La destitución de la directora del CNI se ha vendido como el cierre a la crisis política derivada de la publicación, por parte de "The New Yorker", de una amplia lista de dirigentes políticos y activistas independentistas, catalanes y vascos, espiados con Pegasus. Pero, más allá de que la relación del PSOE con su socio de gobierno y sus socios de legislatura se pueda reconducir mejor o pero, la crisis ha puesto al desnudo una realidad innegable del Estado: el carácter no democrático de amplios sectores de la derecha policial, militar, mediática y política.

Que la mentira forma parte de la praxis mediática y política en España es algo sabido, pero en las últimas dos semanas se ha llegado a niveles más altos de los frecuentes. El ala psoista del Gobierno comenzó primero negando que en España se produjeran casos de espionaje y la ministra jefe de los espías se permitió en la Cámara Alta poner en duda la credibilidad de "The New Yorker", una publicación que, con la arrogancia propia de los ignorantes, presumió de no conocer. Pocas horas después y, con todavía más arrogancia, se preguntó en la Cámara Baja qué deberían hacer un Estado y un Gobierno frente a quien corta calles o proclama la independencia. Se atribuye a Talleyrand aquello de que todos los reyes roban, pero que los Borbones exageraban. Hoy podría decirse que todos los ministros de defensa mienten pero que, ciertamente, Robles exagera.

Por si faltaba algo, el 2 de mayo, día en el que en Madrid se celebra el orgullo independentista frente a la ocupación francesa, Moncloa mandaba a las tantas de la mañana un mensaje a la prensa convocando una intempestiva rueda de prensa en la que el ministro de la Presidencia informaba de que también se había espiado al presidente del Gobierno y a la propia ministra de Defensa. Bolaños deslizaba además en el off posterior con los periodistas (quien quiere que algo no se sepa, no lo cuenta en off) que el espionaje podría venir de Marruecos. Si así fuera no solo estaría justificada la ruptura de relaciones diplomáticas, sino que además toda la línea de apaciguamiento del dúo Sánchez-Albares, con traición al pueblo saharaui incluida, pasaría a la historia del pagafantismo internacional como una de sus mayores expresiones históricas. Pero más allá de que a Marruecos pueda interesarle lo que quepa en 2,6 gigas del móvil de Sánchez, lo que parece inverosímil es que a Marruecos le interese espiar a los independentistas catalanes y vascos.

La principal consecuencia de la comparecencia de Bolaños el 2 de mayo fue el inicio de una guerra mediática entre Moncloa y Defensa por ver quien cargaba con las culpas. La progresía mediática se posicionó con Sánchez y Bolaños y la derecha y la ultraderecha mediáticas defendieron con uñas y dientes a su ministra, a sus espías y a sus militares. ¿Planea Sánchez con calma mefistofélica el cese de Robles? No lo duden. Si no lo ha ejecutado ya es porque algo se lo impide, por lo menos en estos días...

El caso es que finalmente el CNI reconoció que sí que espío a unos 18 independentistas con autorización judicial. Es difícil imaginar cual será el razonamiento jurídico que permite la instalación de un material de espionaje que permite extraer archivos del teléfono y usarlo como grabadora de audio o vídeo. Pero más allá de como haya justificado el Supremo espiar a 18 ciudadanos con Pegasus, cabe preguntarse quién pudo espiar al resto de personas de la lista de “The New Yorker”. No parece muy verosímil que a esos 18 les espíe el CNI con autorización judicial y al resto les espiara «otra gente» diferente.

Lo que a todas luces parece evidente es que hay brigadas patrióticas del Estado profundo con amplios grupos operativos en el CNI, en el Ejército y en las Fuerzas de Seguridad del Estado trabajando a pleno rendimiento contra los que consideran «enemigos de España» y que lo hacen en coordinación con sectores de la derecha judicial, la derecha mediática y la derecha política. Ello revela no solo la escasa calidad del sistema democrático sino una realidad histórica de España: que la derecha aceptó los procedimientos democráticos siempre y cuando los resultados de estos procedimientos no pudieran llevar al Estado a quienes la derecha considera enemigos de España y de la monarquía. Para la derecha la monarquía es la principal identidad del Estado y se encargaron de constitucionalizarla como piedra angular de nuestro sistema político.

Eso es lo que está detrás de Pegasus: la voluntad política de la derecha española (económica, mediática, judicial, policial, militar...) de enfrentarse a sus enemigos sin respetar las reglas de la democracia liberal. Para la derecha española, un gobierno con los «comunistas» de Podemos dentro, sostenido por independentistas vascos y catalanes, es en sí mismo una provocación inaceptable que tienen derecho a combatir sin reparar en molestias legales. Y para ello cuentan nada menos que con una parte del Estado y con buena parte de los poderes mediáticos.

Arnaldo Otegi dijo el otro día en una interesante entrevista en Radio Euskadi que, en un contexto como el actual, con la guerra en Ucrania, con el avance de la ultraderecha en Francia y con la posibilidad de que Vox llegue al Consejo de Ministros, la izquierda abertzale consideraba que la sostenibilidad del Gobierno es la menos mala de las alternativas disponibles frente a lo que identificaba lúcidamente como una estrategia de Estado. Faltaría, a mi juicio, dar un paso más en el razonamiento y asumir que es imposible, en este contexto, enfrentar desde fuera a los elementos no democráticos del Estado. Hace falta que las fuerzas republicanas de todo el territorio del Estado español diseñen conjuntamente su propia estrategia de intervención y dirección de Estado. El Estado republicano plurinacional puede ser el horizonte compartido para construir una amplio proyecto democrático frente a una derecha que no dudará en suprimir las conquistas democráticas si vuelve al Consejo de Ministros.