El corredor energético que desconecta México

El Proyecto Integral Morelos, paradigma desarrollista de México desde 2006, siembra la violencia en tres estados y criminaliza la resistencia. El frente opositor pide sin éxito responsabilidades al Gobierno español, que financió el gasoducto construido por Elecnor y Enagás, empresas con presencia en Euskal Herria.

Todo el mundo sabe quién es ‘El Profesor’ en Amilcingo, pero no todo el mundo lo saluda en este pequeño municipio al sur de Ciudad de México. Hace años que ‘El Profesor’ por seguridad siempre se mueve en coche y de día. El Proyecto Integral Morelos (PIM) ha provocado una férrea resistencia a lo largo de los tres estados mexicanos directamente afectados, Morelos, Puebla y Tlaxcala, también mucha violencia desde que fue incluido en el plan de desarrollo del país norteamericano durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-12).

Recorrer a pie Amilcingo parece seguro, pero resulta un riesgo demasiado elevado para personas como ‘El Profesor’. Su hija y su hijo son conscientes y por eso acompañan a su mamá cuando sale a por algún mandado. Amilcingo, con menos de cuatro mil habitantes, apenas tiene un puñado de calles, pero son demasiadas las esquinas. Aun así, la familia no evita los encuentros colectivos, la compañía minimiza los peligros. Esta mañana ‘El Profesor’ visita el cementerio para recordar a su amigo Samir Flores, asesinado por su oposición al proyecto energético.

El día en el que el líder comunitario hubiera cumplido 40 años, el pasado 2 de agosto, su viuda, Liliana Velásquez, sus tres hijas y su hijo, además de amistades cercanas, se citan en el camposanto, un rincón ecléctico en el que los difuntos reposan junto a centenares de jarrones color arcilla rotos o medio enterrados, restos de flores ya esqueléticas y vidrios de bebidas desperdigados. En el recordatorio al defensor de derechos humanos suena la música de Mercedes Sosa, o del rapero Van-T, también presente, forjando un ambiente que ni es calmado ni es tenso, quizá las dos sensaciones al mismo tiempo, sobre todo cuando alguien no esperado irrumpe en el recinto.

«Podemos morir en el camino y de todas maneras hay que dar la batalla». Así le repetía Samir a su amigo Juvenal Solís, quien recuerda sus visitas «para levantar a la gente» de Huexca, a media hora en carretera, allí donde hay proyectadas dos termoeléctricas del PIM, una de ellas ya en pie. Hasta allí iban, «a pesar de que la cabeza de Samir tenía precio». Hasta que lo mataron, asiente con el rostro entristecido su amigo de la infancia.

A Samir Flores lo mataron en Amilcingo la madrugada del 20 de febrero de 2019. Todavía estaba oscuro cuando un joven llamó a la puerta de la casa de sus padres y ahí mismo, en el quicio, lo mataron. Su vida costó dos balazos. Más de tres años después hay una persona en prisión, pero los autores intelectuales continúan impunes. «Los abogados creen que es un caso difícil por quién está detrás, o bien cierta autoridad o bien el crimen organizado. Esto es muy duro, vivimos con mucha incertidumbre», comparte Velásquez delante del nicho de su marido. No confía en la justicia, aclara, pero sí en la resistencia, y recuerda la enseñanza de Flores: «Las luchas son procesos». Y sonríe, Liliana Velásquez sonríe junto a la tumba de Samir Flores.

Un fantasma visible. El gasoducto de más de 170 kilómetros que forma parte del PIM atraviesa Amilcingo en un trazado sinuoso que sortea unas fincas y no otras, la diferencia entre quienes han rentado el subsuelo de sus tierras y quienes no han cedido al llamado desarrollo. El recorrido oficial no es público, según las autoridades, por cuestiones de seguridad nacional. El ducto, cuya finalidad es mover gas procedente de Estados Unidos, nace en Taxco (Tlaxcala) y acaba en Huexca (Morelos), pasando por el estado de Puebla. Al megaproyecto energético se suman la termoeléctrica de Huexca, dos acueductos y una línea de torres de alta tensión.

