El 27 de abril de 1993, el PSOE anunciaba que el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, instructor de numerosas causas contra ciudadanos vascos, ocuparía el número dos de la lista por Madrid a las elecciones generales que encabezaría Felipe González.

Además de a Garzón, conocido entonces como «el superjuez», el PSOE fichó también a otro magistrado de la Audiencia Nacional, Ventura Pérez Mariño, para encabezar la lista por Lugo.

«La presencia de Baltasar Garzón en las listas constata que hay gente de gran prestigio que confía en el proyecto socialista», proclamaba entonces el PSOE.

Ramón Jáuregui, portavoz del comité de Estrategia Electoral del PSOE, subrayaba que «contribuirá a recuperar credibilidad e imagen de transparencia», una de las prioridades de Felipe González en esa época. Jáuregui, que también era secretario general del PSE, reconocía que el fichaje respondía al objetivo de «ayudar al PSOE a ganar las elecciones».

En este sentido, recordaba que González había expresado en el seno del PSOE «la necesidad de dar signos de apertura, de conexión social y de compromisos con una garantía de construir una sociedad democrática, fuerte, seria y transparente».

Gestoras: «Confirma los criterios políticos en la AN»

Evidentemente, el fichaje de Garzón fue criticado en Euskal Herria. Así, Gestoras pro-Amnistía destacaba que «no hace sino confirmar los criterios políticos que han dirigido la actuación de este juez de la Audiencia Nacional en todo lo referido a los ciudadanos vascos detenidos y/o encarcelados por motivos políticos».

Junto a ello, Gestoras añadía que «Garzón es uno de los jueces que constantemente han dado por buenas declaraciones arrancadas bajo tortura, ha sido uno de los jueces que jamás ha abierto diligencia alguna por torturas, a pesar de haber sido un testigo de excepción del estado que presentan gran parte de los detenidos cuando son conducidos a su presencia».

Gestoras recordaba también que Garzón se había manifestado siempre «contra posibles soluciones dialogadas a la actual situación de enfrentamiento y ha sido, en definitiva, un juez que ha utilizado su cargo en el seno del poder judicial en la defensa de claros intereses y objetivos políticos», por lo que destacaban que era «juez y parte».

Desde Catalunya, Pilar Rahola, entonces candidata de ERC al Congreso, recordaba el papel de Garzón en la detención de 36 independentistas catalanes antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Las denuncias de torturas se sucedieron en esta operación. El Tribunal de Estrasburgo condenó años después, en 2004, al Estado español por no haber investigado estas denuncias.

No acabó bien

Felipe González logró vencer en las elecciones y volver a formar gobierno. Sin embargo, sus relaciones con Garzón se enfriaron muy pronto. Diversas informaciones señalaban que al juez le habían prometido ser ministro, pero le relegaron a delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas dentro del ministerio que fusionó Justicia e Interior bajo las directrices de otro juez, Juan Alberto Belloch.

Las elecciones fueron en junio de 1993 y Garzón fue nombrado delegado en julio. Para mayo de 1994 ya había dimitido y renunció a su escaño. Argumentó «la actitud pasiva del presidente Felipe González respecto a la corrupción».