Tras 33 años de excepcionalidad absoluta, el consenso social vasco y la apuesta de EPPK empiezan a derretir los muros, con un proceso de acercamientos también en el Estado español y la supresión del aislamiento. Cuando a principios de 2021 vuelva a cobrar difusión el mapa carcelario de Etxerat, bastará un vistazo para hacer dos constataciones contradictorias. La mala noticia, en realidad no-noticia, será que el mayor número de presos vascos sigue concentrado en la otra punta de la Península: un sitio llamado Puerto de Santa María. La buena, que en la parte inferior ese gráfico no se encontrarán ya Algeciras, Badajoz, Cáceres u Ocaña, igual que de la parte superior fueron desapareciendo Fresnes, Fleury, La Santé...

El Gobierno francés empezó a corregir el alejamiento en 2018 y el español ha dado este paso en 2020. En ambos casos la iniciativa vasca ha creado el caldo de cultivo propicio: no solo es la disolución de ETA, también la unidad de acción en Ipar Euskal Herria, el consenso institucional en el sur, el soporte vasco al nuevo Ejecutivo español, la movilización social constante y, finalmente, la apuesta por la vía legal del Colectivo de Presos Políticos Vascos.

El proceso ha ido ganando cierto ritmo tras el verano, aunque muy lejos sin duda del visto y no visto con que los presos y presas políticos vascos fueron diseminados por el mapa hace algo más de tres décadas. Fue también entonces, 33 años ya, cuando se implantó una política de aislamiento generalizada que sí se ha suprimido con celeridad este año.

Están más cerca de casa, pero vaciar las cárceles seguirá siendo un proceso costoso, un objetivo sostenido en 2021. De la emergencia dan fe el fallecimiento de Igor González Sola en Martutene o el infarto sufrido por Josetxo Arizkuren en Murcia; de la dificultad, la titánica lucha para traer a casa a Xistor Haranburu 30 años después o para abrir el candado del primer grado sistemático; de la inhumanidad, la separación agudizada por la pandemia.