A apenas cien metros del portal de su casa, donde había sido secuestrado el 24 de febrero, ETA dejó en libertad a Emiliano Revilla tras el pago de un rescate. El empresario apareció impecablemente vestido, portando en una mano una carpeta donde guardaba los dibujos que hizo durante los ocho meses de cautiverio y en la otra una tarta que le habían regalado quienes lo liberaron. Acababa el secuestro más largo de ETA hasta esa fecha. 249 días.
Junto a la alegría por la liberación se sucedieron los reproches al Gobierno, primero por no haber liberado al secuestrado durante un periodo tan largo de tiempo. Pero después fue el propio Emiliano Revilla quien denunció ante los medios a los responsables del Ministerio del Interior por no haberle avisado nunca de que estaba entre los objetivos de ETA, a pesar de que lo conocían por una incautación de documentación de la organización armada. Y es que en este secuestro hubo mucho mar de fondo que fue más allá de lo habitual en estas ocasiones.
Conocida la liberación, J. Iratzar escribía en su habitual página 3 de los lunes en 'Egin' que «unos lo calificarán de burla a la Policía, otros de acción audaz, otros hablarán de desafío al Gobierno. Lo cierto es que la liberación de Emiliano Revilla en la madrugada de ayer, tal y como se produjo al frente de su domicilio, constituye un fortísimo revés a la imagen de prepotencia y arrogancia de la que hace gala el Gobierno español en los últimos tiempos. No parece gratuito señalar que mientras la mayoría de la población respiró con satisfacción, en la cúpula del Ministerio del Interior las caras largas y la preocupación debían ser rasgos definitorios de su estado de ánimo».
Explicaba que el Ejecutivo de Felipe González había convertido este secuestro «en un pulso político» cuando estaba sobre la mesa «un eventual proceso de negociación con la organización armada». De hecho, ETA había hecho pública una oferta en febrero, el mes del secuestro, y la reiteró a los pocos días de la liberación. J. Iratzar daba cuenta de que el Gobierno había pretendido utilizar el secuestro dificultando las labores de la familia. Pero recordaba también que el ministerio de José Luis Corcuera había llegado a «transmitir a ETA la proposición de ofrecerse a abonar el rescate con dinero público a cambio de pistas para la detención del comando», lo que a su entender daba «buena muestra del grado de nerviosismo que ha supuesto para el Estado español el constatar y que constaten su incapacidad de proteger a quien le confíe su seguridad y la de sus beneficios económicos».
El 1 de noviembre, Emiliano Revilla ofreció una rueda de prensa en la que aseguró desconocer los acuerdos a los que pudieron llegar su familia y ETA, pero añadió que «si hay algo comprometido, está comprometido». Acompañado por familiares, relató que había sido tratado bien por sus captores e incluso «amenizó su relato con numerosas anécdotas». Aclaró no tener «síndrome de Estocolmo» asegurando que «detesto y desprecio» a ETA.
Al día siguiente, la portada en la que 'Egin' daba cuenta de esta rueda de prensa, también se publicaba un comunicado de ETA ofreciendo una tregua si el Gobierno se sentaba a negociar en Árgel.
Atentado contra un juez del TS
Aquel proceso de Árgel, como otros posteriores, no llegó a buen puerto y ETA continuó con su actividad armada. Y así, en el 2000, el mismo 30 de octubre, un coche-bomba hizo explosión a las 9.10 horas en Madrid al paso del vehículo oficial del magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y general togado José Francisco Querol Lombardero, que iba acompañado de su chófer, Armando Medina, y su escolta, el policía Jesús Escudero.
Tras la deflagración, los tres ocupantes del coche resultaron muertos en el acto, mientras un elevado número de viandantes resultaba herido o sufría ataques de histeria, aunque en su mayoría fueron dados de alta al poco de producirse el atentado. Uno de los heridos, el chófer de un autobús urbano que pasaba por el lugar, se encontraba en la UVI con pronóstico muy grave.
El atentado provocó la reacción de los estamentos judiciales, desde donde, junto a declaraciones de apoyo al Estado de Derecho, se realizaron llamamientos a endurecer las penas para los miembros de ETA y a establecer la cadena perpetua. Pero las críticas se extendieron. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo sobre el PNV y EA que «ya sabemos lo que duran sus condolencias, de dar el pésame a legitimar la violencia».