Rumanía no perdona la infamia

Más de medio millón de personas han salido a las calles en Bucarest para protestar por la aprobación de un decreto que descriminaliza el abuso de poder. Tras registrarse las mayores manifestaciones desde la caída del comunismo hace 27 años, la presión popular ha forzado al Gobierno a retirar la ordenanza y se ha cobrado la cabeza del ministro de Justicia. Rumanía sienta precedente contra la corrupción.

Martes, 31 de enero de 2017. Sede del Gobierno de Rumanía. 9 de la noche. El Ejecutivo estatal, tras detallar en una tediosa rueda de prensa el proyecto de ley de los Presupuestos, anuncia, como de soslayo, la aprobación por la vía de urgencia y sin previo debate parlamentario de una ordenanza que despenaliza la corrupción si la cantidad malversada es inferior a 44.000 euros. Los periodistas no dan crédito. La sala de prensa despierta de golpe y en pocos minutos las redes sociales no hablan de otra cosa.

Dos horas más tarde y con una temperatura exterior de -11 grados, la Piața Victoriei de Bucarest, la mayor intersección de la capital rumana, estalla de furia con 10.000 personas exigiendo la retirada inmediata del decreto. La reacción súbita de los rumanos de manifestar colectivamente su repudio a una ley que amnistía a los ladrones en la administración pública no es un arrebato. A partir de esa noche, las protestas pacíficas empiezan a sucederse en la capital y en cincuenta ciudades más del resto del país hasta convertirse en las manifestaciones más multitudinarias desde la caída del comunismo en 1989. Tan solo cinco días después de que el Gobierno socialdemócrata del primer ministro Sorin Grindeanu (PSD) subestimara a su propio pueblo, creyendo que podía aprobar una ordenanza que despenaliza el abuso de poder sin mayores consecuencias, la céntrica plaza y sus calles adyacentes reúnen a 500.000 manifestantes.

En una ciudad de 1,9 millones de personas, el torrente de manifestantes cabreados pidiendo la dimisión del Gobierno da la vuelta al mundo. La imparable presión popular fuerza esa noche al Ejecutivo a rectificar y anuncia, finalmente, la retirada de la ley. Sin embargo, las protestas siguen. La ciudadanía quiere dimisiones y, días después, el titular de Justicia e ideólogo del decreto, Florin Iordache, entrega la cartera de ministro.

«Si lo han hecho esta vez, en cuatro años tendrán tiempo de volver a hacerlo. Este gabinete está acabado, tienen que irse todos», expresa convencida una joven en medio de las masivas protestas, cuando no se cumple ni un mes desde la llegada al poder del actual Gobierno, que ahora se resquebraja.

Una lección para otros países de la UE. Rumanía, un país pacífico rodeado de estados convulsos bajo la influencia de Moscú, estaba dando un ejemplo de madurez democrática a algunos estados del bloque occidental europeo, donde la corrupción política ya ni siquiera nos sonroja y mucho menos moviliza. «El Gobierno mintió porque durante la campaña aseguró que incrementaría las medidas contra la corrupción, y ahora sabemos que se proponía hacer todo lo contrario», señala Andrei, estudiante universitario, en medio de la abarrotada plaza, con pasamontañas de lana y los pies clavados en la nieve. Sostiene una pancarta en la que arremete contra Liviu Dragnea, líder del PSD y jefe del Gobierno en la sombra.

El poderoso Liviu Dragnea habría sido uno de los mayores beneficiados por la amnistía que contemplaba el polémico decreto. La justicia le suspendió el año pasado de todos sus cargos ejecutivos tras ser condenado por fraude electoral. El político está pendiente en la actualidad de otra sentencia por malversar 24.000 euros y, en caso de ser declarado culpable, ingresará en prisión. Sin la presión popular, Dragnea dormiría estos días más tranquilo, pero ahora deberá enfrentarse, él y todos los funcionarios y medios y altos cargos encausados por corrupción, al veredicto judicial sin amnistías, sin indultos ni perdones.

