El 7 de septiembre de 1999, en plena tregua de ETA tras el acuerdo de Lizarra-Garazi, el Estado español movió ficha con los presos. Fue una medida anunciada a bombo y platillo por el ministro de Interior español en aquel entonces, Jaime Mayor Oreja. Escoltado por el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el director de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, Mayor Oreja fue el encargado de comunicar en una rueda de prensa celebrada en Madrid la decisión del Gobierno español de proceder al traslado a «cárceles vascas o próximas al País Vasco» de 105 presos políticos, medida que se acompañaría con la propuesta de paso al tercer grado para otros cinco presos más, recluidos entonces en prisiones de Euskal Herria.

En total, y de acuerdo a la lista facilitada, 27 presos vascos serían trasladados a cárceles de Euskal Herrial. Según recordaba GARA en la noticia publicada el día siguiente, de las 110 personas afectadas por las medidas, 53 de ellas deberían encontrarse ya en libertad condicional al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, y tres más eran presos que no habían sido juzgados aún.

Mayor Oreja explicó la decisión argumentando que el Gobierno de Madrid respondía así «al ansia de paz de la sociedad» y que buscaba «reforzar la cohesión de los partidos democráticos». Según se conocería después, en el Ejecutivo español había partidarios de realizar movimientos más arriesgados, pero el ministro de Interior consiguió frenarlos.

En este sentido, el político donostiarra insistió en recalcar que este traslado colectivo llegaba en un contexto de «quince meses sin víctimas» y defendió que, con esta medida, quedaba claro que el Gobierno del PP «se ha movido, cuando podía haberse quedado quieto, ya que el Acuerdo de Lizarra ha pinchado».

Desde las formaciones que firmaron el acuerdo de Lizarra-Garazi, el anuncio de traslados fue criticado con contundencia. El portavoz del EBB, Joseba Egibar, calificó la medida expuesta por Jaime Mayor Oreja como «tímida, vergonzante y mal argumentada» y estimó además que «llega muy tarde». El dirigente jeltzale recalcó que se trataba «más de un movimiento que de un acercamiento».

«Estamos hablando con criterios de legalidad y el Gobierno español, desde esa tesis tan inconsistente como puede ser el tratamiento individualizado, ha fraguado una operación de supuesto movimiento de 105 presos, cuando realmente el acercamiento se concreta en 25 personas», detallaba.

En palabras de Egibar, el anuncio realizado por el ministro de Interior «pretende despistar, proyectar una cortina de humo para soslayar otro tipo de acontecimientos políticos que se están dando en la sociedad vasca». En esa misma línea, afirmó no tener ninguna duda de que en La Moncloa «se ha tenido muy en cuenta» que unos dís después se iba a conmemorar el aniversario de la declaración de Lizarra-Garazi. Egibar señaló que PP y PSOE «no han sido capaces de ofrecer alternativa alguna» en todo un año y lamentó que su única respuesta hubiera sido tratar de «arruinar el proceso».

La medida anunciada tampoco satisfizo a EA, formación que denunció que «no cumple ni el diez por ciento de la ley». La diputada Begoña Lasagabaster destacó que «los principios humanitarios no pueden estar sometidos a rentabilidades políticas», al tiempo que criticó el «castigo adicional» impuesto sobre los presos y sus familiares con la dispersión. Se preguntó así por «cuál es la razón por la que se ha tardado tanto en cuestiones que son beneficiosas para el proceso de normalización».

Arnaldo Otegi tampoco avaló el anuncio y tachó de «burla» la medida al no cumplir con la demanda de repatriación de la sociedad vasca. En una comparecencia en Donostia, Otegi ejerció de portavoz de Herri Batasuna y recalcó que había quedado de manifiesto que los derechos de los presos son «instrumentalizados políticamente».

Los traslados tan solo contaron con el respado de PSOE y PP. El presidente de esta última formación en la CAV, Carlos Iturgaiz, dijo que «el gesto del Gobierno evidencia que este ejerce la responsabilidades que tiene y ha tomado esta decisión a pesar de que ETA haya roto los contactos con el Gobierno unilateralmente». «Quien tiene que demostrar en estos momentos su voluntad de paz es el mundo de la organización terrorista ETA y el brazo político de ETA, HB», afirmaba.

Rosa Diez, eurodiputada del PSOE en aquellos años, aseguraba que era «una medida de aplicación estricta de las resoluciones del Congreso de los Diputados» que le parece positiva. »El Gobierno –añadía– tiene que hacer estas cosas en aplicación de una política penitenciaria más eficaz, que tiene que servir para la reinserción y, en materia de terrorismo, tiene que servir además para dejarles sin argumentos».

