En 1982 la proliferación de jeringuillas en las calles, jóvenes deambulando con síndrome de abstinencia y robos de pequeña escala en tiendas u hogares iba evidenciando un problema que dejaría en esa década un reguero de muertes imposible de calcular ya. La heroína especialmente, aunque también otras drogas, iba a marcar a una generación entera y en un momento políticamente muy convulso [amplio reportaje de Iraia Oiarzabal en GARA en 2014]

La percepción ciudadana de la catástrofe en ciernes se haría oficial de algún modo con el Plan contra la Drogodependencia que presentaría el Gobierno de Lakua el 9 de febrero de 1982. En él se ponían cifras por primera vez a esta lacra: había ya entre 6.000 y 10.000 heroinómanos de entre 14 y 25 años en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y también se señalaban, aunque fuera de modo indirecto, las implicaciones: «La actuación policial en esta materia ha sido débil» y «los poderes públicos han hecho dejación».

El plan presentado por el entonces consejero de Sanidad, Javier Agirre, alertaba sobre todo de Gipuzkoa, donde la droga corría «con absoluta libertad», hasta el punto de ser el lugar del Estado en que más heroína se consumía después de Barcelona. Añadía también la presencia, más anecdótica, de cocaína «entre las clases más altas», de LSD llegado de los Países Bajos, o de «polvo de ángel» o fenciclidina, que había provocado algunos fallecimientos a principios de ese mismo año.

¿Por qué Gipuzkoa? A los elementos puramente geográficos (posibilidad de entrar por mar, cercanía de la muga con otro estado) se sumaban obviamente los políticos: era el herrialde en que más agitación política existía, en que la juventud estaba más implicada y en que más fuerza tenía ETA. También era el epicentro de la actuación policial en su contra, con el supercuartel de Intxaurrondo como referencia principal.

La heroína castigó especialmente a núcleos muy cercanos: los barrios de Altza y Herrera, Pasaia, Errenteria, Hernani… Pero también a Arrasate, Elgoibar, Bermeo o las capitales: Alde Zaharra de Iruñea ('Diario de Navarra' hablaba de 900 heroinómanos), Gasteiz, Bilbo… (algunas estimaciones, quizás exageradas, situarían la cifra de muertos en 400 solo en Otxarkoaga).

A día de hoy resulta imposible un cálculo de las muertes por la heroína, pero se contaron por cientos en algunas capitales vascas e incluso barrios

El plan en sí era más bien una manifestación de impotencia ante la lacra imparable. Básicamente disponía algunos recursos para hospitalizaciones, además de regular la intervención de lo que hoy se llama tercer sector en esta lucha («asociaciones de tipo filantrópico» que proporcionaban «hogares protegidos» o «granjas de inserción social»). Leído hoy, todo suena a meramente paliativo.

Los efectos no eran solo muertes y enfermedades, en una ruleta rusa que se agravaría con la irrupción casi paralela del sida. También provocaban una sangría económica en muchas familias. Como detalle, el mismo plan informaba de que se habían disparado los negocios de compra-venta de oro (de 3 a 71 en el conjunto de la CAV y de 0 a 15 en Gipuzkoa). Otro detalle ilustrativo, que contaría en 2014 Xabier Arana (investigador del IVAC) en este reportaje de Iraia Oiarzabal: «En Altza, un sábado, a modo de acto de protesta, llegamos a recoger dos cubos llenos de jeringuillas».

En las informaciones de la época, la drogodependencia aparecía asociada al incremento del desempleo entre la juventud, componiendo todo ello un cuadro completo de castigo y desmovilización política. La situación dejó huella en el mundo artístico, con películas como '27 horas' de Montxo Armendáriz, y en muchos de los temas del llamado Rock Radical Vasco, también sacudido a su vez por la lacra (dos de los tres componentes de Eskorbuto fallecerían por este motivo).

Informe Navajas y un expediente abierto

La convicción generalizada sobre la utilización policial de la droga aumentó con dos noticias de prensa relevante: tras la incautación de sendas grandes partidas de cocaína en Irun y de hachís en Hondarribia, resultó que gran parte de los cargamentos había «desaparecido» y/o retornado al mercado. Negu Gorriak lo reflejaría en su tema 'Ustelkeria' (1991) y sufriría por ello una demanda de Enrique Rodríguez Galindo, jefe de Intxaurrondo, reclamando 15 millones de pesetas (90.000 euros). El proceso duró una década y concluyó con la exculpación del grupo vasco.

Para entonces ya había trascendido públicamente la existencia de un informe del fiscal jefe de la Audiencia de Gipuzkoa que apuntaba a las conexiones entre las FSE y la extensión de la heroína en Euskal Herria. El Informe Navajas se elaboró en 1989 y fue abortado rápidamente cuando se trasladó a Madrid.

Nunca más se supo de él. Y por tanto, mientras la heroína se iba replegando o dando paso a otras drogas, nunca se disipó la sombra de la implicación policial. El asunto repuntó en ocasiones, como en 2014 cuando el entonces dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero la volvió a señalar públicamente, explicando que en los 80 «se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y peleona». El Sindicato de Policía Nacional (CEP) presentó una querella en su contra, como había hecho Galindo contra Negu Gorriak.

El tema constituye hoy, por tanto, todavía un expediente por abrir. Entre otras cosas no ha sido posible poner la dimensión exacta al drama humano que supuso en número de muertes, aunque sin género de dudas fueron varios miles. Un estudio estatal cifró en torno a 1.700 las muertes anuales solo por sobredosis de heroína en el momento más trágico (1991), de las que extrapolando otras estadísticas muchos cientos se produjeron en Euskal Herria.