Pero, ¿cuándo se gesta esta conciencia colectiva en la sociedad rumana? «El pueblo no ha salido a las calles para protestar por la situación económica, que es muy mala, sino para expresar un clamor unánime por la defensa de la democracia, porque sabe que la corrupción es la causa de muchos de sus problemas», señala a 7K el consultor político Dan Ionescu, y añade: «No son manifestaciones partidistas, no se cuestiona la mayoría del PSD, lo que se le está diciendo al Gobierno es que la ciudadanía no tolerará un retroceso democrático».

Para poder ser aceptado como miembro de la Unión Europea, Rumanía creó en 2003 la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), un organismo que funciona de forma ejemplar y que ha conseguido encarcelar a más políticos condenados por corrupción que cualquier otro país de Europa. Además, Rumanía sigue bajo el control del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), mediante el cual la Comisión Europea evalúa los progresos que realiza Bucarest en materia de reformas judiciales para combatir la corrupción. Así, la aprobación del decreto ha supuesto un escándalo dentro y fuera de Rumanía, pues va en el sentido totalmente opuesto al dictado por la UE. «Creo que, tal y como pide la gente, este Gobierno tiene que irse porque ya no está legitimado. Se trata de una cuestión de confianza. La ha perdido», sostiene Ionescu.

Pero las protestas no son un fenómeno aislado, pese a que esta vez la cifra de manifestantes ha superado todas las marcas. La historia reciente de Rumanía muestra a una sociedad educada y comprometida con el progreso democrático del país. Tanto es así, que a los rumanos les cuesta muy poco salir a la calle para denunciar lo que consideran una injusticia, hasta el punto de que en cinco años la presión popular se ha cobrado dos gobiernos legítimos. Algo insólito y único en la Unión Europea.

Sube la movilización popular. En 2012, el anuncio de una reducción de los salarios de los funcionarios públicos desató la cólera ciudadana y terminó por forzar la caída del Gobierno liberal, pese a que en las calles no llegaron a reunirse más de 3.000 personas. En 2015, un trágico incendio en una discoteca de la capital, en el que murieron 64 personas, provocó numerosas protesta tras descubrirse irregularidades en la concesión de la licencia del local. En aquellas manifestaciones nació el eslogan que resume y explica la intransigencia de la ciudadanía ante la negligencia pública: “La corrupción mata”. La ola de protestas forzó la caída del Gobierno socialdemócrata.

«En los últimos años está creciendo la participación de la gente en este tipo de protestas cívicas. Debemos estar orgullosos porque son un ejemplo de lo que se puede conseguir con manifestaciones pacíficas. Por lo que se está luchando esta vez es por la democracia, para impedir los abusos en la función pública y la corrupción», resume Ionescu.

Otro ejemplo de lucha colectiva con resultado de éxito fue la batalla contra la empresa canadiense Gabriel Resources, que en 2013 quiso llevar a cabo la explotación de los recursos naturales de una mina de oro en la ciudad de Rosia Montana, al norte del país. El Gobierno empezó la redacción de una ley para expropiar las viviendas de los residentes y permitir los planes de la compañía canadiense, lo que desató cinco meses de protestas. Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás y la firma abandonó el país.

En un hotel del centro de la capital me cito con Radu Carp. Profesor de Ciencia Política en la universidad, es el secretario ejecutivo del principal partido de la oposición (PNL), el cual presentó una moción de censura en el Parlamento, que no prosperó por la falta de apoyos. «No son protestas contra el PSD (su principal rival), porque en la calle encontrarás a mucha gente que les votó. Lo que se está denunciando es cómo un gobierno está intentando modificar la ley para proteger a los corruptos». El hecho en sí de haber firmado la ley, apunta, pese a la posterior revocación, implica una «intención criminal» que está siendo investigada por la temida DNA para aquellos que acumulan actividades ilícitas. Desde 2010, la Fiscalía de Rumanía ha encarcelado a 3.000 políticos y funcionarios públicos. Con el fin de intentar cumplir con las exigencias de la UE, Rumanía involucró a la Agencia de Seguridad Nacional en la lucha contra la corrupción. También dio poderes a los servicios de inteligencia, que trabajan activamente con la DNA, así como las agencias de información. Irónicamente, Adrian Năstase, ex primer ministro (2000-2004), tras fundar la DNA, fue juzgado y encarcelado por corrupción por este mismo organismo. En 2012 intentó quitarse la vida disparándose en el cuello cuando la Policía vino a buscarle a su casa para llevarlo a prisión.

