Se puede decir que el francés es posiblemente el Estado europeo que más ha mantenido el espíritu colonialista, y para ello se pueden utilizar dos parámetros, el número de territorios ultramarinos que se encuentran bajo su control, y la falta de reconocimiento de las lenguas que están presentes en el Estado.

Por un lado, es uno de los estados de la Unión Europea que menos respeta los derechos de las lenguas, tal y como evidencia que el francés sea la única lengua oficial en toda su geografía. Por otro lado, la extensión de su territorio, más allá de las fronteras europeas: si se mira el mapamundi de la Unión que establece cuáles son las regiones ultraperiféricas, existen territorios que se consideran como parte indivisible del Estado a pesar de encontrarse “alejados” del llamado “Viejo Continente”. De las nueve existentes, seis son francesas: Martinica, Guadalupe y San Martín en el Caribe; Guayana francesa en el Amazonas; La Reunión en el Océano Índico y Mayotte en la costa africana.

A estos hay que añadirles el resto de lugares que Francia define como colectividades de ultramar, que están sujetas a la Constitución francesa, pero que tienen una mayor autonomía. Entre ellas las principales son Kanaky-Nueva Caledonia, la Polinesia francesa y Wallis y Futuna en el Pacífico. Existen también tres pequeños territorios insulares: San Pedro y Miquelon en el Atlántico Norte, San Bartolomé y San Martín en las Antillas. Se merecen una pequeña mención las tierras australes y antárticas (no reconocidas internacionalmente), y la isla de Clipperton, en donde no reside nadie durante todo el año, pero que tienen un valor estratégico.

Kanaky está muy presente en estos momentos en los medios de comunicación, ya que el pasado 12 de diciembre celebraba el tercer y último referéndum de independencia previsto en las negociaciones de Nouméa.

El informe presentado por Bernard Cerquiglini en 1999 establece que en el Estado francés se hablan 75 lenguas, de las cuales 54 se encuentran en los territorios colonizados de ultramar, y han sido reconocidas como patrimonio francés, aunque se calcula que existen otras 20 lenguas más que no han recibido dicho reconocimiento. Al igual que su situación geográfica, su cultura y sus lenguas, también difieren mucho la situación sociológica y sociolingüística. Existe también una gran diferencia respecto al territorio europeo, que radica en que, a pesar de que los sucesivos gobiernos han tratado de minorizar sus lenguas, al igual que en el territorio metropolitano, en la mayoría de los lugares siguen estando muy presentes en la sociedad, y en muchos lugares siguen siendo las lenguas mayoritarias.

Respecto a la presencia de dichas lenguas en el sistema educativo, es de subrayar que la gran mayoría no están reconocidas, por lo tanto no está permitido enseñarlas en la escuela. La votación en la Asamblea Nacional francesa de la ley “Molac” para la protección y la promoción de las lenguas llamadas regionales, y la posterior decisión del Consejo Constitucional de declarar dos de sus artículos anticonstitucionales, ha dado mucho que hablar sobre la política lingüística que ha llevado el Gobierno francés los últimos dos siglos y medio. En ese sentido, se ha destacado la falta de oficialidad de todas las lenguas excepto el francés, y la importancia de la escuela en su proceso de desaparición.

Durante este proceso parlamentario, se ha hablado de las lenguas del área metropolitana, ya que se trataba de una propuesta de ley que respondía a las peticiones históricas y sociales de dichas naciones. De hecho, en lo que respecta a la enseñanza en una lengua no oficial, las lenguas metropolitanas están mucho más avanzadas que las de los territorios de ultramar, y entre ellos el euskara es el que mayor fuerza tiene. En los territorios de ultramar la presencia de las lenguas autóctonas en la enseñanza pública es totalmente residual, y el modelo asociativo de inmersión como el de las ikastolas de Seaska en Ipar Euskal Herria, Diwan en Bretaña o Calandreta en Occitania, no existe.

La decisión del Constitucional contra el artículo sobre la inmersión ha supuesto un duro golpe a las escuelas asociativas, pero la ley puede suponer una gran aportación para las lenguas de ultramar. Por ejemplo, en Mayotte hasta ahora estaba prohibido enseñar en las escuelas en otra lengua que no fuese el francés, pero ahora, gracias a la ley, se podrían enseñar también el shimaore (dialecto del suajili) y el kibushi (variedad occidental de malgache), que son las lenguas autóctonas, y también las más usadas en el archipiélago, junto con el árabe. Para que esto se llevase a cabo, sería necesaria la movilización política y social, por lo que no está muy clara cuál será la utilización que se va a hacer de dichos derechos.

