En Melilla, el puerto amanece con el sol a la espalda. El taró cubre de bruma las murallas de la antigua ciudadela que domina el centro desde una colina. En cuanto levanta la niebla, asoma en la espaldera del recinto portuario el vallado con concertinas que va a dar a la zona de carga de camiones y contenedores, alineados para embarcar en algún ferri rumbo a los puertos peninsulares de Motril, Málaga o Almería.

El puerto melillense es una frontera dentro de la ciudad fronteriza. Deportistas tempraneros recorren el paseo habilitado sobre el dique norte. El acceso está fortificado. Una cámara de seguridad registra cualquier movimiento en el mirador de la entrada. La zona, antes de pesca y recreo, es un punto “caliente” para las fuerzas de seguridad españolas. La supuesta razón es la presencia de jóvenes marroquíes, muchos de ellos menores, que se pasean por allí, especialmente de noche, con la intención de acceder al puerto y abordar alguno de los trailers con mercancía que van a la península.

«En Melilla ha habido una pésima gestión de la problemática de extranjería de menores», expone el abogado melillense Antonio Zapata, defensor del centro de La Purísima, antiguo fuerte militar que ha llegado a acoger más de 700 niños. «El problema de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados, según recoge la legislación española) era reducido a un problema de libertad y seguridad; tenemos menores en situación de calle sobre los que la única actuación ha sido la policial», puntualiza.

El crecimiento exponencial en la llegada de niños procedentes, sobre todo, de Marruecos, ha puesto en evidencia el fracaso del sistema de acogida de menores en el Estado español desde 2017. La infancia en peligro, se torna, para las instituciones, en infancia peligrosa.

El “riski” (arriesgado, en inglés), como llaman los chavales a colarse en el puerto, es un ejemplo. Varios han muerto o han sido mutilados intentando aferrarse a los ejes de camiones. Sin embargo, el puerto se ha blindado con las mismas concertinas que el Estado está retirando de la valla que separa Melilla de Marruecos por considerarlas lesivas.

Sobre estas líneas, una radiografía de una mano.

 

Las «trampas» del sistema. Según organizaciones de defensa de la infancia en Melilla, como Prodein, la razón por la que intentan salir así de la ciudad es la dejación por parte de la Administración en la gestión de su documentación como menores tutelados por la Ciudad Autónoma. El permiso de residencia que les otorga la ley llega tarde, si es que llega. Según datos del Ministerio de Trabajo, solo el 21% de los menores extranjeros tutelados en el Estado tenían permiso de residencia en 2019.

Es uno de los fallos del sistema, que arrastra lentitud burocrática, descoordinación entre las tres administraciones involucradas (las autoridades marroquíes, que deben verificar la identidad; el Gobierno autonómico, que ejerce la tutela; y el Estado, que emite el permiso de residencia) y un corte que distingue entre migrado o no.

El enfoque se pone en el control migratorio y no en la acogida. En Melilla, una ciudad de 84.000 habitantes en 12 kilómetros cuadrados, la frontera lo impregna todo, hasta las trampas del sistema. Ocurre, por ejemplo, en el centro de La Purísima, donde las bajas “técnicas”, es decir, que un niño no aparezca en un día o dos, se utilizan como bajas administrativas que paralizan la tramitación de la residencia, según denuncian educadores.

Indumentaria y herramientas que usa la policía judicial Grume (Grupo de Menores) con los niños solos y migrados. En la imagen de portada, el fuerte amurallado de Melilla la Vieja, donde estos hacen su vida cotidiana.

 

«Realmente no están de baja, porque para que a un niño se le dé de baja realmente tienen que pasar seis meses», explica Diego Cañamero, jefe del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Local. La directriz obliga a quien llegue después de las 22.30 a buscarse la vida. «Se quedan en la calle», dice Cañamero, «lo que hacen algunos, esa misma noche, es personarse aquí en la Jefatura para que lo puedan ingresar».