Mientras la Europa occidental se enfrenta a un empoderamiento de los partidos populistas y euroescépticos, Rumanía todavía mira hacia el oeste con el anhelo de alcanzar los estándares de sus vecinos más desarrollados y reforzar su carácter europeísta. «Un 60% de los rumanos tiene una opinión favorable de la UE y la gente no quiere ni oír hablar de Rusia», explica a esta revista el reportero Laurentiu Colintineanu. En las protestas, una joven encrespada declaró a esta periodista que «el actual Gobierno quiere ir con Moscú, pero nosotros somos europeos y miramos a Europa». Colintineanu precisa sus palabras: «No tenemos ninguna información de que el Gobierno de Rumanía mantenga lazos con Rusia, al menos no hay contactos oficiales, pero teniendo en cuenta la región en la que nos encontramos y nuestro pasado reciente comunista, la gente percibe al PSD como los herederos de ese régimen y próximos a Rusia».

«Cuando llegas a la conclusión de que la corrupción provoca muertes, la gente entiende que no puede permitirlo. Hay que entender nuestro pasado: durante el comunismo, tan solo 27 años atrás, estábamos acostumbrados a la corrupción en pequeña escala; un favor a cambio de un paquete de cigarrillos, pequeños sobornos. Pero en el momento en el que debido a la corrupción 65 personas pierden la vida, entonces la situación toma una dimensión mucho mayor», remarca Colintineanu.

«Doctorados en Derecho». Es difícil trazar un perfil de los manifestantes, dado el amplio número de personas que han asistido a las protestas. Pero sí puede afirmarse que los rumanos están bien informados de lo que ocurre en su país y ofrecen respuestas elaboradas a preguntas complejas. «Tras las protestas, en las redes sociales hay muchas bromas relativas a que ahora todos los rumanos tenemos un doctorado en Derecho, porque hemos tenido que aprender los fundamentos legales de lo que estaba haciendo el Gobierno para poder pararlo», señala el periodista.

Una joven universitaria de no más de veinte años lo resume muy bien en medio de las protestas el día después de que se anunciara que retiraba la ordenanza. «El Gobierno ha confirmado que revoca la ordenanza pero no sabemos qué mecanismos legales va a utilizar para hacerlo. Es todo muy confuso porque su intención es aprobar un nuevo decreto que anule el anterior, pero si este segundo decreto es suspendido por un tribunal, por algún tipo de incompatibilidad o deficiencia, entonces la primera ley volverá a entrar en vigor. Tenemos que estar muy vigilantes».

Resulta revelador cómo han evolucionado los hashtags surgidos en las redes sociales a raíz de las protestas para entender la responsabilidad civil que asume la ciudadanía a la hora de fiscalizar a su clase política. Primero se viralizó #romanianprotests (Protestas rumanas); luego #fedup (Hartos) después #rezistam (Resistimos); y los últimos días, tras la dimisión del ministro de Justicia, #WeAreWatchingYou (Os estamos vigilando). «Lo que significa que en los próximos cuatro años la gente va a seguir pendiente de lo que hace el Gobierno. La población está gritando en las calles: ‘Mirad tíos, no porque hayáis ganado unas elecciones podéis gobernar como si fuerais una monarquía de la Edad Media’. ¡Y esto es un éxito impresionante!», enfatiza Laurentiu.