Presencia social, no escolar. Para poder interpretar correctamente la diferencia que se le otorga socialmente a la educación en las lenguas autóctonas, es necesario tener en cuenta varios factores, y entre ellos es importante la realidad sociolingüística, ya que en la mayoría de los territorios no europeos las lenguas no se encuentran en peligro de extinción, al contrario que en los territorios metropolitanos, en donde la educación es prácticamente el único instrumento para asegurar la supervivencia de la lengua.

Tal y como afirma la defensora de las lenguas de Wallis y Futuna, Fania Toa, «al contrario que en otras regiones de Francia, nuestras lenguas no están todavía en peligro, pero seguimos estando alerta».

En este sentido el escritor, profesor e investigador de sociolingüística y didáctica lingüística de la Universidad de Rennes Philippe Blanchet se muestra claro: «La ley Molac se ha concentrado en la gente que quiere volver a apropiarse de la lengua, enseñar a los niños que no lo hablan, porque en su familia se ha interrumpido la transmisión. Pero se han olvidado de que en las tierras de ultramar casi todos los niños hablan en las llamadas lenguas regionales, por lo que tienen unos derechos que Francia no respeta, principalmente tener una educación en su lengua».

La profesora titular de Derecho Público de la Universidad de Burdeos de origen reunionés, Véronique Bertile, es especialista en derecho de ultramar y en las lenguas del Estado, y se muestra muy crítica con la jurisprudencia del Consejo Constitucional: «Dice que la enseñanza de las lenguas regionales es facultativa, y no solo para los alumnos, también para la escuela. No es justo, tiene que ser facultativo para el alumno, pero obligatorio para la escuela el proponerlo». La jurista, que también fue embajadora delegada de cooperación regional en la zona de las Antillas y la Guayana, y consejera del Gabinete de la Ministra de Ultramar, denuncia que al ser facultativo no existe una verdadera oferta.

Miedo y colonialismo. Blanchet afirma que lo que lleva al Estado a comportarse de dicha manera es el miedo: «En los territorios de ultramar, el francés es minoritario en la mayoría de los casos, las lenguas autóctonas son de lejos las principales. El Estado tiene miedo, por eso sigue teniendo una política de enseñanza para tratar de imponer el francés, porque todavía no ha ganado a nivel de uso, ha ganado en el plano institucional y legal, es la única lengua oficial en la de la administración, es la lengua de prestigio, de la educación… El Estado sigue teniendo miedo del bilingüismo y del plurilingüísmo».

Dicho espíritu está tan marcado, que la página web del Ministerio de Educación tiene un apartado para el personal educativo, que en su mayor parte llega desde Europa, para explicar cuáles son los aspectos a tener en cuenta en «el dominio del francés en un contexto plurilingüe de la educación en los territorios de ultramar». Al tratar los elementos problemáticos subraya, entre otros, que «la situación lingüística de los territorios ultramarinos evidentemente no se aborde desde un ángulo político o institucional (colonialismo, jacobinismo, autonomismo, independentismo…), aunque el conocimiento de los elementos de contexto histórico puede ser útil a todo el personal».

Este manual, que trata de establecer cuáles son las características específicas de la enseñanza en los territorios de ultramar, se evidencia necesario al mirar los datos sobre la educación obligatoria entre los 3 y los 16 años, una importante tasa de analfabetismo, fracaso escolar, y una media de conocimientos básicos al salir de la escuela por debajo de la media, y respecto al territorio metropolitano.

El analfabetismo en el idioma francés es de media tres veces mayor que el estatal. Según los datos del Gobierno francés entre el 2009 y el 2017, en Mayotte alrededor del 50% de los jóvenes (16-25 años) eran analfabetos, el 29% en Guayana, el 20% en Martinica y Kanaky-Nueva Caledonia, el 16% Guadalupe y el 15% en La Reunión. También es muy alto el número de alumnos que en su paso de primaria a secundaria tienen un conocimiento insuficiente o muy limitado del francés. Las peores cifras se encuentran en Mayotte, que es del 75%, y en Guyana del 44%, respecto al 13,3% a nivel estatal. En cambio, en la Polinesia francesa, Wallis y Futuna y en Kanaky la práctica totalidad de la ciudadanía habla correctamente el francés.

«En algunos territorios de ultramar para la mayoría de las alumnas y los alumnos el francés no es su primera lengua, y aun así la escuela es exclusivamente en dicha lengua. Esto conlleva a una tasa de fracaso escolar enorme porque se obliga a los niños y niñas a seguir su enseñanza, incluso en los fundamentos más elementales, como leer o escribir, en una lengua que no es la suya», afirma Blanchet. A esto hay que añadirle la falta de material escolar adaptado, ya que todo llega desde Europa.