Al otro lado de la frontera, la situación no es mejor. «Hay una coordinación en la frontera para bloquear el flujo de menores no acompañados para que no crucen a Melilla», expone Omar Najji, vicepresidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. «Cada semana hay redadas de las autoridades marroquíes que detienen a esos menores y los expulsan al centro del país, en autobuses, en condiciones muy difíciles».

Según Morad el Oumali, responsable en Nador de la Agencia de Cooperación Nacional, organismo encargado de la política asistencial, no hay cifras de cuántos chavales viven en la indigencia en la ciudad o en la villa fronteriza de Beni Ensar. «Por lo que hace a la provincia de Nador, por su situación geográfica, acuden a ella niños de todo el territorio nacional, sobre todo para emigrar», asegura. Una fundación trabaja para localizarlos y derivarlos al único centro para menores en desamparo en Arruit, a 34 kilómetros de la frontera, y que fue concebido para acoger huérfanos de la zona. También rastrean a los padres en sus ciudades de origen para «reintegrar» a estos menores en sus propias familias.

Según Najji, se trata de «devoluciones en masa» encubiertas. «Generalmente los expulsan a Casablanca en condiciones muy difíciles y los abandonan allí», dice. «Son marroquíes que viven en territorio marroquí y el deber de la autoridad marroquí es proteger a esos menores por la Convención Internacional de Derechos del Niño que Marruecos ha ratificado».

Un medidor óseo. Debajo, un orquidómetro para medir el volumen testicular mediante comparación. Son pruebas para determinar la edad.

 

Números que no cuadran. El Registro de Menores no Acompañados es el instrumento que ha utilizado el Estado para repartir fondos entre comunidades autónomas, pero los números no cuadran. Catalunya acoge el doble de niños que Andalucía, según datos de la Generalitat (4.203) y la Junta (2.172). En el registro, las cifras bailan: 1.938 estaban inscritos a mediados de 2019 en Catalunya, frente a los 5.183 en Andalucía.

El problema está en la coordinación entre la brigada de Extranjería de la Policía Nacional española, que gestiona el registro, y la Unidad de Menores de Mossos d'Esquadra, refiere David Casanovas, jefe del grupo. La postura del Govern es meridiana. «Lo que se sabe es que todos los gobiernos autonómicos tienen la misma competencia de protección de menores y también se sabe que Catalunya no tiene frontera directa con Marruecos», ilustra el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, para apuntar a la responsabilidad del Estado en la gestión de fronteras y de otras comunidades en su «dejación de funciones».

Desde el Sindic de Greuges se alude a una falta de planificación que está generando un «sistema paralelo»: la apertura de centros ad hoc para extranjeros, según la gestión de emergencia de la Generalitat, está creando «segregación» entre autóctonos y extranjeros. «La atención a estos adolescentes debe darse con los recursos que ya tiene el sistema», apunta María Jesús Larios, adjunta al Sìndic para la defensa de niños y adolescentes. «Todas aquellas mejoras que no se llevan a cabo, pues una puede pensar que aquí lo que está primando es el control de la migración por delante de la atención de las necesidades de estos adolescentes».

La Fiscalía de Menores de Barcelona, situada en el edificio F de la Ciudad de la Justicia, es la encargada de notificar a los jóvenes el resultado de su prueba de edad. Si determina que son mayores, pasan a estar indocumentados y quedan desprotegidos. Junto a estas líneas, puertas y llaves de pisos para migrados.

 

Un laberinto burocrático. Ese sistema de acogida al que supuestamente se incorporan los menores que llegan de países como Marruecos se ha convertido en una trampa burocrática bajo el paraguas de la Ley de Extranjería española. La consideración de extranjeros y migrantes de estos jóvenes ha ayudado a crear un segundo circuito, distinto al que siguen otros niños atendidos por los servicios sociales en diferentes territorios del Estado.

La determinación de la edad es el primer escollo. «El papel de la Fiscalía es identificar a los menores y comprobar si, efectivamente, son menores o son mayores que están intentando hacerse pasar por menores», atribuye el fiscal portavoz de Barcelona, José Miguel Companys. «Si es mayor, no puede estar en un centro tutelado».

