Veinticuatro horas después de que el Eurogrupo acordase mantener un control minucioso de las políticas económicas del Gobierno español a cambio del rescate a la banca, Rajoy anunciaba en el Congreso de los Diputados los ajustes más duros desde su llegada al poder.

En concreto, el jefe del Ejecutivo español anunció medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.

Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. De esta forma, el Estado español escala doce posiciones en el ranking europeo, al pasar del puesto 24 al 12, situándose con unos tipos de IVA calcados a los de Italia.

El Gobierno español se había resistido hasta ahora a subir el tipo general del IVA, ya que aunque con ello se pretende incrementar la recaudación, el consumo se puede detraer y el fraude puede aumentar, con lo que no se conseguirían los efectos deseados. De hecho, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que solo permitirá recaudar unos 7.500 millones de euros «por el alto nivel de fraude que hay en España».

Así pues, todo parece indicar que las recomendaciones de Bruselas -«obligaciones» como Rajoy las denominó durante el debate- han terminado siendo decisivas. Este será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará mañana mismo en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental. Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Desempleo, del 60 al 50%

Pero no solo habrá cambios fiscales. Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.

Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%. En cualquier caso, no se modificará la duración máxima de esta ayuda, 24 meses.

Asimismo, en materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.

Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la Unión Europea.

Asimismo, el Gobierno ha decidido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los seis festivos de libre disposición y el ajuste del número de liberados sindicales. La supresión de la paga extraordinaria, según fuentes del Gobierno, permitirá ahorrar 4.000 millones.

Rajoy pidió un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, y añadió que los funcionarios y empleados públicos recuperarán la paga como fondo de pensiones a partir de 2015.

Aunque Rajoy no lo mencionó en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press que se eliminarán también los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público.

Administración pública

Entretanto, para ajustar el tamaño de la Administración, el Ejecutivo del PP también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.

Asimismo, con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente anunció un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y avanzó que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Justificaciones

Con todas estas medidas, el Ejecutivo calcula ahorrar 65.000 millones en dos años y medio. Según Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta situación y que servirán para reducir el déficit. «Sé que las medidas que les he anunciado no son agradables. No lo es cada una de ellas en particular, y menos aún lo son todas juntas. No son agradables, pero son imprescindibles», aseguró Rajoy en su discurso.

En referencia al IVA, negó que hubiese cambiado de criterio: «Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas», argumentó.