Bertile explica que la imposición del francés no solo llega desde París: «Hay que tener en cuenta la psicología de la sociedad, y de los presidentes de las regiones de ultramar, que en muchos casos están en contra de la enseñanza de las lenguas locales en la escuela. Psicológicamente, la política de la lengua francesa ha funcionado muy bien, han integrado lo que nos repiten desde 1789, y es que para tener éxito hay que hablar francés. En La Reunión, aunque hablen criollo, a una gran parte le da vergüenza hablarlo, y creen que no le corresponde un lugar en la escuela». En ese sentido afirma que «hay todo un trabajo pedagógico que hacer, y explicar que hay que aprender el criollo en la escuela para ser totalmente bilingüe».

Las diferentes situaciones lingüísticas. «Hay situaciones muy diferentes, por ejemplo hay territorios en los que prácticamente solo hay una lengua regional, en cambio en otros hay muchas, y todas no se encuentran en la misma situación. En algunos lugares las habla la mayoría de la población, pero en las zonas que tienen muchas lenguas no tienen muchos locutores. En ese sentido Nueva Caledonia y Guayana son las más complicadas. En donde más se habla es en Mayotte, y en La Reunión, en Guadalupe y Martinica, cada uno su criollo específico, y en Guayana también, en la parte que se usa el criollo, muchas veces son las únicas lenguas que se hablan», explica Bertile.

Aunque las culturas y las realidades sociolingüísticas sean diversas, todas tienen sobre sí el gran peso de la Constitución, y su artículo dos votado en 1992 que establece que “la lengua de la República es el francés”. Sobre la falta de respeto de los derechos lingüísticos, y respecto a la imposición que establece dicho artículo la profesora de Derecho afirma: «Hay muchos locutores, sobre todo entre las personas mayores, aunque también entre los jóvenes y los niños, que solo hablan su lengua local. La imposición del francés me parece horrible, inhumana e indigna desde el punto de vista cultural e identitario, pero, como soy jurista me llama la atención especialmente desde el punto de vista de los derechos, me parece que es un gran problema, porque no pueden acceder a ellos. Si no se comprende suficientemente el francés, ¿cómo se puede entender lo que dice el juez en un proceso judicial? Lo cual supone un problema de acceso a la Justicia, y lo mismo a nivel sanitario, y por supuesto en la educación, es lo más evidente». Y añade tajante: «Creo que es una fantasía de los franceses creer que todos los ciudadanos dominan el francés».

Falta de oficialidad. La falta de oficialidad coarta la mayoría de las reivindicaciones incluso antes de comenzar. En este sentido, es importante lo ocurrido en la Polinesia francesa o Porinetia Farani, como se dice en reo tahiti, la lengua de Tahití. En 1980 la Asamblea Polinesia estableció que el reo tahiti fuera oficial junto con el francés. En 1982 se implantó la enseñanza del tahitiano en las escuelas y se normalizó, pero con el cambio de la Constitución se perdió gran parte de lo conseguido.

La confrontación se planteó cuando la Asamblea Polinesia adoptó un reglamento según el cual los parlamentarios podían expresarse tanto en francés como en reo mahori, es decir, cualquiera de las lenguas polinesias del territorio, pero en el 2006 el Consejo de Estado estableció que eso estaba prohibido.

Además del reo tahiti, también existen el austral, el raivavae, el rapa, el marquesano, el paumotu y el mangareviano. Aunque la autonomía política posibilita tomar cierto número de medidas en su favor, las posibilidades son limitadas, y su presencia en las escuelas es muy reducida. Es verdad que gracias a eso se está dando una cierta recuperación, y en 2012 se calculaba que alrededor del 70% hablaba alguna de las lenguas polinesias. A pesar de ello el francés está tomando cada vez mayor lugar en la sociedad, y en el ámbito familiar.

La diputada y presidenta del Consejo General de Martinica Josette Manin, en su intervención en la Asamblea Nacional francesa en la discusión previa a la votación de la ley Molac, se refirió en concreto al caso de las lenguas criollas, como las habladas en las Antillas, de donde es originaria. «Allí 10 millones de personas hablan el criollo, Francia es multicolor y sus lenguas son el símbolo de su mestizaje cultural. El criollo nace de un proceso colonial en el que la base léxica es el francés, ingles, español… Las lenguas regionales son la herencia de nuestra historia común, sean cuales sean los reproches a nuestro pasado. Proponiendo generalizar su enseñanza, es nuestro pasado el que protegemos mirando al futuro».