Junto con la falta de honradez de la clase política, la mayor preocupación de los rumanos es su situación económica. El antiguo estado socialista se disputa con Bulgaria el último lugar en el ranking de la UE en términos de PIB per cápita, con una renta de unos 10.000 euros. Distintos informes sitúan a casi la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza, y los bajos salarios, un 30% inferiores a la media española, hacen muy difícil llenar la cesta de la compra con unos precios iguales o superiores a la media europea. Cuando Rumanía se adhirió a la UE en 2007 la ciudadanía pensó que el país iba en la dirección correcta, con progresos visibles en el terreno judicial y socioeconómico. Hoy en día, la juventud, despierta y preparada, se esfuerza por arrancarse el estigma que aún pesa sobre el país en el bloque occidental de la UE.

Un país desconocido. Poco sabemos de la Rumanía actual en la Europa acomodada. Dos figuras nos resultan familiares de este país: el autócrata comunista ajusticiado tras su derrocamiento, Nicolae Ceaucescu, y la extraordinaria atleta que en 1976 hizo historia al convertirse en la primera gimnasta en conseguir un 10 en unos Juegos Olímpicos, Nadia Comaneci. A escasos dos kilómetros del centro de la capital, lejos del bullicio de las manifestaciones que no cesan, se encuentra el Centro Deportivo Dinamo, donde 25 niñas de entre siete y doce años entrenan cinco horas diarias seis días a la semana persiguiendo el sueño de ser algún día una estrella olímpica.

El Dinamo es un gimnasio pequeño, pero en él se forjaron varias atletas de la competición rumana. Por primera vez en 48 años, en 2016 el país no clasificó a su equipo de gimnasia para los Juegos Olímpicos de Río, una decepción difícil de digerir en una sociedad para la cual la gimnasia es mucho más que un deporte, es un orgullo nacional. El entrenador del centro, Dan, confiesa que las autoridades también tienen abandonada la gimnasia y no llegan los fondos. Pese al talento indudable de las pequeñas que se deslizan entre las barras paralelas, sin ayudas ni apoyo la gimnasia rumana no parece que pueda volver a brillar fácilmente.

Maria viste leggins brillantes, chaleco acolchado y zapatillas de correr. Tiene 27 años. Me encuentro con ella a la salida de la iglesia el domingo por la mañana, día grande de las protestas. A primera hora estaba gritándole al Gobierno la abyección de su conducta y sobre las 11 horas entraba en la capilla para hablar con Dios.

La presencia de la Iglesia. La revista “The Economist” señalaba en su crónica sobre la crisis rumana que la agencia anticorrupción nacional (DNA) es la institución más valorada por la ciudadanía por detrás de la Iglesia, el Ejército y la Policía. El credo ortodoxo aglutina en Rumanía a millones de fieles que consideran a la institución el cuarto poder. Tras estallar el escándalo, la Iglesia, normalmente un aliado del Gobierno, pidió al Ejecutivo la retirada de la ley. La institución recuperó su influencia en Rumanía tras la caída del comunismo y el 85% de los rumanos, jóvenes incluidos, apoya hoy en día la participación de la Iglesia en asuntos políticos y sociales.

Sin fanatismos ni estridencias, varios veinteañeros desfilan por las escaleras de la capilla y se muestran satisfechos con el giro que ha tomado la crisis tras la dimisión del ministro Iordache. Los delitos del Gobierno no pueden quedar impunes, arguyen. Quizá la rectitud preconizada por la Iglesia ortodoxa también juega su papel a la hora de estructurar esa conciencia colectiva, esa conducta estricta que muestra la población rumana a la hora de juzgar a sus políticos.

La erupción de las manifestaciones en Bucarest ha contagiado a otras ciudades como París, Malta y Bulgaria, que han salido a la calle para expresar su propio repudio a esta lacra. Los rumanos esperan ahora a que les convoquen al referéndum que ha anunciado el presidente del país, Klaus Iohannis, el único con potestad para organizar consultas populares. Iohannis criticó abiertamente la firma del decreto y anunció que daría la oportunidad a la población de pronunciarse sobre cómo cree que el Gobierno de la nación debe trabajar contra la corrupción.

Entretanto, las protestas siguen en la Piața Victoriei, aunque ya muy minoritarias, tras semanas en pie. La gente no olvida y no quiere, sobre todo, que el Gobierno olvide.