Viviendas colaborativas para personas mayores

Vivimos en una democracia que tiene como pilares la preocupación social, la justicia y la igualdad. Aunque sean palabras manidas, vaciadas en ocasiones de significado por su uso y abuso, debemos entender que la mayoría de las intervenciones que el Estado realiza sobre nuestra vida deben estar orientadas a hacer que, por ejemplo, tengamos acceso a una sanidad de calidad, podamos educar a nuestra infancia, podamos llegar andando a los sitios, o mejor aún, en bicicleta, o tengamos la capacidad de resguardarnos del sol de mediodía bajo la sombra de un árbol.

Lo verdaderamente potente en esta idea es que todo esto, claro está, se debe conseguir sin tener que pagar un seguro médico privado, ni una escuela privada, ni poseer un coche, ni vivir en una exclusiva urbanización ajardinada con su puerta de entrada con guarda de seguridad. Las iniciativas privadas son lícitas, y necesarias, pero no imprescindibles en este sistema que se empezó a perfilar en Europa desde el siglo XVIII, con el sonido de la guillotina de fondo. El modelo de Estado social debe de poner las dotaciones necesarias para que podamos vivir de forma digna aunque tengamos unos ingresos modestos.

Las dotaciones públicas son una parte importante del urbanismo, de la manera en la que “se reparte la tarta”; los promotores privados prefieren que les toque un trozo de pastel con mucha crema y poco bizcocho, es decir, las viviendas, que se venden prácticamente al precio que la gente esté dispuesta a pagar. Y, sin embargo, las dotaciones son aquellas que nos permiten vivir en comunidad, son los parques por donde paseamos, son la acera que transitamos, son la escuela a la que acudimos, el ambulatorio donde ir cuando estamos enfermos, los centros de día o los hogares de los jubilados.

Actualmente, estas dotaciones están siendo puestas en cuestión por dos motivos antagónicos entre sí; por un lado, los neoliberales plantean constantemente que los equipamientos privados puedan sustituir a los públicos, llegando a proponer una sanidad totalmente privatizada y, por qué no, carreteras locales privadas, escuelas privadas, autobuses privados, bibliotecas privadas. En el otro lado del espectro ideológico, existen voces que plantean la necesidad de replantear nuevos modelos de vivienda, de centro cultural, de centro asistencial, y en lo que las leyes de suelo no acaban de encontrar un encaje fácil.

Un ejemplo de una dotación privada que busca su amparo en la Administración serían las viviendas colaborativas para mayores. Conocidas como senior cohousings, colivings o coviviendas, son proyectos de vivienda en comunidad de personas mayores, con servicios comunes orientados a los cuidados socio-sanitarios y paliativos, en algunos casos. Los proyectos encima de la mesa son muchos, pero son muy pocos los que se han llevado a cabo, en gran parte por ese difícil encaje en la legislación urbanística. Y es que estos proyectos, para ser viables, en muchos casos deberían de tener una cesión gratuita de suelo por parte de la Administración, y eso se percibe como un “regalo” de todos a unas personas, vulnerando un principio de igualdad en el acceso a la vivienda (es decir, no se sabe cómo responder a la pregunta ¿por qué se le da a este y no a aquel?).

Apoyo mutuo y autogestión. Está claro que faltan ejemplos de cómo encajar esto en la ley, pero no faltan los ejemplos construidos de este tipo de viviendas; tenemos un ejemplo paradigmático en la cooperativa Trabensol, en Madrid. Compuesta por 54 alojamientos de 50 m2 y obra del estudio de arquitectura Equipo Bloque Arquitectos, la idea es que casi cien personas mayores puedan compartir su vida, su ocio, sus cuidados, al tiempo que mantienen una privacidad dentro de su alojamiento. La división horizontal no existe, es decir, nadie es dueño de su propia casa, pero todo el mundo es dueño de todo. De ese modo, se rompe con el gran problema que se le achaca a este tipo de equipamientos privados, ya que se alejan del modelo especulativo inmobiliario.

Los ejemplos como el de Trabensol escasean, aunque las iniciativas de personas que acarician esta idea son muchas. El propio Gobierno de Nafarroa, en un Decreto del año 2020, planteaba la necesidad de crear una experiencia piloto para «el desarrollo de alternativas habitacionales para personas mayores que se organicen para fomentar la autonomía en alojamientos colaborativos, fundados en el apoyo mutuo y la autogestión». La arquitectura y el urbanismo, en este caso, va claramente por detrás de la sociedad, y debe encontrar una respuesta al reto del envejecimiento de nuestra sociedad, evitando males como la soledad o la excesiva carga asistencial sobre el sistema público de salud.