El proceso puede demorarse hasta tres meses, según Companys. En ese tiempo, el menor debe permanecer en un centro de primera acogida, no va a la escuela y no puede empezar a gestionar sus papeles; está en un limbo. Para el abogado social Albert Parés, representante de la asociación Noves Vies, el procedimiento es una de las puertas traseras del sistema: «Cuando disponga de pasaporte (el menor), hasta que no se demuestre que este no es verdadero, no se pueden hacer pruebas de determinación de la edad».

El trámite se realiza casi por defecto. Según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019, en Cádiz, donde se registró el mayor número de expedientes de determinación de la edad incoados en 2018 (4.113), el 79% (3.272) acabaron archivados, bien porque el menor en cuestión se marchó del centro, o bien porque «ninguna institución plantea dudas específicas sobre su minoría de edad». En Barcelona, hasta 2018, se incoaban dichos expedientes «en todo caso, dudara o no el centro de protección». Se incoaron 1.853 expedientes, el 83,16% resultaron ser minoría.

«Hay una gran complicidad entre la Administración, que atiende al menor, y la misma Fiscalía», insiste Parés. «La administración (la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, DGAIA, en Catalunya) simplemente dice: «`no, Fiscalía duda del pasaporte y quiere hacerle pruebas y yo no soy quién para decirle que no’; sí es quién para negarse a que un menor que está bajo su responsabilidad se haga pruebas cuando dispone de un pasaporte».

 

Castigos más duros. Como consecuencia, aumenta el número de expedientes y se empolva el mal funcionamiento de la cadena. Ocurre también en el ámbito penal o de reforma, donde se acusa más la institucionalización de la infancia y el hecho de que los menores estén solos, sin padres ni red social que los apoye. Según el juez de Menores de Melilla, Álvaro Salvador Prieto, «con muchos más menores extranjeros no acompañados que con nacionales, la intervención, muchas veces, es más primaria, porque no tienen un entorno familiar».

En Barcelona, una instrucción interna acordaba «el internamiento preventivo de un menor hasta que haya sentencia», una medida «muy, muy estricta, muy residual», según Companys, orientada a evitar la reincidencia. El resultado es una cierta sobrerrepresentación de menores infractores extranjeros en régimen de internamiento o privación de libertad. «Para entrar en el centro de reforma, tienes que haber cometido un hecho bastante grave», explica Salvador, «el problema de esto es que muchas veces estos chicos entran en el centro de reforma porque no pueden seguir en la calle; no es lo mismo tratar con un chico que tiene una familia aquí, un apoyo social».

Cada falla ahonda en la criminalización de estos jóvenes, que se convierten en extranjeros sin más en cuanto cumplen los 18 años. Si no han cumplido con el trámite de conseguir la residencia o renovarla, acaban en situación irregular, algo que puede derivar en un trámite de expulsión. «La Ley de Extranjería no facilita que un extranjero con 20 años que viene de ser menor tutelado pueda renovar más fácilmente su autorización de residencia», ilustra Parés. El permiso de trabajo que permita demostrar medios de vida para subsistir y renovar se convierte, entonces, en la única meta.

«El hecho de haber estado tutelado por la Administración les facilita el acceso al permiso de residencia y ya está», explica Toni Comas, director de una residencia para mayores de edad de la Fundación Ebeo. «No se les están ofreciendo todas las oportunidades que pueden tener otros por haber nacido aquí, que tienen la opción de poder trabajar, estudiar...». Los recursos para mayores de edad apoyados por la Administración, como los que mantiene la DGAIA, se están extendiendo por todo el Estado. En Andalucía y Melilla han surgido iniciativas, pero la normativa sigue siendo un tapón. «Al final –apostilla–, un menor extranjero que ya salió del sistema (de acogida) por cumplir la mayoría de edad tiene todavía que justificar su estancia en el país».