Alex Law nació en territorio británico, pero a los seis años se convirtió en ciudadano chino sin necesidad de moverse de su lugar de origen. «Yo prefiero decir que soy hongkonés», apostilla con mirada desafiante. «Ojalá Londres nunca hubiese negociado con Pekín la devolución de la ciudad», añade, en referencia al 1 de julio de 1997, cuando la Union Jack que había ondeado en Hong Kong durante siglo y medio fue sustituida por la enseña roja con cinco estrellas amarillas de la República Popular China. «Aquel día, Hong Kong comenzó a morir», dispara Law.

 

Junius Ho, polémico diputado prochino.

 

«El sistema político actual sigue siendo igual de corrupto que con los colonos, y seguimos sin poder elegir libremente al jefe del Ejecutivo [autonómico]. Pero, además, las libertades individuales que nos diferencian de China, y que están protegidas hasta 2047 por la Ley Básica [la miniconstitución por la que se rige Hong Kong], están cada vez más amenazadas por el Partido Comunista», explica Yau Wai-ching, la joven diputada de Youngspiration que fue descalificada en 2016 por haber leído incorrectamente el juramento de su cargo. «Nada refleja mejor esta erosión de nuestros derechos que la abducción ilegal de varios editores que publicaban libros contrarios al Partido Comunista», añade.

Su partido político aboga por derogar la ley que obliga a estudiar en mandarín –el idioma local de Hong Kong es el cantonés– y por incrementar la autosuficiencia de la ciudad en campos tan diversos como la energía o el sector agrícola para reducir la dependencia del continente. «Hay que evitar convertirnos en el próximo Tíbet, donde la emigración de etnia ha convertido a los tibetanos en una minoría, o en un nuevo Xinjiang, donde los uigures son internados en campos de reeducación para asimilarlos», concluye.

 

Leung Chung-hang, diputado descalificado de Youngspiration.

 

Law, que acude a las protestas que llevan sacudiendo el centro financiero desde hace ya un año como voluntario para ofrecer primeros auxilios, es de la misma opinión. «Se ha destruido la industria y se han fomentado la especulación urbanística y el turismo, dos sectores muy ligados a China. Mientras la población local apenas tiene acceso a la vivienda, los corruptos chinos invierten en pisos de lujo y 150 inmigrantes llegan cada día para restar recursos a la ciudad», señala, reflejando lo que muchos ciudadanos chinos consideran un discurso clasista.

Ataviado con ropa militar, máscara antigás y una mochila-botiquín, Law se coordina con otros sanitarios para atender a quienes sufren las consecuencias del material antidisturbios que emplea la Policía. Trabajo no le falta, porque, desde el 12 de junio de 2019, se han disparado decenas de miles de proyectiles de todo tipo –desde balas de goma, hasta botes de gas lacrimógeno– y se han utilizado cientos de litros de espray de pimienta. Casi 9.000 personas han sido arrestadas, 1.749 han sido procesadas, y un centenar ya ha sido sentenciado. «La violencia comenzó a escalar el 1 de julio con la toma del Parlamento [autonómico], y me temo que la situación va a empeorar, porque Pekín se ha propuesto aplastar nuestros derechos antes incluso de la integración plena en el país», avanza.

 

El activista Joshua Wong en un mitin electoral callejero.

 

La chispa que prendió la actual llamarada de ira hay que buscarla en febrero del año pasado, cuando el Buró de Seguridad de Hong Kong propuso modificar la legislación vigente para permitir las extradiciones entre la ciudad y otros territorios con los que no ha firmado un acuerdo a tal efecto. El asunto no habría provocado revuelo si no fuese porque esa propuesta abría la puerta a las extradiciones con la china continental. «De haberse aprobado, China podría haber exigido la extradición de gente cuyo único delito es la disidencia política», comenta Woody Tam, uno de los manifestantes que se enfrentan habitualmente a la Policía en primera línea de batalla.

Aunque el Gobierno de Carrie Lam, jefa del Ejecutivo de Hong Kong, aseguró que la ley propuesta solo serviría para facilitar el procesamiento de criminales, la presión social y una intensa ola de protestas obligó a retirar la propuesta de ley. Lam anunció que el proyecto estaba «muerto» el pasado 9 de julio, pero no lo retiró oficialmente hasta el 23 de octubre. Tam considera que «ya era demasiado tarde». No en vano, los manifestantes, que sumaron casi dos millones en la marcha del 17 de junio, pronto añadieron cuatro exigencias a la demanda inicial de aparcar el proyecto de ley.

