Era domingo. Y tanto la playa de La Arena, en Muskiz, como el monte Artxanda, en Bilbo, son dos zonas de esparcimiento muy frecuentadas en jornadas festivas para los vizcaínos. Por eso, no es descabellado pensar, como se pensó entonces, que las bombas que estallaron tal día como hoy, 29 de mayo, en 1994, en ambos lugares tenían un carácter indiscriminado y buscaban causar el mayor daño posible.

Resurrección Basarrate, de 50 años, y su hija Aranzazu García, de 25, resultaron gravemente heridas cuando la madre intentó abrir un bolso de mano de caballero que habían encontrado abandonado en la arena durante su paseo por la playa alrededor de las 9 de la mañana y este explotó. Basarrate sufrió la amputación de una mano, lesiones en los ojos que le privaron de visión durante días, perforación del tímpano y múltiples heridas de metralla, las mismas lesiones que presentaba su hija, salvo la amputación.

Quince minutos después, a unos 20 kilómetros de distancia, Agustín Moreno Sevilla, de 72 años, perdió sus dos manos y la visión en ambos ojos al estallar el artefacto explosivo escondido en otro bolso de mano, similar al anterior, que encontró abandonado en las escaleras que unen la zona de restaurantes con el funicular de acceso al monte Artxanda. La Ertzaintza desalojó las playas de Bizkaia así como los alrededores de la zona de Artxanda donde se produjo el atentado para proceder a su rastreo, pero no halló nada.

'Egin' constataba que ni antes ni después de las explosiones, ocurridas en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas, hubo aviso o reivindicación, pero durante años partidos e instituciones del Pacto de Ajuria Enea atribuyeron el atentado a ETA. De nada sirvió que la organización armada negara la autoría ante esos señalamientos.

Al vicepresidente del Gobierno español, Narcís Serra; al gobernador civil de Bizkaia, Daniel Arranz; al secretario general del PSE, Ramón Jáuregui; al presidente del PNV, Xabier Arzalluz; al portavoz del PP en la CAV, Gregorio Ordóñez; al presidente de EA, Carlos Garaikoetxea, y al dirigente de IU Javier Madrazo les faltó tiempo para adjudicar ambas explosiones a ETA y, por extensión, a la izquierda abertzale. Arzalluz señaló que ambas explosiones «deben ser la manera con la que ETA pide el voto para HB», mientras el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, señalaba a «ETA o sus alevines» y el portavoz del EBB, Joseba Egibar, mantenía sus dudas.

Herri Batasuna denunció los intentos «manipuladores» y las «acusaciones gratuitas» tras el carácter indiscriminado y las «extrañas circunstancias» en las que se produjeron las explosiones, que «nos inducen a pensar que nos podemos encontrar, casi con total seguridad, ante el rebrote en Euskal Herria de la guerra sucia, cuya planificación y puesta en práctica siempre ha estado ligada a los sectores más reaccionarios de los aparatos del Estado». Y por eso, dirigiéndose a Arranz, le instó a «investigar los fondos reservados que maneja, los desagües que controla y a los cientos de agentes armados que están bajo sus órdenes. Es muy probable que muy cerca de él pueda encontrar las razones y las responsabilidades materiales y políticas de los atentados de Bizkaia».

Discrepancias en Interior

Desde el ministerio español de Interior de Juan Alberto Belloch y la Consejería de Interior de Juan María Atutxa insistieron en criminalizar a la izquierda abertzale, aunque discreparon sobre los artefactos. Belloch, que dijo que ETA no reivindicaría los atentados porque «no lo hacen cuando no les interesa», apuntó a los llamados «grupos Y de apoyo a ETA» que utilizarían artefactos sencillos de tipo casero, y Atutxa citó la «sofisticación» de los artefactos, que no eran como los utilizados hasta entonces por la organización, lo que no fue óbice para soltar que «está claro quién ha practicado el terrorismo en este pueblo y quiénes lo han impulsado. Tanto los de ETA como los que están a su alrededor, KAS, Jarrai y otros grupos, y los que se presentan como sus representantes a las elecciones, los que aparecen bajo las siglas de HB». Y eso admitiendo que no descartaba cualquier posibilidad sobre la autoría y tras tener que reconocer que «en otros casos, como en las playas de Levante, se han hecho avisos por teléfono».

Frente a las acusaciones de los responsables de Interior, de las que tanto KAS como Jarrai se desmarcaron culpando al «terrorismo de los desagües del poder» la coordinadora, y denunciando la simbiosis «policiaco-periodística» la organización juvenil, Herri Batasuna volvía a señalar, sin el menor género de duda, al «terrorismo de Estado» como único responsable de los atentados. «Son un capítulo más de la guerra sucia emprendida por los aparatos del Estado contra la izquierda abertzale (…) que evidencia la degeneración del Estado», subrayaba Jon Idigoras, que «ha querido lanzar una operación de castigo contra los ciudadanos vascos al objeto de crear un estado de pánico generalizado». La denuncia se extendió a las formaciones políticas aliadas del Estado que contribuyeron «a la ceremonia de confusión».

La propia Resurreccción Basarrate reconoció años después, en el vigésimo aniversario del atentado, que aunque en un primer momento se apuntó a ETA, inmediatamente surgieron las dudas, y se quejaba de que el caso se había cerrado en poco más de un mes sin que se conociera la autoría y sin que ni policías ni autoridades le hubieran preguntado nada.

Otros casos

Unos días después de los atentados de Muskiz y Artxanda, 'Egin' publicaba otros casos ocurridos en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, atribuidos por las autoridades a ETA, a pesar de que la organización negó su autoría y de haber sido reivindicados por el Batallón Vasco Español (BVE) –entre ellos, la colocación de una bomba de unos 800 gramos de dinamita tal día como hoy de 1979 en las instalaciones de 'Egin' en Hernani-.

Uno de aquellos casos fue el frustrado el 14 de agosto de 1991 en Donostia, con motivo de la tradicional Salve. Con el Gobierno Civil de Gipuzkoa como única fuente, varios medios publicaban al día siguiente alarmantes titulares sobre un «intento» de ETA de «provocar una matanza» al paso de La Salve con la colocación de una bomba que fue desactivada. Una llamada había avisado a la Policía de la localización de un paquete sospechoso encima de una cabina de la ONCE. Se comprobó que contenía diez kilos de amonal y dinamita francesa, y que podía ser activado mediante un mando a distancia, lo que llevó al Gobierno Civil a señalar que se sospechaba que estaba preparado para atentar contra los agentes desplegados en La Salve. Nadie explicó por qué no había sido hecho explotar cuando los agentes se acercaron a desactivarlo, según constató 'Egin'.

Nunca se supo quién colocó aquel artefacto. ETA negó cualquier relación unos días después, denunciando una «maniobra policial intoxicadora del Ministerio de Interior», al que responsabilizaba de su colocación.