En lo que respecta a La Reunión, la jurista reunionesa explica: «Más del 90% de la población habla el criollo. Está muy viva porque se habla en todas las familias, pero no tiene su lugar en la enseñanza, en ciertos servicios públicos hay tolerancia, pero en la justicia por ejemplo, no».

En Guayana se hablan alrededor de 40 lenguas, de las cuales 12 están reconocidas como lenguas que forman parte del patrimonio francés. Debido a esta situación sociolingüística, se calcula que el 40% de las niñas y niños de 10 años son plurilingües. El criollo guayanés es la lengua principal, aunque también están presentes otro tipo de criollos y el brasileño. Son de destacar las seis lenguas amerindias autóctonas que hoy en día tan solo habla el 5% de la población: wayana, wayampi, rawak (o lokono), emérillon (o teko), kali’na y palikur. Desde finales de 1990 se hace un cierto esfuerzo para integrar estas últimas en la enseñanza, aunque con una presencia mínima. En las escuelas en las que los alumnos llegan sin saber el francés, se han creado los puestos de ‘colaborador en lengua materna’, durante tres horas a la semana.

En Kanaky-Nueva Caledonia existen 28 lenguas kanak, aunque tan solo cuatro de ellas están en el programa de enseñanza y forman parte de las asignaturas opcionales para el examen de bachillerato, pero su enseñanza se reduce a dos horas y media a la semana. Se trata del paicï, el ajië, el nengone y el drehu. En el país, salvo en la capital Nouméa, las lenguas kanak están muy presentes en la sociedad.

Al haber tal riqueza lingüística, el número de locutores varía mucho, por ejemplo el sîchë en 2014 lo hablaban tan solo 20 personas. El más hablado es el drehu, con alrededor de 16.000 locutores. En total unas 69.000 personas hablan al menos una lengua kanak.

Walils y Futuna también forma parte de las colonias francesas en Polinesia, y geográficamente se encuentra entre Kanaky y Tahití. En dicho territorio se hablan el wallisiano y el futuniano, y respecto a la enseñanza, se puede decir que es de los lugares de ultramar en el que las lenguas autóctonas tienen una mayor presencia.

En San Pedro y Miquelon se erradicó totalmente la población amerindia béothuk poco después de la llegada de los europeos en el siglo XVI, por lo tanto, desapareció también su lengua.

Asociaciones, fuerza social. Una de las grandes diferencias entre del Hexágono y ultramar, es el movimiento social a favor de las lenguas y de su enseñanza que tienen una gran importancia en el primero, y que son prácticamente inexistentes en el segundo. Según Bertile, «ahora está empezando, pero solo desde hace unos cinco años, diez máximo. No se puede comparar con el País Vasco, Bretaña o Korsika, en donde hace décadas que están ahí, Seaska existe desde 1969, en ultramar eso no existe».

Añade en ese sentido: «Es importante que los electos locales, tanto un alcalde como el presidente de una región hagan un esfuerzo a favor de la lengua, como la toponimia, la señalización… Es importante que no venga desde las altas instancias institucionales, para eso el trabajo de las asociaciones es esencial, Seaska ha hecho que se haya desarrollado la enseñanza en euskara y Diwan lo ha hecho en Bretaña. Me parece que las iniciativas deben de venir desde abajo, y hacer presente la lengua en toda la vida pública».

La jurista explica que en La Reunión y en general en los lugares en los que la lengua autóctona es mayoritaria el apoyo social está llegando principalmente de mano de los artistas, y que eso está haciendo avanzar las cosas: «Sobre todo porque hay un despertar identitario y de orgullo cultural. A través de los actores, cantantes, humoristas… se oye el criollo fuera del ámbito familiar, y eso hace cambiar la idea de que el criollo no es una lengua bella, y que es una lengua inferior. Pero en las zonas en las que no se habla mucho, no hay ese ardor, porque no son muchos, no tienen los medios para asociarse… Asisten de manera impotente a la desaparición de su lengua y de sus tierras».

Bertile conoce bien la situación de Ipar Euskal Herria porque como jurista y profesora de Derecho Público participó en la defensa de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, en el proceso judicial que tuvo lugar tras la acusación del fiscal de Baiona por utilización ilícita de denominación oficial. «La asociación me contactó porque el prefecto no quería que se llamase así, e hice la consulta jurídica para ellos. Ganamos en primera instancia en Baiona, y en el recurso en Pau también. El prefecto dijo que se confundiría con una institución francesa, que sería la Cámara de Agricultura del País Vasco. Dije que como está en lengua vasca, todo ciudadano comprende que no se trata de una institución francesa. Fue uno de mis primeros casos concretos. Se puede decir que he colaborado un poco en ello, y es bonito».