Si las Autoridades ya consideraron que la amnistía para todos los procesados era inasumible «porque atenta contra los principios del Estado de Derecho», la última es una bala contra el sistema autoritario chino: las protestas tienen como fin último lograr la elección de los parlamentarios autonómicos y del jefe del Ejecutivo a través de elecciones celebradas mediante sufragio universal y en las que Pekín no pueda vetar a ningún candidato. «Lo que exigimos es democracia. Nada más. Y la demanda del sufragio universal ni siquiera es nueva, ya que se cuenta entre las promesas que hizo el Gobierno chino, que ha estado retrasando su implementación una elección tras otra», critica Joshua Wong, uno de los activistas más prominentes del Movimiento de los Paraguas de 2014.

 

Yau Wai-ching, diputada descalificada con una bandera independentista.

 

Cuestionando el pacifismo. Aquella revuelta, que discurrió de forma eminentemente pacífica durante casi tres meses, es el germen de la actual. Pero muchos de quienes ahora toman las calles han dejado de lado el pacifismo que enarbolaron los coetáneos de Wong para abrazar métodos más violentos. Tam es uno de los que no duda en lanzar cócteles molotov. «La anterior revolución, en la que participé como adolescente, sirvió para instilar conciencia política en las nuevas generaciones. Pero fracasó porque no fue suficientemente ambiciosa. Ahora hemos aprendido: el movimiento no tiene líderes, por lo que no puede ser descabezado, y adopta técnicas más violentas porque el pacifismo ha demostrado que no funciona».

No es el único que piensa así. Según una encuesta realizada el pasado mes de diciembre por el Instituto de Opinión Pública de Hong Kong, las protestas cuentan con el apoyo del 59% de la población, y el 37% ha tomado parte en ellas. Otro estudio llevado a cabo en enero por Third Side concluye que el 45% está de acuerdo con las acciones violentas. Y todo apunta a que ese porcentaje crecerá este año. Porque, después del paréntesis que ha forzado la pandemia del coronavirus, dos leyes han incrementado aún más la tensión en la excolonia británica.

El pasado 28 de mayo, la Asamblea Popular Nacional, el principal órgano legislativo de China, aprobó la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong con un solo voto en contra y 2.878 a favor. La nueva norma, que será impuesta en el Anexo III de la Ley Básica sin ser debatida y votada por el Parlamento autonómico, exigirá que se «prevengan, detengan y castiguen» las actividades secesionistas, subversivas y de terrorismo. También perseguirá injerencias extranjeras como las que Pekín ve en Washington –muchos manifestantes ondean la bandera de las barras y estrellas y piden a Donald Trump que intervenga–, y permitirá a las agencias de seguridad chinas establecer operativos en territorio de Hong Kong, algo que tenían prohibido hasta ahora.

 

Paladin Cheng frente a una bandera independentista.

 

De forma paralela, el pasado día 4, coincidiendo con el aniversario de la matanza de Tiananmen, el legislativo local del centro financiero aprobó la Ley de Ofensas al Himno con un solo voto en contra, 41 a favor, y el boicot de los partidos prodemocracia, que suman 27 escaños y se ausentaron del hemiciclo. Según el texto legal, quienes falten al respeto de los símbolos nacionales y de la Marcha de los Voluntarios, el himno nacional chino y diana habitual de abucheos en citas deportivas, podrán ser castigados con una pena de hasta tres años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros. «La tiranía es como un virus, y las personas libres deben hacerle frente», afirmó el organizador de la vigilia anual para recordar a las víctimas de Tiananmen, Lee Cheuk-yan, en el enésimo llamamiento a la desobediencia civil.

No obstante, Leung Chung-hang, el otro diputado electo de Younspiration que fue descalificado tras su heterodoxa jura del cargo, considera que es hora de ir un paso más allá. «Teniendo en cuenta que China no está cumpliendo con las promesas del modelo ‘un país, dos sistemas’ [el peculiar encaje diseñado para integrar Hong Kong en China respetando particularidades como su sistema capitalista o su ordenamiento jurídico diferente], la independencia es la única salida que le queda a Hong Kong para proteger los derechos y las libertades que la caracterizan».

