Ya está vigente la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022, de 8 de abril), con la que empezamos a entrar en la senda sensata de poner freno al exceso de plástico que se produce y consume en el mundo. Aunque tarde, a la vista de la situación desesperada medioambiental, es bien acogida porque tiene por objeto sentar los principios de la economía circular.

Entre los principales impactos de los residuos sobre el medio ambiente, el cambio climático y las basuras marinas son los focos de actuación prioritaria y un área urgente de intervención es el plástico. Y no es de extrañar, no sólo porque su producción ha crecido de forma exponencial en pocos años, también porque sólo se recicla una cuarta parte de lo recogido y casi la mitad termina en vertederos. Como nota destacada, según la Comisión europea, en el 2020 los plásticos alcanzaban el 75,9 % de los residuos registrados en las playas del Estado español, que cuenta con una amplia superficie marina y es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica. Una vez los residuos entran en las aguas, arrasan con todo tipo de vida.

Así las cosas lo que no se consigue con medidas educativas y de concienciación pasa al plano de las coercitivas, es decir medidas fiscales, y es la novedad que aporta la nueva ley. Se trata de la creación de un impuesto sobre envases de plástico no reutilizables y de un impuesto a la incineración, coincineración y depósito de residuos en vertedero, así como la obligación que impone a las entidades locales de desarrollar en un plazo de tres años, una tasa o prestación patrimonial pública no tributaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan. Lo hemos visto con el uso de bolsas de plástico en los supermercados, pero los hábitos –los “malos” hábitos– no se van de pronto ni con impuestos.

Toca despedir todo tipo de envases de plástico de un solo uso y fomentar la venta a granel en los establecimientos. Los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 m2 o más tendrán que contar con, al menos, un 20% de su área para productos sin embalaje primario, con venta a granel o a través de envases reutilizables.