Para entonces, Joxean Lasa y Joxi Zabala ya habían 'desaparecido' y ya habían intentado secuestrar al refugiado Joxe Mari Larretxea. Pero el GAL, aún, era un sello nuevo. Apenas habían pasado seis días desde que el primer comunicado oficial de los Grupos Antiterroristas de Liberación se revelara en el bolsillo de Segundo Marey, el hendaiarra que los mercenarios secuestraron durante diez días. Quizás por ello, cuando un grupo de vascos que estaban refugiados en Ipar Euskal Herria encontraron a 'Kattu' tendido sobre un pozo de sangre en el bar Kayetenia de Baiona, acusaron de la muerte del azkoitiarra de 23 años a ciertos «incontrolados» que batallaban a ETA a sangre y fuego.
«Los presos y nosotros, que constituimos una de las fibras más sensibles de la izquierda abertzale, estamos pagando las culpas y cobardías de dos gobiernos que se dicen socialistas y que son incapaces de romper con los fascistas, que son los que pagan a los policías o incontrolados que nos atacan», relataba, preocupado, uno de los refugiados a 'Egin'.
No tardarían en averiguar que «incontrolados» no era el adjetivo más acertado para el grupo parapolicial que, de hecho, controlaba Madrid, y que cuando señalaban a «socialistas» y «fascistas», en realidad, su dedo apuntaba en la misma dirección.
Aquella tarde del 19 de diciembre de 1983, la escena con la que se encontró, primero, el dueño del Kayetenia y, después, tres refugiados que acudieron al bar con la intención de tomar algo, fue muestra inequívoca de la impiedad de los supuestos incontrolados. El cuerpo tendido del joven camarero Ramón Oñederra 'Kattu', atravesado por siete balas, con la chapa con el lema «Euskaraz eta kitto» en su jersey de lana gris y, boca arriba, justo debajo de un retrato de 'Txiki' haciendo la señal de la victoria con los dedos en uve, dejó en shock al dueño del bar. No pudo reaccionar –¿cómo, si hace nada estaba sirviendo tragos a cuatro refugiados y charlando con ellos?– hasta que llegaron los otros tres, que no pudieron hacer nada más que salir a la calle y gritar –«no me acuerdo qué, pero sé que hemos gritado de todo mientras corríamos por la calle», dijo uno de ellos a 'Egin'–.
Las personas refugiadas no tardarían en averiguar que «incontrolados» no era el adjetivo más acertado para el grupo parapolicial que, de hecho, controlaba Madrid, y que cuando señalaban a «socialistas» y «fascistas», en realidad, su dedo apuntaba en la misma dirección.
Ramón Oñederra Bergara nació el 28 de marzo de 1960 en Azkoitia. Comenzó trabajando como pintor chapista en Garajes Elorza de esa misma localidad, aunque posteriormente se dedicó a la labor de camarero en establecimientos de Azkoitia, Bergara, Urretxu y Donostia. Continuó con esta profesión en Baiona, a donde había huido en 1979 en calidad de refugiado, si bien no había contra él cargos concretos. La de 'Kattu' fue la primera muerte que reivindicaron los GAL.
No se fio 'Egin'
Once años después, los GAL eran de sobra conocidos: para entonces, los incontrolados que reivindicaron la muerte de Oñederra alcanzaron el triste balance de al menos veintiocho muertos y otros tanto heridos. Para entonces, la guerra sucia tenía nombres y apellidos y, aun así, los procesos judiciales abiertos en torno a los GAL resultaban tan inverosímiles, que la detención de «cinco presuntos jefes de los GAL», como tituló 'Egin', levantaba sospechas.
«¿Qué ha pasado para que se acelere ahora la investigación de esa vertiente de la trama de los GAL que tan celosamente se ha tapado durante once años? ¿Van a primar intereses políticos o realmente se perseguirá aclarar lo que pasó y hacer justicia?», se preguntaba el editorial de 'Egin' el día después de que el magistrado Baltasar Garzón ordenara la detención del exdirector general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y los cuatro altos mandos policiales Miguel Planchuelo, Julio Hierro, Francisco Saiz y Francisco Álvarez, que ostentaron la máxima representación del Cuerpo Nacional de Policía en Bilbo.
Para entonces, Mohand Talbi, condenado por su participación en el secuestro de Marey –que nada tenía que ver con los refugiados vascos–, ya había afirmado que los GAL eran una red de policías españoles y franceses, y el subcomisario José Amedo y su compañero Michel Domínguez ya habían sido condenados por tramar el secuestro.
Fueron ellos, precisamente, quienes implicaron a Sancristóbal y los demás con los GAL, aportando otra clara evidencia de las conexiones de los aparatos del Ministerio de Interior con los mercenarios. La causa judicial la inflarían después varios nombres sobradamente conocidos en Euskal Herria, como el de José Barrionuevo o Rafael Vera, pero de poco sirvió que la relación entre el Estado y los GAL fuera vox populi.
Era el 19 de diciembre de 1996 y 'Egin', en su editorial del día siguiente, no hacía mal en dudar del proceso judicial abierto contra Sancristóbal y los cuatro policías. Tras una suerte de mínimas condenas, indultos, permisos y otras trampas, toda esperanza de justicia se desinfló, y los responsables de los GAL continúan hoy impunes. Y las preguntas sobre la muerte de 'Kattu' siguen abiertas. Quizás Andrés Cassinello, acusado por Garzón en 1996 de la muerte de Oñederra y desimputado en 2002, pudo tener la respuesta. Pero murió, en cama, e inocente según los juzgados, 41 años y un día después. Imposible hozar para hallar la verdad.