El «caso Ruanda-Apotex» y su triste enseñanza para la actual pandemia

Aunque la demanda de eliminar las patentes para atajar la pandemia es justa y sensata, la resolución del «caso Ruanda-Apotex» apunta a un problema más profundo, de tipo ético, instalado en la industria.

Ruanda, un país mísero y desangrado, se atrevió a desafiar a las grandes compañías farmacéuticas. Eso que medio mundo reclama ahora, que se liberen las patentes de las vacunas para que la humanidad se enfrente al coronavirus como un problema común, se atrevió a reclamarlo para su población Ruanda. No lo hizo por gusto, sino a la desesperada. La empujó a ello el sida.

El 17 de julio de 2007, Ruanda da un aviso a la OMC. Quiere retrovirales para el sida y no va a pagar patentes. El movimiento no supone una salida del marco jurídico, sino que las autoridades de Kigali se apoyan en lo aprobado cuatro años antes por la OMC en la llamada Declaración de Doha. Dicho texto es una concreción de la normativa internacional sobre las patentes, para ajustarla a la problemática de los medicamentos.

Las normativas de patentes son una imposición de las normativas de los países ricos (donde radican los dueños de los derechos) a los países pobres. Están pensadas para que los pobres paguen por lo que inventan los ricos. Básicamente, son leyes antipiratería.

Sin embargo, hay agujeros. Tradicionalmente los ha habido siempre. EEUU, por ejemplo, tiene unas leyes antimonopolísticas cuyo espíritu acabó llegando también a la legislación internacional sobre las patentes. Y es que, si se mira bien, lo que sucede con una patente de un fármaco es una situación cuasi monopolística.

Con el ejemplo del covid, esto se aprecia nítido. Si en lugar de múltiples vacunas, hubiera solo una válida, la compañía propietaria podría haberle puesto el precio que quisiera. Ya no se trataría de que la empresa recuperara los gastos que le costó la investigación de dicho fármaco (y de otros productos fallidos que no rentabilizó), sino que, de no regularse, el precio corre riesgo de ser arbitrario y dificultar, por pura avaricia de accionistas, que la humanidad se inmunice.

El interés conjunto de los países para prevenirse de una situación así es lo que se concretó en Doha, a través de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los ADPIC, también conocidos por sus siglas en inglés: TRIPS.

Lo que sucedió en 2007 es que Ruanda se amparó en los ADPIC para no pagar las patentes de los retrovirales del sida. No es que no fuera a pagarles, sino que no iba a abonar el precio que las farmacéuticas pedían, solo su coste. Para ello, según los ADPIC, bastaba que el país se enfrentara a una situación de emergencia y que en la operativa no hubiera ánimo de lucro.

Hasta ahí, diríase que todo correcto. Pronto llegó la siguiente piedra en el camino. Ruanda no tenía industria farmacéutica para autoabastecerse. ¿Quién fabricará retrovirales a sabiendas de que le comprarán la producción a precio de coste y que ni ganará ni perderá con ello?

La industria miró para otro lado de forma casi unánime. Solo una empresa canadiense, el fabricante de genéricos Apotex, confirmó que estaba dispuesto a enviar a Ruanda comprimidos.

Lo voy a contar otra vez para que quede claro: un país ahogado por una enfermedad terrible, avisa a los miles de fabricantes de medicamentos de todo mundo de que le pueden suministrar el remedio para el sida y que da igual quién lo inventara. El llamamiento lo hace un país donde hasta los bebés nacen con sida porque no hay medicamentos para las madres.

Socorrer a Ruanda a coste cero estuvo en manos de cualquier compañía y era perfectamente legal. Y uno, solo uno de entre todos los fabricantes del mundo, decidió dar el paso adelante.

Hubo más trabas. Resultó que para que los medicamentos llegaran, ya no solo hacía falta que Ruanda liberara la licencia, sino que estas patentes tampoco debían funcionar en el país donde se fabricaban los comprimidos. En el medicamento del «caso Ruanda-Apotex», el TriAvir, había nueve patentes en juego. Cuatro pertenecían a la compañía GSK, dos de Wellcome Foundation, dos más de Shire Biocherm y la última, de Boehringer Ingelheim.

Que Apotex pudiera crear fármacos genéricos para exportarlos a países pobres supuso una pelea de tres años con las autoridades del medicamento en aquel país, el CAMR. La batalla, de hecho, se inició dos años antes de la petición de Ruanda de acceder al TriAvir, dado que Apotex (asesorada por Médicus Mundi) sabía del potencial de los ADPIC y confiaba en que, algún día, un país acudiría a esta herramienta para salvar a su población de una epidemia.

Aun así, las trabas de la industria farmacéutica canadiense provocaron una dilación de año y medio desde que Ruanda levantó la patente hasta que se anunció el primer envío de TriAvir. «A pesar de que estamos muy contentos de haber realizado esta importante contribución histórica, hay un motivo por el que ninguna otra compañía ha intentado proporcionar medicamentos a través de este régimen. Es demasiado complejo y tiene que repetirse cada solicitud que se da de un país a otro. Para que Canadá pueda conseguir proporcionar ayuda de verdad se debe cambiar el régimen CAMR», declaró Jack Kay, director general de Apotex, a finales de 2008, cuando el primer envío de medicamento estaba a punto de zarpar para África.

Que la gran herramienta para liberar patentes de medicamentos fuera tan lenta y engorrosa y, fundamentalmente, que estuviera a punto de fracasar porque solo una empresa en todo el mundo respondió a la llamada de Ruanda fue la puntilla del mecanismo. Aunque el TriAvir llegó a Ruanda, ningún otro país ha empleado desde entonces los ADPIC para que se libere una patente para atajar una crisis sanitaria.

En el caso de Ruanda, se trataba del sida, una enfermedad que mata muy lento, por lo que no resalta tanto. Ante una enfermedad de rápida propagación, como el covid, tres años de papeleos son imposibles de asumir.

La propia OMC asumió en 2010 que la legislación internacional es disfuncional y, por tanto, reconoció que los estados (al menos los pobres) carecen de herramientas válidas para publificar una patente en caso de necesitarla.

La aportación del «caso Ruanda-Apotex» es que reveló que el problema va más allá de patentes. La barrera reside en una industria farmacéutica que, por su diseño capitalista o por lo que fuere, no mantiene unos criterios éticos mínimos acordes a la tarea que tiene asignada.

Quitar una patente a la industria farmacéutica para quedar después al albur de que esta misma industria se avenga a fabricarlo sin licencia es, por lo visto, quedarse a medias.