Seguridad alimentaria e información

La seguridad de los productos que comemos es un requisito importante porque de ello depende en gran medida nuestra salud. En el ámbito agroalimentario el proceso del producto, desde que se produce hasta que llega a nuestra mesa, estamos implicados todos: productores, distribuidores, administraciones públicas y quienes lo consumimos. Unos más que otros, por supuesto, ya que la sociedad delega facultades para intervenir con conocimientos y medios a las instituciones que nos representan.

Para vigilar y promover la seguridad alimentaria se han ido creando órganos institucionales públicos que controlan el mercado y que ofrecen garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario. Al menos esa es su razón de ser principal para su creación y funcionamiento, pues afectan a dos derechos fundamentales de la sociedad: la salud y la información.

Ambos derechos son inseparables para ejercer un consumo responsable, informado, reflexivo, libre y consciente. De ahí la importancia de que las administraciones competentes de Consumo actúen con transparencia y rapidez en los supuestos en los que se detectan irregularidades en los alimentos. Pero del dicho al hecho va un trecho y pesa más el “paternalismo” hacia las empresas que hacia las personas consumidoras y esta falta de transparencia administrativa ya empieza a rebasar los límites tolerables, y más cuando se trata de la salud de las personas.

Óxido de etileno. El penúltimo caso, reciente aún, es la presencia de óxido de etileno en los helados, –un producto muy consumido por los más pequeños, especialmente en verano, pero también por los adultos– extensiva su presencia a salsas y otros condimentos alimentarios. La principal agencia estatal de seguridad alimentaria y nutrición nos ha privado de información, ha actuado tarde en la retirada de los productos afectados y queda por ver qué tipo de sanción se propondrá para el caso.

«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política» (Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Pues eso, insistimos en el derecho que tienen los consumidores a estar bien informados.