Los impactos que denuncian las comunidades afectadas son múltiples y varían por zonas. Juan Carlos Flores es abogado y también defensor de derechos humanos. Estuvo diez meses en prisión acusado de motín, extorsión, despojo y ataque a obra hidráulica; y, tras el allanamiento de su domicilio y recibir amenazas, forma parte de un mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación de México. Conoce al dedillo las implicaciones del PIM y de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), el paraguas que une a gran parte de los colectivos y comunidades en resistencia. Autor del informe “El desarrollo… del despojo”, manifiesta que «cualquier funcionamiento del PIM es ilegal» porque hay amparos aún vigentes.

El PIM es un fantasma muy visible en los tres estados mexicanos, con la termoeléctrica de Huexca expulsando vapor de agua, con los postes amarillos del gasoducto trazando sus giros sin aparente sentido, con varios parques industriales creciendo a un intenso ritmo. «Oficialmente dicen que el ducto está funcionando, nosotros creemos que no», narra Jorge Vázquez, ‘El Profesor’. Ante las preguntas de este medio, las empresas no han querido aclararlo.

En Huilatepec la tubería, que se construyó a pesar de la oposición del pueblo, también hace extraños recorridos y discurre por lugares en los que no debería estar. El comisario ejidal Ángel Quintero muestra cómo hay tramos a dos metros de una construcción. «No se pueden cultivar plantas con raíces medias y hay árboles. No puede haber tractores y los hay. Y la gente quema rastrojos, ¿y si hay un escape?», reflexiona en alto la autoridad indígena del municipio.

Los derechos de los pueblos originarios atraviesan la problemática en torno al megaproyecto porque, atendiendo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las decisiones comunitarias no se pueden obviar. Después de cinco años de luchas, en Huilatepec se realizó la consulta, pero denunciaron malas prácticas y sobornos. «Vamos a otro litigio. Hay un recurso en la Corte Suprema. Hay gente que dice que cómo se va contra el Gobierno, pero el Gobierno somos nosotros», narra Quintero, mientras comparte unas pitahayas rosas que él mismo cultiva.

El PIM ha sobrevivido a todos los presidentes. Tras Calderón, fue impulsado por Enrique Peña Nieto (2012-18) y actualmente es una pieza clave para la industrialización que defiende Andrés Manuel López Obrador (2018-actualidad), que dijo no apoyarlo cuando era candidato, una traición que muchos le recuerdan por estas tierras. En la conversación participa Juan Carlos Flores, que recuerda que el PIM provoca daños en el aire, en el agua y en la tierra, además de haber supuesto el encarcelamiento de más de una decena de personas y la judicialización de otra treintena.

El principal impacto de la termoeléctrica recae sobre la comunidad de Huexca, a 300 metros de la planta. En 2015, en fase de pruebas, los ruidos rompieron varios cristales y provocaron vómitos y afecciones a los oídos y al sistema nervioso de algunas personas. Este tipo de centrales emiten óxidos de nitrógeno y de azufre que afectan a las vías respiratorias, oxidando al mismo tiempo los cultivos. Y Huexca es, por cierto, eminentemente agrícola.

Presencia del crimen organizado. En el fuego no paran de calentarse quesadillas y de la nevera sale una jarra de zumo de maracuyá. La cocina de doña Ángela es sabrosa en sabor y en ambiente. Sobre la mesa esperan unas longanizas con salsa roja y frijoles. El refrigerio sirve para contextualizar algunos de los centenares de detalles de este macroproyecto que recuerda a la Hidra de Lerna, un monstruo colosal con múltiples cabezas. Que fuera terreno privado y no ejidal y que Huexca sea un pueblo pequeño sin historia de lucha fueron los argumentos que llevaron a la central a estas coordenadas. Aquí la resistencia del Frente de Pueblos, con caras visibles como la de Teresa Castellanos, comparte escenario con la amenaza reaccionaria de los grupos de choque y con la violencia del crimen organizado.

Tres días después de la muerte de Samir Flores, el nombre que sale en todas las conversaciones y el rostro que aparece en muchas de las pintadas callejeras, hubo una consulta indígena que se opuso al PIM. «Sacamos 15 copias del acta por seguridad y la original está guardada. La termoeléctrica se tiene que ir porque así lo decidió el pueblo», sostiene Castellanos.

