En un nuevo Primero de Mayo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora y de buena parte de la que se identifica como clase media está sufriendo un recorte desmedido en Euskal Herria –sobre todo en los cuatro herrialdes del sur–, con una inflación anual que ronda el 10%, algo que no se veía desde la década de 1980.

Esa subida de precios se está notando no solo al repostar para llenar el depósito del vehículo profesional –ahí queda la protesta de los transportistas– o particular, sino también en cada compra en la frutería o en el supermercado. Es un hecho que no tiene contestación posible.

Como tampoco la tiene que ni en los mejores convenios firmados en Hego Euskal Herria se contemplaban revisiones salariales superiores al 3% para este 2022. Y, aunque también sea algo archisabido, cabe recordar que son muchos los trabajadores y las trabajadoras que llevan tiempo con los salarios congelados y sin actualizar la regulación de las condiciones laborales pese a contar con un convenio vigente.

Los “expertos”, especialmente los de los bancos centrales de EEUU y la UE, se pasaron todo el pasado año asegurando que el crecimiento de la inflación era «coyuntural», que los precios de la energía alcanzarían pronto su tope y volverían al redil. Pero eso no sucedió antes del 24 de febrero, fecha del inicio de la invasión de Ucrania por el Ejército ruso, y no está claro que vaya a suceder en lo que resta de 2022. Lo más curioso es que muchos “expertos” todavía vaticinan que la inflación dejará de ir a galope tendido a partir de abril. ¿Tienen alguna credibilidad?

Como el que no se consuela es porque no quiere, también están insistiendo, tanto desde foros económicos como desde instituciones y patronales, en que, en todo caso, a la hora de negociar subidas salariales en estos momentos habría que equipararlas a la «inflación subyacente», que viene a ser un indicador de la evolución de los precios de consumo “más fiable” que la inflación general –el habitual IPC– porque para calcularlo se eliminan los componentes «más volátiles», que, ¡vaya casualidad!, son los productos y servicios energéticos (gasolina-gasoil, electricidad, gas...) y los alimentos no elaborados (frutas, verduras...).

El truco reside en que, mientras la inflación general ha registrado en marzo un incremento del 9,8% en Nafarroa y un 9,5% en la CAV, la subyacente ha sido “solo” del 31,1% y del 3,4% respectivamente. Reflejo de hasta dónde ha llegado la preocupación social sobre esta cuestión es que incluso Pedro Azpiazu, el consejero de Economía y Hacienda de un gobierno tan alineado con los intereses de la patronal y en contra de los de la mayoría sindical vasca como el de Iñigo Urkullu, considera que lo «lógico» es subir los salarios en función de la inflación subyacente.

Pero trabajadoras y trabajadores tienen que afrontar tanto los gastos de la subyacente como del resto de componentes de la general, sin poder estirar a su gusto el salario, como sí hacen algunos “expertos” a la hora de interpretar la subida de los precios. Es decir, que en muchos casos, con el mismo sueldo que hace un año tienen que pagar el recibo de la luz –en el Estado español el coste de la electricidad se ha duplicado: 107,8% interanual– y también el pescado, la carne, el alquiler, la hipoteca...

En Ipar Euskal Herria también están afrontando una inflación alta, aunque al compararla con la del sur del país no lo parezca tanto. En marzo, el IPC interanual del Estado francés se incrementó un 4,5%, con una subida de un punto sobre el mes de febrero, lo que es otro dato alarmante.

Una reforma laboral sin grandes cambios. El actual contexto sociolaboral en Hego Euskal Herria también está marcado por los efectos de la limitada reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y convalidada in extremis en la rocambolesca sesión del 4 de febrero en el Congreso de los Diputados. El «nuevo marco de relaciones laborales» pasó el corte por un solo voto ya que no contó con el apoyo de las fuerzas progresistas que sacaron adelante la investidura del presidente español.

Ni EH Bildu ni ERC vieron satisfechas sus aspiraciones para «derogar» los contenidos más lesivos de la anterior reforma laboral en el Estado, la que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso el PNV optó por no apoyar al Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos.

Las formaciones vascas, en línea con las demandas encabezadas por ELA y LAB, reclamaron que se fijara negro sobre blanco que los convenios suscritos en Hego Euskal Herria –a nivel autonómico o de herrialde– prevalezcan sobre los firmados en el ámbito estatal.

Como marca la experiencia de muchas décadas, este punto es clave a la hora de defender el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras vascas, así como de las futuras pensiones a las que tendrán derecho. Porque, según constataba el diario “Expansión” en base a las cotizaciones registradas por la Seguridad Social en junio de 2021, los salarios medios más altos en el Estado corresponden, por este orden, a Araba (2.338,8 € brutos al mes), Gipuzkoa (2.329,9 €), Bizkaia (2.302,1 €) y Nafarroa (2.163,0 €). Les siguen Madrid (2.149,3 €) y Barcelona (2.131,6 €).

La media estatal se queda en 1.923,6 euros brutos al mes y, además de reflejar una realidad bastante diferente a la de Hego Euskal Herria, es la referencia que toma el Ejecutivo de Sánchez para ir subiendo, poco a poco, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha quedado en 1.000 euros brutos en catorce pagas tras el acuerdo suscrito con CCOO y UGT.

Sin dejar al margen la precariedad persistente entre asalariados y autónomos –todavía es pronto para valorar la efectividad de la citada reforma laboral en su intento de impulsar los contratos indefinidos–, ni la elevada tasa de desempleo –por encima del 11% de la población activa, con más de 150.000 personas en paro en los cuatro herrialdes del sur–, la defensa del poder adquisitivo se antoja como un elemento central de la lucha de las clases populares en un escenario que, en lo que respecta a Euskal Herria, no acaba de dibujar un horizonte “postcrisis”.