![Imagen archivo de una concentración de las madres ante el Parlamento. (@aritzintxusta)](/media/asset_publics/resources/000/545/387/article_main_landscape/Madres.jpg)
La letrada, que se representa a sí misma y a otra madre como afectadas, tras declarar que es un tema «de justicia y de honor», ha reconocido que existe «una normativa específica» pero alude al caso de las haciendas de la CAV, donde tras la sentencia del Tribunal Supremo español, se produjo la devolución del IRPF a las madres y padres afectados.
Alega que la normativa de la Seguridad Social reconoce ese derecho, y «muy por encima, la Constitución, que prohíbe que haya una discriminación» entre territorios.
Pérez de Obanos ha lamentado de que sea «Navarra el único territorio donde se han practicado una serie de retenciones en el IRPF a las madres y padres navarros». A su vez, ha apuntado que cree que existe un motivo «económico» y cuantifica la devolución a cada progenitor en «menos de 2.000 euros».
Además, ha apreciado que junto al tema judicial, existe «otro político entre los diferentes grupos del Parlamento».
Es precisamente en el Parlamento donde se sitúa la raíz del caso, durante la tramitación de la Ley Foral de IRPF, en las memorias específicas que se manejan previamente a las votaciones y donde se elimina específicamente el término maternidad como ámbito exento del pago del impuesto.
Ha apuntado que su caso se trata «de un reclamo, de la justicia en sí, una serie de derechos que deben ser reconocidos, y que en el resto del Estado se ven con normalidad».
No ha podido dar una fecha para conocer la sentencia de la justicia navarra, un proceso que se ha dilatado porque «tres de los magistrados han tenido que inhibirse por ser madres y padres afectados al mismo tiempo y haber reclamado la devolución del IRPF», aunque no cree «que tarde mucho, por ser un caso mediático».
Pérez de Obanos ha informado a su vez de que aún hay muchos casos «que se han quedado por el camino» antes de llegar al juzgado, ya que el primer paso es reclamar a Hacienda, «posteriormente al Tribunal Económico Administrativo Foral y el último paso es el juzgado».
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