Cuando la Carta de Derechos Sociales de EH impulsó en el 2018 una ILP a favor de la renta básica universal acudí a una charla en la que intervinieron Daniel Raventós, economista y teórico de la RBU, y Ander Rodriguez, responsable de Política Social mientras Bildu gobernó la Diputación de Gipuzkoa (2011-2015). Rodríguez afirmó que el total de las ventajas fiscales para pagar menos impuestos beneficiaban sobre todo al capital y superaban con mucho al dinero destinado a ayudas sociales. Recuerdo esto, porque Ignacio Zubiri, Catedrático de Hacienda Pública de la UPV, afirmó el lunes en este diario casi lo mismo. «El sistema fiscal está trufado de agujeros –explicó– por incentivos, bonificaciones, exenciones...» y hacen que la «capacidad de recaudar sea pequeña». Es decir, que sigue habiendo poco dinero en las arcas públicas. Parece que, en estos años, en política fiscal y con la utilización neoliberal del Concierto y del Convenio Económico (que permiten una normativa propia) ha existido mucha retórica y se ha retrocedido en favor de las «rentas empresariales y del capital». Así resulta fácil entender por qué la privatización ha hecho mella en las políticas institucionales y se ha olvidado que el principio de la solidaridad social debe de ser un gasto fijo, además de una voluntad política.