Ya en las calles de la comunidad, Teresa y doña Ángela, como todos llaman a Ángela Pérez, muestran las cicatrices de la central de ciclo combinado. «La CFE [Comisión Federal de Electricidad] dijo que iba a hacer una clínica de dos pisos y un kinder [guardería]. La clínica yo no la conozco. La harían en el camposanto», ironiza Castellanos. La carretera de entrada a Huexca está llena de baches. «Antes teníamos calles bonitas, eran pisables, pero con los carros de volteo y de carga nos las han descompuesto», comparte Castellanos. Su relato habla de violencia, de los plantones que hicieron durante meses, de golpes, de que esta zona es volcánica y de que el gasoducto y la termoeléctrica están en el camino de evacuación si “don Goyo”, como llaman al volcán activo Popocatépetl, ruge y escupe. Hablan del ruido y de que van a ganar la lucha.

Capital vasco. La CFE es la empresa pública responsable del proyecto, para el que ha contado con empresas extranjeras como Elecnor y Enagás, ambas con presencia en Euskal Herria. Un consorcio formado por estas dos compañías ha sido el encargado de construir el gasoducto, contando para ello con financiación pública del Estado español a través del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa), dependiente del Ministerio de Comercio, que ha otorgado un crédito de 50 millones de euros. Ninguna de estas compañías ha contestado a las preguntas de este medio. La italiana Bonatti también está presente en el proyecto.

«Es un ejemplo claro de las consecuencias que tienen las alianzas público privadas, por las que las empresas consiguen unos contratos muy beneficiosos que les garantizan la rentabilidad, mientras que el Estado asume todos los riesgos de la inversión», recoge el informe “Internacionalización empresarial ¿a cualquier precio? Megaproyectos internacionales con participación vasca en México”, elaborado por Júlia Martí Comas para Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Una delegación del Frente de Pueblos visitó el Estado español días antes del estallido de la pandemia. Se reunieron con el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que solicitaron compromisos. No han vuelto a saber nada. Fuentes del Ministerio explican que con la pandemia se interrumpió la actividad, pero que «en todo caso el Ministerio es conocedor del asunto y se le da seguimiento». La misma delegación también se citó con el FIEM aunque, según la misma fuente, el recibimiento no fue agradable. El Ministerio de Comercio no ha respondido a 7K. Por su parte, diversos colectivos han pedido una auditoría y la retirada de la financiación.

Esa misma delegación de activistas visitó Euskal Herria, manteniendo encuentros con partidos políticos y con el comité de empresa en Gasteiz de Elecnor, que firmó una carta de apoyo al Frente. «La participación de Elecnor evidencia la necesidad de generar mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que la actividad de las empresas vascas en el exterior genere grave vulneraciones de derechos», escribe Júlia Martí, implicada en Euskal Herriak kapitalari planto!, la plataforma que aboga por la creación de un centro vasco para «encauzar sanciones» a las transnacionales que no respeten los derechos humanos.

En 2012, Elecnor adelantaba que el gasoducto entraría en funcionamiento a mediados de 2013. La CFE también anunció que la planta de ciclo combinado, construida por Abengoa, estaría operativa a finales de 2020, si bien las comunidades aledañas a la planta creen que aún no está en operación. Lo que sí fluye es el dinero. «Los contratos funcionan bajo la lógica del denominado take or pay, donde el Estado se compromete a pagar el transporte del gas natural, lo consuma o no (…) La CFE tiene que pagar una cuota mensual por el transporte de gas natural, aunque el gas no sea consumido», escribe el abogado Juan Carlos Flores, quien indica que desde 2016 la CFE paga al gasoducto dos millones de dólares mensuales. El informe de OMAL habla de garantizar la rentabilidad. A finales del año pasado, Enagás y Elecnor vendieron al fondo de inversiones australiano Macquarie su participación en el ducto por 154 millones de euros.

El agua de Zapata. El agua es básica para mover las turbinas de la termoeléctrica y aquí llega otro de los impactos del PIM, el acaparamiento de una parte del caudal del río Cuautla, destinado a abastecer una decena de ejidos del municipio de Ayala. Desde 1923, por decreto presidencial y tras la lucha del movimiento zapatista, el agua y la tierra cambiaron de manos, de las grandes haciendas al pueblo del que era natural el revolucionario Emiliano Zapata. “Tierra, agua y libertad” fue la consigna esgrimida en esta esquina del estado de Morelos. Y lograron tierra y agua, porque no obtuvieron una concesión, sino la propiedad, extremo muy poco habitual. Por eso, cuando comenzaron las obras para entubar el agua del Cuautla, el pueblo las paró. Un plantón que duró cuatro años. Finalmente fue desalojado con violencia el 23 de noviembre de 2020. En el camino, y esto sí es frecuente, «se compraron conciencias».

