La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que la actualización del precio del alquiler pueda hacerse anualmente y por lo general el índice más utilizado para ello es el IPC, salvo que en el contrato se recoja otra cosa. Es decir, el porcentaje de variación del índice de precios al consumo se verá reflejado como incremento en la mensualidad de alquiler. Sin embargo, este año, con la inflación disparada, las tornas han cambiado aunque de forma temporal.

A través del Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo, y en concreto en su artículo 46, el Gobierno español limitaba de forma extraordinaria la actualización de la renta para los arrendamientos urbanos estableciendo un máximo de subida del 2%. Esta medida, en principio, vino motivada por el conflicto en Ucrania y otros factores como la subida de los carburantes, la energía y las materias primas.

Pero el periodo de vigencia que se contemplaba (mes de junio) hubo que prorrogarlo ya que la inflación seguía subiendo, y en la actualidad esta contemplado que la medida de contención se prorrogue hasta el próximo 31 de diciembre. Eso si la situación mejora, aunque visto el comportamiento de las empresas por no perder márgenes de beneficio, está claro que lo que sube ya no baja y encima se cronifica, por lo que se apuntan nuevas prórrogas.

Este límite del 2% se decidió en base al Índice de Garantía de Competitividad, la media de la inflación de todos los países que utilizan el euro.

Los contratos afectados son los que toca actualizarse entre los meses comprendidos entre abril y diciembre, por lo que los contratos que se actualizaron en meses anteriores no se tocan, ya que la medida de carácter “temporal y excepcional” no tiene carácter retroactivo, ni tampoco puede sufrir una nueva actualización dentro del año que se contempla normativamente hablando.

Esperemos que con los fondos europeos que han llegado para la construcción de pisos sociales de alquiler, el Gobierno de Gasteiz se emplee “a fondo” para sacarlos adelante porque muchas familias ya no dan más de sí.