dira. Zenbat eta diru gehiago, hainbat eta gutiziatsuago. Aseago, goseago».

Efectivamente, el vertedero abierto en 2011 con la previsión de funcionar durante 35 años iba a colmatarse en apenas once, a un ritmo infernal que aumentaba el descontrol. Como reveló GARA, si en 2012 acogió 185.000 toneladas, en 2018 y 2019 se superaron ya las 500.000. Ello supuso que la empresa ganara en 2017 más dinero que todo lo que gastó Lakua en gestión de residuos ese año, pese a contar con apenas dos accionistas y seis trabajadores.

Una vez producido el desastre, Verter Recycling no se ha hecho cargo de los gastos enormes producidos por las tareas de búsqueda de los cuerpos y de estabilización de la zona (28 millones en una evaluación provisional), sino que ha iniciado su liquidación.

23 irregularidades y una orden previa

Todo ello delató un control inexistente, o muy laxo, por parte de las instituciones públicas. Que además, al menos en las últimas semanas estaban alertadas del riesgo de desplome. En la comparecencia de varios consejeros en el Parlamento, el de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, citó, aunque sin precisiones, una reunión mantenida el 21 de enero (16 días antes) entre Administración y empresa. Arriola y el propietario de la empresa, José Ignacio Barinaga, tenían relación de amistad; en palabras del consejero, quedaban para «tomar café»… y no hablaron del desastre después de producirse.

El descontrolado ritmo de llenado no se obstaculizó en ningún momento pese a detectarse hasta 23 irregularidades

El descontrolado ritmo de llenado no fue obstaculizado en ningún momento. Y aunque en las inspecciones se detectaron hasta 23 irregularidades, todas fueron consideradas poco relevantes. Conforme se fueron investigando periodísticamente los detalles de la actividad de Verter fueron apareciendo incumplimientos uno tras otro: por ejemplo, en Zaldibar se comenzó a depositar amianto en 2012, sin tener aún el permiso pertinente para ello, y la empresa no registró esta actividad hasta 2017.

Yendo más al fondo del asunto, GARA publicó una orden firmada por el entonces consejero de Industria, Josu Jon Imaz, que en el año 2000 cambiaba las reglas del juego en el control público a este tipo de actividades. Se establecía «la simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales».

Con ella, la Administración dejaba de ser quien «vela por la seguridad y calidad de la industria» de modo directo, quedando esta responsabilidad en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras». «El marco actual es propicio para que el nivel de intervención no tenga la misma intensidad», sostenía un plan anexo del Gobierno de Lakua. Con todo, había ciertos controles, que tampoco funcionaron.

Investigación en marcha

Cuatro años después, el desastre humano es irreparable, el ecológico llevará aún algunas décadas, y la resolución judicial se hace esperar. Un primer sumario abierto por delito contra los trabajadores concluyó con un acuerdo con las familias, sin llegar a vista oral, en el que Barinaga y otros dos responsables de Verter asumieron seis meses de cárcel por «homicidio imprudente». El segundo, relativo al delito mediambiental, suma por el momento trece personas investigadas por el Juzgado de Durango, entre ellas tres técnicos de la Administración de Lakua.

Nada de ello devolverá la vida a Sololuze y Beltrán, ni acelerará la regeneración de una zona de monte con una pendiente en la que no debió permitirse una instalación así. Tampoco está claro que vaya a haber un antes y un después de Zaldibar. Como concluía este análisis en GARA que daba diez claves del caso, «el 20 de febrero, al hilo de las informaciones de GARA sobre la orden de Imaz del año 2000, dos consejeros de Lakua abogaron por aumentar el control público sobre los vertederos. Arriola dijo que «habrá que reflexionar» sobre ello y Erkoreka añadió que «es muy prematuro lanzar las bases de un planteamiento futuro pero el modelo mixto público-privado es un modelo europeo y está pensado para que las administraciones públicas ejerzan el control». Desde entonces no se ha hecho nada.