La historia de Euskal Herria ha sido un permanente pulso entre una sociedad que ha buscado mantener su modelo político, sus niveles de soberanía, y una monarquía española, Estado español, que, en permanente colonización, ha buscado la homogenización política y cultural a través de múltiples estrategias y actuaciones impositivas.

Las guerras carlistas reflejaron ese conflicto político entre el sujeto vasco y español con la soberanía como eje de motivación. Tras la dictadura de Primo de Rivera y restauración monárquica, la breve etapa republicana se desarrolló con un Estatuto de Autonomía aplastado por el alzamiento fascista de 1936.

La «Guerra del 58», entendida como nuevas generaciones implicadas en el proceso de liberación, con la lucha armada (ETA) como instrumento vanguardista de resistencia y ofensiva, marcó una etapa de regeneración de la reivindicación nacional y de la demanda soberanista e independentista, ligando la lucha antifranquista con la exigencia de reconocimiento nacional y soberanía.

La llamada transición democrática no abordó el problema nacional en sus verdaderas raíces y contenidos, dejando abierto un conflicto que, a pesar de la evolución institucional, en su esencia sigue irresuelto en términos realmente democráticos, cuando estamos ya cumpliendo el primer cuarto de este siglo XXI. Unas élites políticas pretendieron encauzar el caudal reivindicativo y de lucha, gestado en la resistencia franquista, hacia una democratización formal y engañosa influida por el ansia de las capas populares por espacios de libertad y representación agarrotados durante la larga noche franquista. En esos momentos también los servicios secretos del Estado hicieron intentos por articular espacios de negociación con la resistencia armada pero fueron de un marcado carácter instrumental represivo.

Tras la forzada implantación de la Constitución en el Estado, la entrada en la OTAN, la evolución contradictoria del sistema organizativo o modelo territorial del Estado de las Autonomías, la propia existencia y actividad de ETA y del MLNV seguía reflejando un déficit político en la democratización del Estado.

En los años 80, 90 y primera década del siglo XXI la existencia de un contencioso político-militar en torno al conflicto político, no resuelto al inicio de la transición, ha estado encima de la mesa, con diferentes sujetos y protagonismos, con distintos niveles de acuerdos y compromisos. En estas más de tres décadas postfranquistas, esas conversaciones y negociaciones han sido desarrolladas indistintamente por Gobiernos del PSOE y PP. Siempre, el núcleo básico, la sustancia de contenidos, ha estado pivotando en el reconocimiento de la nación vasca, como fuente de derechos políticos, institucionales y sociales. Y, siempre, contando con la firme voluntad del MLNV, por trasladar el campo de confrontación bélica al foro diplomático y político resolutivo de los derechos del pueblo vasco.

La primera gran experiencia fue el denominado «Proceso de Argel», que tuvo un primer periodo de contactos entre 1987 y 1988, que desembocaron en una etapa de «conversaciones políticas» entre enero y abril de 1989. Estas conversaciones supusieron la primera oportunidad de abordar, públicamente y a escala internacional, la existencia del conflicto político vasco. El Gobierno Español estuvo representado al máximo nivel ante una delegación de ETA presidida por Eugenio Etxebeste 'Antton' que dispuso, además, de asesores políticos reconocidos. Todo ello con la intermediación del Gobierno de Argelia como anfitrión del proceso de dialogo y negociación.

El «Proceso de Argel» prosiguió su andadura desde la derivada abierta en Santo Domingo, con una reanudación de contactos entre una representación del Gobierno español, 'El Botijero”, y la delegación de ETA expulsada de Argelia y retenida manu militari en el país caribeño. En estos encuentros, autorizados por la Presidencia del Gobierno Dominicano, intervinieron, como facilitadores y/o mediadores, representantes de la Fundación Carter y el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel y, asimismo, estuvieron complementados con encuentros al máximo nivel de representantes del PSOE-Estado (Rafael Vera, Txiki Benegas) con los miembros de la izquierda abertzale-MLNV José Luis Elkoro y Rafa Díez, interviniendo en labores de mediación asociaciones como Gernika Gogoratuz. La que se denominó «ventanilla de Santo Domingo» quedó definitivamente cerrada en agosto de 1997, con la extradición y el ingreso en prisiones españolas de una parte de la interlocución de ETA, borrando así escenarios y testigos del «Proceso de Argel».

La segunda experiencia se configura en el marco de los Acuerdos de Lizarra, entre ETA y el PNV. Unos acuerdos que alumbraron una tregua ligada a espacios de compromiso y colaboración institucional y social, inéditos entre las fuerzas mayoritarias abertzales a nivel político, sindical y social. El Estado, en una posición defensiva, movió ficha para incidir política y represivamente en el escenario creado. Aquí tenemos que situar las históricas palabras de Aznar del 3 de noviembre de 1998, reconociendo al MLNV y dando paso a contactos con el mismo. Fruto de ello, en diciembre de 1998 una delegación del Presidente de Gobierno conformada por el Secretario de Estado, Martín Fluxá, el Secretario General de Presidencia de Gobierno, Javier Zarzalejos, y el asesor personal del Presidente de Gobierno, Pedro Arriola, se reunieron en un pueblo de Burgos con una delegación de la izquierda abertzale conformada por Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Iñigo Iruin y Pernando Barrena. La reunión y sus contenidos políticos fueron fiel reflejo del interés de orientar soluciones al carácter político del conflicto.

Unos meses más tarde, una delegación de ETA se reúne en Zúrich con la misma delegación del Gobierno español, siendo el obispo Juan María Uriarte moderador de la reunión.

La tercera etapa se desarrolla en el periodo 2004-2007 y tiene diversas escalas. Por un lado los espacios de diálogo entre Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren y, por otro, el proceso que se abre con las tregua y compromisos del 2006. Las conversaciones y acuerdos de Loiola entre izquierda abertzale, PNV y PSOE situaron una base solida de acuerdo político para haber podido avanzar hacia soluciones integrales. La segunda fase de este proceso de dialogo, con la presencia de ETA, el Gobierno del Estado y la aportación del Centro para al Diálogo Humanitario Henri Dunant, derivó en un fracaso y ruptura que conllevó un enorme efecto político de múltiples dimensiones. Este hecho fue la palanca más determinante para que la Izquierda Abertzale iniciase un proceso de cambio estratégico en el proceso de liberación nacional y social

En este relato de «momentos» nos encontramos que la resistencia vasca y el Estado establecen periódicamente, en función de la evolución de la confrontación y otras variables sociopolíticas, espacios de dialogo, conversaciones y, en su caso, de negociación para afrontar el déficit de reconocimiento político. Un marco que permita abordar las relaciones de Euskal Herria con el Estado en claves democráticas, solidarias y de colaboración.  Cuestiones estas que, más allá de la desaparición de ETA, siguen siendo asignaturas pendientes ante la pertinaz obstinación del Estado en no reconocer y respetar la voluntad democrática de nuestras instituciones, como bien quedó reflejado con el llamado «Plan Ibarretxe». Y escenario que reviviremos en los próximos meses, ante la posibilidad de que mayorías institucionales vascas planteen un nuevo estatus político en las relaciones entre EAE, Nafarroa y el Estado.

Así pues, conflicto de Estado, soluciones de Estado. Esa es la estela del conflicto en términos de las relaciones con el Estado y ese será, a futuro, la clave de soluciones democráticas y estables para nuestra nación vasca y sus derechos.