«Estoy horrorizado, es como si me hubieran secuestrado otra vez», aseguraba Segundo Marey tras conocer, dos meses antes de fallecer, que los altos cargos del Ministerio de Interior español condenados por su secuestro el 4 de diciembre de 1983, entre ellos el exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, no volverían a prisión. En declaraciones a Radio Euskadi recogidas por 'Egin' el 1 de junio, añadía que le quedaba la sensación de que el «culpable» era él y los «inocentes» sus secuestradores.

Marey reaccionaba así a la puesta en libertad de Barrionuevo y Vera a las nueve horas de entrar en prisión por orden del Tribunal Supremo para cumplir la parte de la condena pendiente por su secuestro. Sus mismos pasos siguieron el ex gobernador civil de Bizkaia Julián Sancristóbal, el ex jefe de la Policía española en Bilbo Miguel Planchuelo, el ex secretario general del PSE de Bizkaia Ricardo García Damborenea y los expolicías Luis Hens, Julio Hierro, Francisco Saiz Oceja y Juan Ramón Corujo.

Vera y Barrionuevo fueron condenados a diez años de prisión por la primera acción reivindicada por los GAL. El 10 de septiembre de 1998 les acompañó hasta la puerta del centro penitenciario de Guadalajara quien fue su jefe en el Gobierno español, Felipe González.

En diciembre de ese año, el Gobierno de José María Aznar les concedió un indulto parcial, gracias al cual quedaron en libertad... hasta que el Tribunal Supremo ordenó su vuelta a la cárcel. Debieron hacerlo en esas nueve horas que estuvieron en prisión, hasta su definitiva excarcelación. La Fiscalía del Supremo se opuso a la concesión de nuevos indultos por la gravedad de los delitos y por no haber dado muestras de arrepentimiento, según recogió 'Egin', pero primó la decisión de Instituciones Penitenciarias, que les concedió un régimen especial.

Ambos agradecían al Ejecutivo el «impulso político» dado al caso, poco después de que el propio Aznar declarase en Canadá que no era «bueno para la democracia ver entrar y salir de la cárcel a un exministro de Interior».

Esas declaraciones reafirmaron la tesis de un pacto entre PP y PSOE para que los condenados por el 'caso Marey' permanecieran el menor tiempo posible en prisión, a pesar de la reiterada negativa de un trato de favor por parte del Gobierno de Aznar. El entonces vicepresidente y titular de Interior, Mariano Rajoy, aseguró que la decisión era compartida por la opinión pública española. «La página del GAL ya está superada por la mayoría de la sociedad española», zanjó.

La de Euskal Herria, sin embargo, consideró un escándalo este «indulto camuflado», como lo calificaba 'Egin' en su editorial del 1 de junio, que precisamente se produjo un día antes de que los secretarios generales del PP, Javier Arenas, y del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaran en Moncloa el Pacto de Estado por la Justicia.

En ese editorial se ponía en evidencia el trato otorgado por la Justicia española a la ciudadanía vasca y a sus presos frente a la «absoluta benevolencia» con la que trataba a los creadores de los GAL, los secuestradores de Segundo Marey y los torturadores, «que son un engranaje más de la misma maquinaria que hace leyes para castigar especialmente a los disidentes vascos».

El propio director de 'Egin', Jabier Salutregi, publicó «Condena y fuga», un artículo de opinión sobre el vergonzoso «paseíllo torero de Barrionuevo y sus compinches», que causó indignación. Y no tanto por la excarcelación, sino por el «insulto» que suponía «la brevedad, el descaro y la insolencia con que se ha materializado la puesta en libertad de sus soldados de los desagües». Indignación y asco, decía.

Abatidos a tiros por la Guardia Civil

Diez años antes, el 30 de mayo de 1991, los miembros de ETA Jon Erezuma y Carles Monteagudo eran abatidos a tiros por la Guardia Civil, que había rodeado el chalet en el que se alojaban en la localidad barcelonesa de Lliça d'Amunt. En la misma operación detuvieron a Juan José Zubieta Zubeldia, el cuarto miembro del comando Nafarroa que logró escapar del operativo policial en la Foz de Irunberri que, el 25 de junio de 1990, segó la vida de Jon Lizarralde y Susana Arregi y dejó muy malherido a Germán Rubenach.

«Venganza» y «ejecución extrajudicial» fueron algunas de las valoraciones realizadas desde Euskal Herria sobre aquella operación, que tuvo lugar al día siguiente del atentado con coche bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Vic, que dejó nueve fallecidos y cuarenta heridos, y con el que fuentes policiales vincularon a los dos jóvenes muertos a tiros. El propio lehendakari José Antonio Ardanza había manifestado poco antes de la operación de Lliça d'Amunt contra el comando Barcelona que sucesos como el de Vic «provocan venganzas».

Según la versión oficial, los tres militantes de ETA fueron sorprendidos en un chalet, donde se hicieron fuertes y mantuvieron un tiroteo con la Guardia Civil. Unos días antes habían sido detenidas tres personas «integrantes de un comando de apoyo».

Pero no fue la única versión. La agencia Vasco Press, según recogió 'Egin', señaló que el instituto armado localizó una furgoneta que habría sido vista en Vic y a los tres detenidos. Y añadía que en los registros la Guardia Civil habría localizado documentos del alquiler del chalet de Lliça d'Amunt.

Interior habló de «colaboración ciudadana», algo que el diario 'El Mundo' desmintió al publicar, según recogió 'Egin', que las Fuerzas de Seguridad controlaban desde hacía dos meses los movimientos de los miembros del comando Barcelona y que su detención fue retrasada para intentar desmantelar la infraestructura de la organización en Catalunya, pero que el atentado de Vic aceleró la operación. El entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, afirmó: «Esperar a que te disparen para disparar es esperar demasiado».

La izquierda abertzale expresó su escepticismo ante una versión oficial que pretendía hacer creer que hubo un enfrentamiento cuando tenían la casa rodeada. Escepticismo, decía HB, «nacido de tantas ocasiones en que la Policía y la Guardia Civil han tratado de encubrir ejecuciones ante la indefensión de las víctimas en hipotéticos enfrentamientos», mientras que KAS denunciaba la «licencia para matar» de las fuerzas policiales.

Nuevo estatus

Fuera del ámbito policial, también en el marco político sucedieron algunos hechos importantes el 30 de mayo. Uno de ellos fue la aprobación por parte de PNV y EH Bildu, en 2018, en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Gasteiz, de las bases del nuevo estatus político, con el único límite de la voluntad popular.

Los principios básicos que definen el nuevo estatus y con los que debe redactarse el título preliminar son, según aquel acuerdo, el principio democrático, ligado al derecho a decidir; el principio de pluralidad y el principio de legalidad. Además, «blinda los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, se compromete con la igualdad efectiva de hombres y mujeres y reconoce tanto el derecho a decidir de la sociedad vasca como su carácter nacional y, en ese sentido, plantea una relación de igual a igual con el Estado español», resumió Pello Urizar, según publicó GARA.

Las bases contaron con el apoyo de PNV y EH Bildu, el voto particular de Elkarrekin Podemos, que lo consideró «una huida hacia adelante», y las críticas del PSE por «rebasar» los límites de la legalidad y de las competencias del Parlamento de Gasteiz. En 2013, el lehendakari Iñigo Urkullu fijó 2015 como la fecha para el nuevo estatus, pero la oposición del PSE, su socio de Gobierno, pesó y el nuevo estatus quedó aparcado en un cajón a la espera de la reactivación del debate.