Esta historia se resume en dos fotos contradictorias, con un principio y un final muy diferentes, pero en realidad es lineal. Tiene como protagonistas a dos fuerzas políticas: el PSOE y la izquierda independentista vasca. Muestra sobre cómo nadie pudo hacer descarrilar la apertura de un nuevo tiempo político en Euskal Herria, dando paso a un clima social mejor y acabando por impactar también en la gobernabilidad del Estado.

La primera imagen es de un operativo policial, se sitúa este día de 2009 en el barrio donostiarra de Igara, en la sede de LAB, y aunque parezca muy del pasado, su resaca ha llegado prácticamente hasta hoy. La segunda se produjo en las dependencias del Congreso español el mismo día de 2023; se trata de una reunión política aparentemente normal, pero en realidad insólita, porque era la primera vez que el presidente español se sentaba a acordar cuestiones políticas con la izquierda independentista, en este caso EH Bildu.

«O votos o bombas», o ninguna de las dos

La noticia llegada a media tarde de aquel martes de hace quince años suscitó estupor. Aunque la izquierda abertzale estaba ilegalizada desde 2002 y se habían sucedido las redadas contra su dirección política (la última en Segura en 2007), para entonces era público y notorio que había un debate en ciernes en busca de una «estrategia eficaz» y que ello pasaba por abordar la continuidad o no de la lucha armada de ETA.

A ojos de cualquiera, la lógica del Estado debería consistir en dejar hacer, pero Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y al que su entorno presentaba como un político especialmente astuto y maquiavélico, determinó lo contrario. La redada llevó la firma del juez Baltasar Garzón pero tuvo detrás el aliento inequívoco de Rubalcaba, a partir de la falsa premisa de que Arnaldo Otegi y el resto estaban a las órdenes de ETA.

El hombre que llegaba tocado del fracaso final del proceso de negociación 2005-2007 había teorizado desde entonces que la izquierda abertzale debía escoger entre «votos o bombas», pero su redada apuntaba a eternizar el escenario. Él mismo insistía en augurar que tras 2007 se había abierto «un ciclo largo de violencia». Aquella tarde sonaba a profecía autocumplida.

Tardó poco en saberse que aquel mismo día, antes de ser detenidos, Otegi y los demás habían puesto en circulación el documento base para el debate, que acabaría cuajando en 'Zutik Euskal Herria', y luego en la Conferencia de Aiete, en el fin de la lucha armada, en la relegalización... Un mes después de aquellas detenciones (diez en el primer día), una comparecencia masiva en Altsasu mostraba que el proceso ya lanzado seguiría su curso por encima de todos los obstáculos.

Pese a que el nuevo tiempo se iría abriendo paso, el Estado nunca paró el dislate de Bateragune. Y terminó quedando en ridículo por la decisión europea de considerar el juicio injusto en 2018 (y más aún por el posterior intento del Supremo de volver a juzgar el caso, lo que finalmente impidió el Constitucional, entrados ya en 2024).

Ello se traduce en que la Audiencia Nacional dictó condenas de diez años de cárcel en 2011, un mes antes de la Conferencia de Aiete; el Supremo ratificó la sentencia de culpabilidad rebajando las penas a 6 y 6,5 años en 2012 (ya con alto el fuego definitivo y Sortu legalizado); y las penas de cárcel fueron cumplidas hasta el último día (Arnaldo Otegi salió en 2016 y Rafa Díez, el último, en 2017).

A título personal sí rectificaron el instructor Garzón y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido la aportación de Otegi y ha dicho que en su día barajó amnistiarlo. Pero no lo han hecho otros aparatos del Estado. En cuanto a Pérez Rubalcaba, falleció en 2019.

Y Sánchez dio el paso

El 'caso Bateragune' todavía coleaba en los tribunales, por tanto, cuando Pedro Sánchez cruzó el Rubicón de sentarse por vez primera con EH Bildu, un día como hoy de hace un año. Ya puestos, lo hizo con una sonrisa, lejos de los reparos mostrados por Patxi López, líder del PSE, en la reunión con la izquierda abertzale de julio de 2006, donde posó hierático.

Esta reunión de trabajo se materializó en el marco de la búsqueda de apoyos para la investidura. Pero los acuerdos entre sus anteriores gobiernos y EH Bildu ya eran una realidad asentada para entonces, bien para conseguir mejoras sociales ciudadanas o bien para intentar labrar ventanas de oportunidad.

Por si quedaran dudas, la representación encarnada por la diputada Mertxe Aizpurua y el senador Gorka Elejabarrieta resumieron su posición en Madrid en este contexto: «EH Bildu hace lo que dice y dice lo que hace. Frenar a la ultraderecha es un mandato democrático, con el que tiene absoluta responsabilidad y determinación. Es condición indispensable para abrir una nueva legislatura que, en opinión de EH Bildu, debe profundizar en la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores vascos y del Estado, la consolidación de políticas que fomenten la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria y la apertura de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales de nuestro pueblo».

Un mes después, concretamente el 16 de noviembre, Sánchez revalidaba su cargo de presidente con un «sí» de EH Bildu y del resto de fuerzas vascas y catalanas. Hoy sigue en el cargo. Y no es política-ficción concluir que nada de ello hubiera ocurrido si aquella primera foto de 2009 hubiera conseguido su objetivo.