En su turno de intervención, Sergio Sayas, UPN, ha destacado que esta nueva ley deroga otra «nefasta» de 2015 que se hizo además «contra UPN» por una forma de hacer política «cortoplacista y electoralista para desgastar» al Ejecutivo entonces de UPN.
Y «se deroga también a un Gobierno que ha actuado con soberbia, prepotencia e imposición» gracias a un Parlamento que ha entendido las ventajas del diálogo, ha dicho.
Sayas ha reconocido que la consejera de Interior no ha dimitido, que no se ha retirado el plan director de Policía y que hay recortes pendientes de revertir, las tres «líneas rojas» que marcó su partido para apoyar la ley pero que han decidido no anteponer a la vista de lo «mucho» que se ha conseguido.
Entre los logros ha citado que los policías locales serán policías de Nafarroa «a todos los efectos», que aspectos sectoriales se dejan para la mesa de negociación con los sindicatos y que se ha incorporado una «pasarela» para la Guardia Civil a la que «no se puede dar la espalda» con las competencias de tráfico porque «han prestado un servicio impagable».
Patxi Leuza, por Geroa Bai, ha señalado que seguramente no es el resultado que cada uno quería pero es «el máximo consenso que se ha podido lograr» desde que en 2007 se aprobó la primera ley de policías.
Ha defendido así que su partido ha querido actualizar y regular el régimen de la policía para fomentar una policía «integral» y de «proximidad», y organizar una policía «más moderna, reflejo de la sociedad actual y sin merma del servicio», bilingüe y con mayor presencia de la mujer también en puestos de mando.
En materia de retribuciones Leuza ha señalado que se ha pretendido corregir los problemas suscitados con la ley de 2015, que redujo las diferencias salariales entre los distintos niveles, y abordar un nuevo régimen disciplinario.
«Nosotros nos vamos a quedar con el trigo, otros con la paja», ha dicho el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ante la «trampa» del discurso regionalistas cuando el texto final es «el 80%» del presentado.
Y en este sentido ha señalado sobre la «pasarela» que «igual es la Guardia Civil la que no quiere integrarse en la Policía Foral» y subrayado que «carece de sentido una integración pura y simple» entre cuerpos distintos, uno «militar» y con «una historia represiva».
Tras recordar las negociaciones sindicales y las políticas durante muchos meses, Araiz ha sostenido además que todos los agentes, incluidos el Gobierno y la sociedad navarra, van a resultar «favorecidos» con ese nuevo marco, que asimismo «mejora» las condiciones laborales de los agentes y deja pendiente el desarrollo reglamentario para asuntos como las retribuciones o la flexibilidad.
Por Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha indicado que la ley se aprueba «con más pena que gloria» y asegurado que su grupo «nunca compartirá» que se quiera «segregar» a un colectivo del resto de funcionarios ni posibilitar unas «star nóminas» que no tiene correlación con las de otros profesionales.
Como «punto clave de la ley» se ha referido a la flexibilidad solo referida a la Policía Foral y remitida a una posterior negociación, ya que la propuesta inicial era «infumable», de «semiesclavitud», y en materia de retribuciones ha criticado que las mejoras de las policías locales se dejan a criterio de las entidades locales y sin plazo.
Inmaculada Jurío, del PSN, ha valorado el debate «entre UPN y Bildu para ver de quién es la ley», una norma «que es de Gobierno» no de su partido, aunque «podía haber sido peor», y que trata de resolver los «problemas» detectados con la de 2015, a la que quizá «los mandos ponían palos» por la pérdida de retribuciones.
Del nuevo texto, con el que «han metido un gol por la escuadra a UPN», ha destacado la disponibilidad y la flexibilidad horaria, cuando «el problema endémico es la falta de personal», y las retribuciones, de forma que «un comisario principal pueda cobrar más que la presidenta del Gobierno», mientras «seguimos sin saber el modelo policial».
Javier García, PP, ha comentado que la anterior ley «provocaba división y confrontación» entre policías y el nuevo marco normativo recoge cuestiones que su partido«"no comparte» ya que el PP aboga por «la colaboración y coordinación» entre cuerpos policiales «compartiendo competencias».
José Miguel Nuin, de I-E, ha reprochado que en modelo policial para definir el papel de los diferentes cuerpos «no se ha avanzado nada», ha negado que la nueva ley garantice «ninguna pasarela» y advertido del «importante coste económico» que tendrá, unos cuatro millones de euros, y de la necesidad de «duplicar» la plantilla de la Policía Foral para cumplirla.