Las organizaciones de personas consumidoras de la Unión Europea acogen con optimismo la nueva Agenda del consumidor para los próximos cinco años. Aunque es cierto que en política “del dicho al hecho va un trecho”, en las altas instituciones europeas, al menos, contamos con una figura importante que es la comisión de seguimiento que controla el grado de cumplimiento de lo prometido.

Aunque la Unión Europea posee una sólida trayectoria en el ámbito de protección a la persona consumidora, con esta Agenda va más allá, marcada por esta crisis impensable que en el 2020 ha puesto el mundo del revés. Entre las 21 acciones clave, que se van a ir desarrollando hasta el 2024, cabe destacar la Directiva general sobre seguridad de los productos.

Esta Directiva tiene sus años, (Dir. 2001/95/CE) por lo que debido al gran impulso del comercio electrónico y los servicios digitales durante la pandemia, obligará a la revisión de normas y su adaptación a la realidad actual en aspectos tan esenciales como la propia definición de producto, singularmente en las áreas en las que juega la inteligencia artificial (AI). Aplicada a los mercados digitales de servicios y de bienes presenta la dificultad de abordar la falta de transparencia del algoritmo, lo que obligará a la implementación de nuevos procedimientos, poniendo en duda la eficacia de los gatekeepers (a modo de ODR) incluidos en los mecanismos internos de las plataformas en la economía circular, anticipando un Acta de los mercados digitales.

Sostenibilidad. Muchas novedades que han ocupado tanto al Parlamento como a la Comisión europea el pasado noviembre, orientadas también al impulso de las opciones de consumo sostenibles y de la cultura de la reutilización, como son mejorar la posibilidad de reparación y prolongar la vida útil de los productos o introducir cambios sistemáticos desde la producción y la contratación pública hasta la publicidad y la gestión de residuos.

Con todo, de las acciones a emprender, como siempre, su efectividad y eficacia va a depender de la voluntad política de agilizar la armonización y cumplir en los estados miembros.