Una sentencia a la que que ha tenido acceso este periódico dictamina que la Universidad de Navarra (misión apostólica del Opus Dei) tenía obligación de tributar por las matrículas gratis concedidas a sus trabajadores en concepto de «retribución en especie», cosa que no ha hecho jamás. Este dictamen del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra (TEAFN), que el Gobierno ha tenido que firmar en conformidad, da la razón a los inspectores de Hacienda que en su día levantaron un acta sancionando a la universidad por este motivo. Pero este acta jamás se ejecutó, ya que fue bloqueada por la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, como quedó probado en la comisión de investigación de la pasada primavera tras la carta de dimisión de Idoia Nieves.

La sentencia afecta a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, dado que UPN y PSN acordaron después una ley para eliminar como retribución en especie el pago de matrículas de estudio. En la práctica, se tradujo en una salvedad «ad hoc» para favorecer a la misión apostólica opusiana. La sentencia sí introduce un matiz al aceptar parcialmente las alegaciones presentadas por la Universidad, entendiendo que no debe tributar por el precio de mercado de las matrículas, sino por el coste que le suponen esos alumnos.

El sistema de cálculo aún no se ha fijado y la pelota vuelve a estar en Hacienda, que recibió la sentencia hace solo unos días. Hay que precisar que la reunión de los jueces en la que se tomó la decisión tuvo lugar el pasado 12 de febrero. Estuvieron presentes Ignacio Amatriain, José Miguel Laguna, Pablo García y Pedro Albete (todos vocales) y ejerció de secretaria Raquel Errea. La firma del Gobierno navarro aceptándolo se produjo el 4 de marzo.

La existencia de este conflicto afloró durante la comisión de investigación que siguió a la dimisión fulminante de Idoia Nieves. La propia ex directora gerente citó la actitud de Lourdes Goicoechea en este conflicto como uno de los motivos de su dimisión. A su entender, la consejera estaba traicionando a los técnicos de Hacienda al posicionarse del lado de la Universidad. Literalmente, Nieves denunció haber recibido «presiones» e la consejera para tratar de cambiar el criterio de los inspectores actuantes. Y existen documentos que corroboran este extremo. En particular, un correo electrónico en el que Goicoechea instaba a Nieves a paralizar el expediente sancionador, al que se refería como «una faena» para el centro universitario. En ese mensaje, Goicoechea le advertía de que la decisión de levantar este acta le parecía «tremenda».

La versión de UPN se cae

El acta en concreto que Hacienda levantó contra la Universidad tiene un número de identificación (el 863059). Aunque este periódico desconoce su cuantía exacta, durante la comisión de investigación Goicoechea reconoció que superaría el millón de euros. En ese momento, la consejera justificó su actuación diciendo que era un tema que no estaba claro y que el caso lo estaba valorando un tribunal. Goicoechea hacía referencia al TEAFN, cuya sentencia hace pública hoy GARA. Es decir, el argumento en el que se refugió la consejera ya no sirve.

Es más, también resulta llamativo que a lo largo de las 60 páginas de sentencia el tribunal no parece compartir siquiera remotamente la posibilidad de que la Universidad estuviera exenta de dicho pago. De hecho, todos los fundamentos de derecho citados para determinar si la gratuidad de los estudios constituye o no un pago en especie derriban una por una las alegaciones de la universidad. Cabía poca discusión, dado que en la ley tributaria que le era aplicable a la Universidad se cita expresamente (en el apartado G) esta consideración.

Pese a ello, Goicoechea se agarraba de forma casi literal a los argumentos del Opus. Y eso la ahora deja en evidencia, dado que la sentencia del TEAFN decreta lo siguiente: «Consultadas múltiples fuentes doctrinales y jurisprudenciales; de ninguna se desprende una interpretación de la gratuidad o bonificación de las matrículas como la propuesta por la reclamante».

El tribunal da un paso más allá en la sentencia, advirtiendo que no solo son inválidos los argumentos de la Universidad, sino que el centro privado tenía la obligación de notificar estos pagos en especie: «La interesada nada declaró en concepto de retribuciones no dinerarias del trabajo a lo largo de los períodos a que se contraen las actuaciones inspectoras y, desde luego, alguna cantidad sí debió ser objeto de declaración». A consecuencia de ello, el tribunal avala la decisión de los inspectores de Hacienda de sancionar a la Universidad.

En realidad, previendo la obligación de tributar este concepto en el IRPF, la Universidad centra sus alegaciones ante el tribunal en intentar que no se le impute el precio de mercado de las matrículas, sino el coste tienen para el centro esos alumnos. Pero el Opus se excede en sus pretensiones cuando intenta alegar que esos alumnos que estudian gratis en sus centros no suponen ninguna carga, extremo que el tribunal juzga absurdo y que rebate con apoyo de varias sentencias.

 

Las tres advertencias de Idoia Nieves: el Opus, VW y Osasuna

La comisión de investigación posterior a la dimisión de la exgerente de Hacienda Idoia Nieves acabó siendo eclipsada por la promesa, después truncada, de que el PSN apoyaría una moción de censura y obligaría a Yolanda Barcina a adelantar elecciones. No obstante, los argumentos sobre los que Nieves afianzó su dimisión han marcado el devenir político desde entonces. La sentencia conocida en estas páginas demuestra que la consejera de Economía y mano derecha de Yolanda Barcina estaba defendiendo una postura contraria a Derecho e impidiendo a los técnicos de Hacienda tratar al Opus como al resto de contribuyentes. Pero las evidencias de la veracidad del testimonio de Nieves y la importancia de los motivos de su dimisión afloraron hace meses.

No han sido los maletines que, al parecer, salían de Osasuna para comprar partidos lo que pone en riesgo la continuidad del club, sino la deuda contraída con Hacienda. Sin embargo, hasta que Osasuna no descendió y se evidenció que no podía pagar, el aviso de Nieves cayó en saco roto. El caso tuvo que judicializarse para atisbar la gravedad de la actuación del fisco con Osasuna y, aun así, solo se ha conocido de forma fragmentaria con filtraciones del secreto de sumario. Así, se ha tenido conocimiento de que Nieves elaboró un informe en 2013 del que se desprende que el Gobierno concedía aplazamientos a Osasuna que el club incumplía de forma sistemática. Al final, se ha cifrado la deuda contraída por el club en 53 millones, aunque habrá que ver si en esa cifra se han incluido las sanciones y los recargos. Además, el expresidente de Osasuna, Patxi Izco, relató que un técnico de Hacienda conocía y escondió que había dinero destinado a amaños. Así, un año después de la declaración de Nieves, y solo después del escándalo público, se ha tenido que abrir una investigación al respecto.

Nieves también manifestó su disconformidad con la gestión del Gobierno de Nafarroa sobre el IVA de Volkswagen, en particular con la forma en la que se realizaron las devoluciones para intentar camuflar incumplimientos de déficit. Las advertencias de la exdirectora fueron desoídas, y este verano el conflicto se reabrió. Barcina avisó de que la viabilidad de Nafarroa peligraba y, al final, ha habido que modificar todo el Convenio.A.I