«Egipto condena a muerte a su último presidente legítimo» fue el titular principal de la portada de GARA el 17 de mayo de 2015. La víspera, el régimen militar egipcio había condenado a muerte a Mohamed Morsi, dirigente de los Hermanos Musulmanes y primer presidente electo democráticamente de Egipcio entre 2012 y 2013, bajo la acusación de participar en una fuga masiva de presos de la cárcel de Wadi Natrun durante la revuelta de 2011.

Otros 105 miembros de los Hermanos Musulmanes también fueron condenados a muerte en el mismo proceso por «conspirar con milicias extranjeras», en referencia al movimiento palestino Hamas y a la organización libanesa Hizbulah.

El exmandatario, junto con otros líderes de la cofradía, escaparon de Wadi Natrun el 28 de enero de 2011, después de que esta fuera rodeada por otros dirigentes de la organización durante los 18 días que duró el levantamiento que derrocó al dictador Hosni Mubarak.

Esta era la segunda sentencia contra Morsi después de que en abril de ese mismo año (2015) fuera condenado a 20 años de cárcel por ordenar la represión de manifestantes opositores durante unas movilizaciones que tuvieron lugar en las inmediaciones del palacio presidencial.

«Soy el presidente de la república de acuerdo a la Constitución y estoy siendo detenido en forma ilegal», gritó Morsi desde el banquillo.

Hamas vio en el veredicto «la continua campaña de demonización» de su organización y aseguró que muchos de los acusados palestinos estaban muertos o encarcelados en prisiones israelíes en el momento de los hechos.

En este sentido, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Sami Anan, negó en un vídeo que integrantes de Hizbulah o Hamas hubiesen entrado en Egipto durante la revolución.

En reacción al fallo judicial, el portavoz de la cofradía consideró que «es obvio que la sentencia es política, ya que está documentado y comprobado que ni el presidente Morsi ni los dirigentes de los Hermanos Musulmanes se habían escapado de la cárcel de Wadi Natrun».

Morsi ganó las elecciones presidenciales egipcias en primera vuelta en 2012. Los Hermanos Musulmanes lo habían elegido como candidato presidencial después de que la candidatura de Khayrat al-Shater fuera decalificada. Morsi logró vencer a Ahmed Shafiq, ex primer ministro con Hosni Mubarak. El 30 de junio juró su cargo como presidente.

Su primer gran éxito en el plano internacional fue en noviembre de 2012 cuando intercedió para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza.

Golpe militar contra Morsi

Sin embargo, en el primer aniversario de su elección, sus opositores convocaron manifestaciones para exigir su renuncia. A la cabeza estaba el movimiento Tamarroud. Tres días después, el 3 de julio de 2013, fue derrocado y encarcelado por el entonces jefe del Ejército y actual mandatario Abdelfatah al-Sissi, quien prometió «eliminar» a los Hermanos Musulmanes.

El Ejército afirmó que se trataba de «una lucha contra el terrorismo». Hubo más de 1.400 muertos. El 22 de agosto, Hosni Mubarak cambió la cárcel de Tora por un hospital militar. En una entrevista en febrero de 2014, tres años después de su derrocamiento, con el periodista kuwaití Fajer Al-Saeed, Mubarak expresó su apoyo a Al-Sissi.

Morsi falleció el 17 de junio de 2019 cuando comparecía ante un tribunal en El Cairo acusado de espionaje por mantener contactos con Hamas. Ya en el momento de su encarcelamiento sufría problemas de hígado y de riñón. En los seis años en los que estuvo preso, fue sometido a un duro régimen de aislamiento, al tiempo que sus allegados denunciaron desasistencia médica.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió «una investigación rápida, imparcial y transparente» por autoridades independientes.

«Al encontrarse bajo custodia de las autoridades egipcias en el momento de su muerte, el Estado es responsable de garantizar que fue tratado humanamente», señaló el portavoz de la oficina de la ONU, Rupert Colville.

El expresidente egipcio fue enterrado en El Cairo. El régimen rechazó que fuera inhumado en el cementerio familiar en la provincia de Al-Sharquia.

Las FARC-EP se comprometen a sacar de sus filas a los menores de edad

El 16 de mayo de 2016, en pleno proceso de conversaciones en La Habana, las FARC-EP y el Gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos anunciaron la salida de los campamentos guerrilleros de los menores de 15 años, una exigencia histórica a la guerrilla. Asimismo, acordaron la elaboración de una hoja de ruta para la incorporación a la vida civil con garantías de los que tuvieran entre 15 y 18 años. En virtud de este acuerdo, «en ningún caso» podían ser declarados «penalmente responsables».

Previamente a este acuerdo, el 10 de febrero de 2016 la negociadora plenipotenciaria Victoria Sandino había anunciado en La Habana la decisión de la guerrilla de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años poniendo énfasis en que la llegada a los campamentos de estos jóvenes se produjo por «motivos de necesidad y desprotección social por parte del Estado».

«La mayoría son habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas y desprovistas de las mínimas garantías sociales. En estos casos, nos hemos visto en la obligación de cumplir una función de protección y refugio a estos menores víctimas del conflicto social y armado. Además de ser gravemente afectados por el conflicto armado, igualmente lo son por falta de educación, salud y trabajo o por la imposibilidad de disfrute de los tiempos de ocio para la creatividad».

En una entrevista a GARA, Camila Cienfuegos, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP que se incorporó a la guerrilla a los 14 años, señalaba que «para entender bien este complejo asunto se necesita conocer muy bien y entender la realidad de Colombia, ya que esa realidad influye mucho en la toma de decisiones, y en el caso de los menores influye mucho el medio social de crianza».

«En mi caso, aunque era joven, tomé la decisión de ingresar a las FARC-EP ante tantas injusticias de las que fui testigo por las difíciles condiciones sociales y económicas de nuestro país. Viví de cerca el asesinato y desaparición de integrantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Todo ello me llevó a reflexionar: la lucha armada es un derecho de los pueblos oprimidos».

Ivone Rivera León, hija de guerrilleros, relataba así a GARA su decisión de entrar en la guerrilla a los 15 años. Lo hacía en febrero de 2016 en La Habana: «¿Qué alternativa tenía? Esperar a que me mataran los 'paracos'? Ellos sabían que era hija de guerrilleros y a los hijos de guerrilleros no los cogen para darles estudios, sino para matarlos o torturarlos. Son inhumanos. Una tiene que hacer algo para defenderse. A mis 15 años, solo tenía dos opciones: o dejarme matar o luchar como mis padres».