 

Alex Law, manifestante que ofrece primeros auxilios.

 

La opción secesionista todavía es minoritaria. Según la encuesta del Instituto de Opinión Pública, la apoya un 17% de la población. Pero es un porcentaje que va en rápido aumento, porque hace un lustro no llegaba siquiera al 10%. Además, las consignas independentistas, que a veces trazan paralelismos con Catalunya, han crecido en las manifestaciones de las últimas semanas. «Si Pekín respetase nuestros derechos, la independencia no sería necesaria. Pero, en esta situación, no veo otra salida. El Partido Comunista nunca permitirá la democracia, así que, mientras pertenezcamos a China, estamos a su merced», argumenta Kenny Tai, trabajador social de 25 años. «Pero la mayor parte de la población todavía rechaza la independencia, así que me parece lógico luchar primero por el sufragio universal y luego ir más allá si es necesario», añade su pareja, Kibby Leung, enfermera de 23 años.

Para Junius Ho, el polémico diputado prochino que fue acuchillado durante la pasada campaña de las elecciones municipales, son precisamente las visiones radicales de Tai y Leung las que están destruyendo Hong Kong. No la actitud de Pekín. Y lanza una advertencia contundente. «La revolución de Hong Kong, como la de Catalunya, no tendrá éxito». Analiza en mayor detalle la situación durante una entrevista celebrada antes del ataque que sufrió, y que no le causó heridas de gravedad. «La propuesta de ley de extradición ha abierto la veda para lanzar una enorme campaña de propaganda y desinformación que está alentada por potencias extranjeras interesadas en crear inestabilidad en China. La CIA y Taiwán están involucradas en las protestas, seguramente a través de financiación. También algunas tríadas [las organizaciones mafiosas de Hong Kong], que ejercen de ejecutoras. Hacen el trabajo sucio», afirma.

 

Jeremy Ng, empresario.

 

Ho reconoce que la sociedad reclama reformas democráticas que abran la elección del jefe del Ejecutivo más allá del comité de 1.200 personas con derecho a voto, pero está convencido de que «permitir que cualquiera se presente candidato sería peligroso» y denuncia que una minoría trate de imponer por la fuerza un sistema que «solo logra destruir la economía de Hong Kong». El parlamentario subraya que la ciudad se ha beneficiado del desarrollo de China. «En 1997, suponíamos el 18% del PIB de China. Ahora, solo el 2,7%. Es evidente que lugares como Shenzhen [ciudad al otro lado de la frontera, considerada el Silicon Valley de China] nos han superado en innovación. Es posible que en 2047 China sea más avanzada y que la gente en Hong Kong esté contenta con la integración total».

El polémico diputado, que apoya la nueva legislación aprobada tanto en Pekín como en Hong Kong, considera que el Gobierno ha sido demasiado blando con los manifestantes y que debería haber aprobado la Ley de Extradición. Jeremy Ng es de la misma opinión. De hecho, este empresario hongkonés señala las protestas raciales en Estados Unidos y afirma que han dejado en evidencia la doble vara de medir de Washington. «Cuando las manifestaciones son en Hong Kong, quienes las protagonizan son considerados héroes prodemocracia; cuando se dan en su territorio, son vándalos y criminales. Los británicos no habrían permitido algo similar cuando gobernaban aquí. Nos habrían masacrado», critica.

Ng ejemplifica una postura bastante generalizada entre la población que supera los 40 años. «Las revueltas surgen por un sentimiento de regresión más relacionado con la situación de la economía y la falta de oportunidades laborales que con la política. Hay frustración entre la juventud porque está perdiendo sus privilegios frente a una China cada vez más fuerte. Cuanto más se enfrenten a Pekín, más negro será su futuro», comenta. En su opinión, la colaboración con el Partido Comunista proporcionaría réditos mucho mayores. «A los dirigentes chinos les interesa mantener el status quo de Hong Kong porque muchos tienen aquí dinero que no pueden declarar. Si se juegan bien las cartas, podríamos mantener nuestras particularidades más allá de 2047», opina.