Herminio Chávez García, comisario ejidal de Moyotepec (Ayala), recuerda los hechos en el mismo lugar en el que estuvo levantado el plantón, un cruce de caminos: «Nos extorsionaban, nos llamaban por teléfono con amenazas. Hay temor, no andamos seguros». A su lado, cargada con abundante documentación, Antonia Nava, doña Toña, del Comité en Defensa del Agua de Moyotepec, recuerda que la resistencia no ha sido solo física, sino también legal, hay 19 procesos abiertos por diferentes razones, consulta ciudadana, agua, contaminación… una lucha liderada por mujeres como ella.

Junto al río Cuautla a su paso por la Planta Tratadora de Aguas Residuales, la cuestión se complica aún más, porque la instalación destinada a devolver el agua en buen estado «la regresa contaminada. Es agua de muerte para nosotros», lamenta con enfado y preocupación Chávez. Y añade: «Yo riego con esta agua, pero no me mojo». Ahora habla desde la taza del canal de San Esteban, desde donde el vital líquido se distribuye a cinco ejidos.

En la conversación participa Samantha César, de Amilcingo: «Las alianzas son básicas para los pueblos, se genera solidaridad». Camina convencida de que «las luchas no se pueden hacer solas», el mismo diagnóstico que comparte con una serenidad impactante doña Toña: «Esto es una lucha por los derechos humanos. Vamos lentos, pero muy seguros. Nos han amenazado, nos han ofrecido dinero. ¿Qué quieren?, nos han preguntado. Queremos el agua».

Preso político. Por el agua también luchan en Santa María Zacatepec, estado de Puebla. Y lo hacen de muchas formas: con la radio comunitaria Zacatepec-Tlaxcalancingo, con las continuas denuncias a los vertidos industriales que contaminan el río Metlapanapa, y también con la ocupación y el cierre de la planta embotelladora de agua Bonafont, que se nutre de los acuíferos.

En la intersección de tres volcanes, la Malinche, Iztacíhualt y Popocatépetl, el subsuelo es una balsa de agua. En mayo de 2021, cerca de Santa María Zacatepec, se abrió un socavón de unos 126 metros de diámetro y 45 de profundidad. Los activistas Marcelina Barranco y Alejandro Torres abren la valla que rodea el inmenso agujero: «¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos si nos arrebatan el agua y las tierras de cultivo?», se pregunta el matrimonio, que saben lo que son las amenazas, el encarcelamiento y la represión. Es jueves y, como cada quince días desde hace dos años, su compañero Miguel López Vega acude a los juzgados para firmar por los delitos que se le imputan en su defensa del río Metlapanapa. La resistencia lo considera el primer preso político de la era López Obrador.

Sobre la superficie de un subsuelo acuoso, también pasa el ducto, que hace paradas en esta zona para abastecer de gas a los corredores industriales de Puebla. El abogado Juan Carlos Flores lo contextualiza: “El PIM es la infraestructura necesaria para ofrecer el territorio al capital transnacional industrial y extractivista».

Proiektu energetikoak Mexikon

Morelos Proiektu Integralak indarkeria Mexikoko hiru estatutan erein eta erresistentzia kriminalizatzen du. Oposizioko fronteak erantzunak eskatzen dizkio Gobernu espainolari, Elecnorrek eta Enagasek, Euskal Herrian presentzia duten enpresek, eraikitako gasbidea finantzatu baitzuen. Proiektuak airean, uretan eta lurrean kalteak eragiten ditu eta, dozena bat pertsona baino gehiago espetxeratzeaz gain, beste hogeita hamarren auzipetzea ere ekarri du. Termoelektrikaren inpaktuaren eragin nagusia Huexcako komunitatean gertatu da. Hain zuzen, bere isuriek gizakien osasunean eragina izateaz gain, nekazaritzatik bizi den eremu batean kokatuta dago.