«Los acusados, D. Alfredo de Miguel Aguirre, Aitor Tellería Lambarri y Koldo Ochandiano Gredilla, en el segundo trimestre de 2005, idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Para ello, contaron con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, quienes se pusieron al servicio de su plan para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Estas palabras están recogidas en la sentencia del 'caso De Miguel', dictada por la Audiencia Provincial de Araba el 17 de diciembre de 2019, hace exactamente cinco años. La sala, presidida por el juez Jaime Tapia, aseveró que «dicha red societaria y personal estaba dirigida, básicamente, a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV)», y a «solicitar y obtener el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos a través de las mercantiles Kataia y Errexal».

En virtud de lo expuesto, la Audiencia Provincial de Araba condenó a De Miguel, exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, a una pena de 13 años de prisión por diversos delitos de corrupción, entre ellos los de «asociación ilícita», «cohecho» y «tráfico de influencias». Ochandiano y Telleria, exburukides, fueron condenados a 7 años y medio y a 6 años y medio de prisión, respectivamente.

Entre el resto de acusados había personas que habían ocupado diversos cargos institucionales, como Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud de Lakua, condenado a 7 años y un mes de prisión por su influencia en la adjudicación de contratos a empresas de la trama; Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa y condenado a 5 años de prisión; Alfonso Arriola, que fue director de Parque Tecnológico de Araba –condenado a 8 años de inhabilitación–; y María Justina Angulo, exalcaldesa jeltzale de Zanbrana condenada a 9 años de inhabilitación.

Josu Arruti, el hombre que reconoció haber cobrado una comisión junto a Alfredo de Miguel a cambio de un acuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 1 año y seis meses de prisión. Su testimonio fue clave para resolver un caso que se comenzó el 2 de diciembre de 2019, cuando la abogada Ainoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

El fallo de la Audiencia Provincial desmontó la «caza de brujas» denunciada por el PNV, que echó balones fuera. «Yo no estaba en esa época», aseguró el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, tras ser preguntado sobre por qué nadie sospechó nada

La investigación dio sus frutos, y el 17 de marzo de 2010 la Ertzaintza procedió a la detención de ocho personas por supuestos delitos de «cohecho», «tráfico de influencias» y «blanqueo de capitales». Entre los detenidos figuraban De Miguel, Telleria y Ochandiano, que en 2011 comparecieron ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Gasteiz. De aquellas sesiones queda para el recuerdo el abrazo de Joseba Egibar a De Miguel, que defendió su inocencia, al tiempo que advirtió de una operación diseñada para perjudicar al PNV.

Esta tesis fue compartida por otros dirigentes del PNV como Iñaki Gerenabarrena o el propio Egibar, que en 2018 advirtió de un «proceso ininterrumpido de incriminación política» contra los acusados. «Creo que las personas que conozco, hasta la información que yo manejo, son inocentes», manifestó.

No hubo «caza de brujas»

El fallo de la Audiencia Provincial desmontó la «caza de brujas» denunciada por el PNV, que echó balones fuera. «Yo no estaba en esa época», aseguró el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, tras ser preguntado sobre por qué nadie sospechó nada. Basta con recordar el artículo de opinión escrito por Iñaki Iriondo, titulado «El PNV se marca un infanta Cristina de Borbón». «Nadie antes o después de las reuniones del ABB escuchó nada sospechoso; nadie en la Diputación, desde donde se enviaron correos electrónicos, se olió nada; a nadie le llamó la atención la proliferación de empresas que ganaban dinero sin hacer nada», señaló el periodista.

Iñigo Urkullu presidía la formación jeltzale en 2010, cuando se produjeron las detenciones, y era lehendakari en 2019, cuando se conoció la sentencia, un fallo que no impidió que De Miguel y Ochandiano siguieran ocupando cargos públicos en el seno de la Administración autonómica. De Miguel en Hazi, donde tenía un puesto de responsabilidad, y Ochandiano como contable en el Parque Tecnológico de Miñao.

La situación contractual de ambos cambió en enero de 2023, cuando el Tribunal Supremo confirmó las principales condenas por corrupción, y dictó la absolución de uno de los quince condenados, la de Julian Andrés Sánchez Alegría, expresidente de la red de parques tecnológico de la CAV. Seis meses después ingresaron en prisión De Miguel y Ochandiano, y en noviembre entró en Zaballa Aitor Telleria, que había presentado dos recursos de súplica.

Los jueces establecieron un máximo de tiempo efectivo en prisión de 9 años para De Miguel. En verano, tras pasar un año en la cárcel, accedió a un segundo grado atenuado con salidas diarias de prisión, en contra del criterio de la junta de tratamiento.