En fecha reciente se ha aprobado un nuevo decreto estatal por el que se regula el derecho a la información de las personas consumidoras y usuarias en los casos en que se produzca una alteración en la titularidad de sus contratos de préstamo hipotecario sobre la vivienda por la cesión o transmisión del mismo por parte de la entidad prestamista. En este sentido, las entidades contarán con un plazo de diez días hábiles para notificar, de forma fehaciente, los cambios de titularidad en los contratos de préstamo hipotecario suscritos, tanto a la persona que lo contrató como, en su caso, a la persona avalista del mismo (Dº 175/2020 27 de octubre).

Buen decreto, aunque tardío, con el que se garantiza mayor protección a quienes han firmado un préstamo hipotecario o crédito financiero ante posibles cambios de titularidad de sus contratos. Y es que la medida ya estaba contemplada desarrollar desde la Ley del año 2016, y a muchas personas les habría evitado sorpresas desagradables al conocer que el banco o entidad donde contrataron su préstamo o crédito ya no era el titular, pues para mejorar sus balances y obtener financiación y liquidez, entre otras ventajas, vendían al mejor postor, aunque estos fueran “fondos buitres”.  

Informaciones necesarias. Con el desarrollo de la ley se concreta tanto el contenido de la información a facilitar a la persona hipotecada, que «detallará todo lo referente al acto o negocio jurídico de emisión o cesión que haya tenido lugar, los sujetos que intervienen en ella y los extremos que resultan precisos para que las personas consumidoras y usuarias puedan ejercitar sus derechos»; así como la forma, ya que puntualiza que al ser notificada “fehacientemente” en el plazo de diez días hábiles, deberá darse una constancia de la recepción del escrito.

Sabido es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no tiene muchos lectores y así le ha lucido a la banca. Pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, de ahí la importancia de trasladar estas informaciones tan necesarias a nuestros lectores-as para la salvaguarda de sus derechos.