 

El manifestante Woody Tam posa con la mascara antigás que le protege en las protestas.

 

Brutalidad policial. Entre estos dos bandos incapaces de entenderse se encuentra un colectivo cuya actuación también está siendo excepcionalmente controvertida: la Policía. Los activistas anticomunistas y los políticos prodemocracia critican la brutalidad con la que han reprimido las protestas, y el 74% de la población exige que se lleve a cabo una investigación independiente sobre su actuación en el último año. El Gobierno llevó a cabo la suya y concluyó que, en su mayoría, los agentes han seguido los protocolos establecidos, aunque lanzó 52 recomendaciones para mejorarlos. Varios de los expertos que realizaron el informe, sin embargo, se desmarcaron del texto oficial y publicarán uno propio con conclusiones muy diferentes.

Dentro del cuerpo también ha habido deserciones como la de Cathy Yau, una agente que devolvió su placa en agosto del año pasado, cuando percibió que la brecha entre la Policía y la ciudadanía se estaba ensanchando. «El Gobierno está utilizando las Fuerzas de Seguridad para solucionar un problema político, y esa no es la vía», asegura. Ella ha tomado una diferente: se presentó a las elecciones municipales del pasado mes de noviembre, que supusieron un batacazo sin precedentes para los partidos prochinos, y ganó en su distrito. Desde la política local, ella aboga por mantener vivo el modelo ‘un país, dos sistemas’ y proteger los derechos individuales que diferencian a la ciudad del resto de China, pero dentro de la autonomía que otorga Pekín. «Yo ingresé en la Policía para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos», sentencia.

 

Kent Lau muestra su identificativo de policía.

 

Otros excompañeros comparten las críticas de Yau pero continúan vistiendo el uniforme. Es el caso de Kent Lau [nombre ficticio], que denuncia la creciente violencia de los manifestantes, pero también los agresivos métodos de algunos compañeros. «Es cierto que se ha extendido una cierta sensación de impunidad ante los excesos, pero también que resulta muy difícil controlar situaciones que se van rápidamente de las manos», cuenta apesadumbrado. A finales del año pasado, la Policía recibió la nota más baja de su historia: los ciudadanos la puntuaron con un 3,5 de 10. Teniendo en cuenta que en 2018 recibió un aprobado de 6,4, la caída en la confianza es evidente.

Y Lau afirma que ese odio hacia el cuerpo policial es peligroso porque cada vez es más difícil reclutar nuevos efectivos. «El listón se está bajando mucho y cabe la posibilidad de que acceda gente que no está cualificada para hacer este trabajo», cuenta, incidiendo en que un amigo suyo que había suspendido las pruebas en seis ocasiones finalmente ha sido contratado por escasez de personal. «La moral está bajo mínimos y la tensión nunca ha sido mayor. Son los ingredientes perfectos para una tragedia», lamenta, sorprendido de que solo se hayan registrado un par de muertes «accidentales», como la del joven que se cayó en un parking cuando iba corriendo o el anciano que recibió un ladrillazo en la cabeza. Solo en un par de ocasiones se han disparado armas letales, y los heridos se han recuperado de las heridas. «En Estados Unidos habría decenas o cientos de muertos», apostilla Lau.

En esta coyuntura, qué sucederá con Hong Kong es la pregunta del millón. Desafortunadamente, pocos son optimistas. «Aunque no me cansaré de salir a protestar, es un hecho innegable que China cada vez es más poderosa. Eso quiere decir que cada vez tiene más influencia en el mundo, que las potencias se lo piensan dos veces antes de llevarle la contraria, y que lanzar una revolución contra su régimen dictatorial sale cada vez más caro», comenta Paladin Cheng, un joven que acude a las manifestaciones con una bandera independentista y que ha tenido que instalar cámaras de seguridad en su minúsculo apartamento por temor a que las Fuerzas de Seguridad arremetan contra él. «Mi bisabuelo llegó a Hong Kong escapando de los comunistas, y ahora tenemos que evitar que los comunistas tomen Hong Kong para que nuestros nietos vivan en libertad. Es la típica lucha de David contra Goliat, así que la esperanza es lo último que perderemos», ríe.

 

Seguidores de un partido prochino durante las pasadas elecciones municipales.