Once años para Urralburu

La Audencia Provincial de Nafarroa condenó por el cobro de comisiones por obras públicas al expresidente navarro Gabriel Urralburu. En la sentencia que se conoció el 7 de septiembre de 1998 también recibieron penas de prisión Antonio Aragón, Jorge Esparza, Luis Roldán, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo.

«31 año de cárcel para una trama corrupta». ‘Euskadi Información’ –el diario que tapó el boquete dejado en la prensa vasca el cierre judicial de ‘Egin’– título de esa manera la noticia en la que se explicaba la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Nafarroa el 7 de septiembre de 1998.

En el titular de la portada del día siguiente se destacaba los once años de condena por «corrupto» a Gabriel Urralburu, que había sido presidente del Ejecutivo navarro. Asimismo, a Antonio Aragón le impusieron una pena de siete años y dos meses de cárcel, cuatro a Jorge Esparza y tres para Luis Roldán, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo.

Fue una sentencia histórica para los tribunales situados en suelo vasco. Por primera vez, un presidente autonómico era condenado por cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas, además de esconder ese dinero al fisco. La Audiencia de Nafarroa consideró probado que Gabriel Urralburu, Antonio Aragón, Luis Roldán y Jorge Esparza delinquieron al integrar una «trama» de cobro de cantidades millonarias a constructoras y tratar de ocultar posteriormente estas cantidades a través de un complejísimo procedimiento en el que colaboraron también las esposas de los dos antiguos responsables del Gobierno navarro.

Olivia Balda, esposa de Urralburu, y Ana Isabel Romeo, esposa de Aragón, fueron castigadas a tres años como «cooperadoras» para el cohecho. La multa a abonar por los cuatro ascendía a 1.800 millones de pesetas. A Luis Roldán y Jorge Esparza, su testaferro, que ya cumplían condena por el 'caso Roldán', el tribunal les impuso tres años de prisión, también por cohecho, y una multa de 500 millones de pesetas a cada uno.

En la sentencia se afirmaba que los condenados trataron de obtener «un enriquecimiento desmesurado, fácil y rápido» y se apostillaba que actuaron «casi con frenesí».

Los hechos se remontaban a 1987, segunda legislatura de Urralburu como presidente navarro, cuando Antonio Aragón asumió la jefatura del Departamento de Obras Públicas. Según se subrayaba, ambos se valieron de la «excesiva discrecionalidad» de la fórmula de los concursos para adjudicar obras a las constructoras licitadoras que pagaban por ello un precio «previamente acordado».

La comisión habitual que solicitaban era del 5% de la adjudicación y se constató que las empresas constructoras abonaron las cantidades camuflando las salidas de dinero a través de cheques bancarios, facturas falsas y otros mecanismos de ocultación.

En la sentencia se admitía que no pudieron reconstruir con exactitud el recorrido del dinero que obtuvieron por la complejidad del mecanismo de ocultación que emplearon. Así, cifraban en que habrían superado los 700 millones de pesetas.

Rebajas de penas

Gabriel Urralburu, presidente del Gobierno de Nafarroa entre 1984 y 1991 por el PSN, ingresaría en prisión el 28 de marzo de 2001 para cumplir la condena de cuatro años por cohecho que le impuso el Tribunal Supremo, tras rebajarle sustancialmente la pena dictada inicialmente por la Audiencia de Nafarroa, pese a admitir en su sentencia que «aprovechó su posición institucional para corromperse».

Nada más conocerse la sentencia, el abogado de Urralburu ya auguró que no pasaría más de un año en prisión. Estuvo entre rejas apenas 444 días y luego pasó dos años más en tercer grado. Previamente había pasado seis meses en prisión preventiva, del 1 de diciembre del 1995 al 30 de mayo de 1996. En 2003 quedó definitivamente libre y se marchó a Madrid, a un bufete de abogados.

 

Un año más tarde, en octubre de 2004, Urralburu y Aragón volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados por otro caso de corrupción, el juicio del 'caso Otano', también acusados de cohecho por el cobro de comisiones ilegales, pero la Audiencia de Nafarroa suspendió el juicio al considerar que los delitos habían prescrito.

El caso de Urralburu es un ejemplo de que el dinero robado casi nunca se devuelve. Trece años después del juicio, la Hacienda navarra solo había recuperado, mediante embargos de cuentas, 14.279 de los 530.000 euros que debía como responsabilidad civil, menos de un 3%. Según el último informe de la Hacienda foral de 2023, debe 561.000 euros a las arcas navarras.