El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, vuelve a estar en el punto de mira de los tribunales españoles. Esta vez por criticar a la Guardia Civil tras la “Operación Mate” contra abogados vascos, que siguió a la “Operación Jaque” anterior contra la interlocución de EPPK. Según la querella presentada por Dignidad y Justicia y que se recoge en el auto sin que conste confirmación de lo dicho, Arraiz afirmó, en rueda de prensa el 12 de enero, día de las detenciones, que «era el momento de que el pueblo diera ‘jaque mate’ a la Guardia Civil y que esta se fuera de Euskal Herria, así como que el único escenario posible de paz, democracia y libertad estaba fuera del Estado español, por lo que había que irse cuanto antes».

En una segunda rueda de prensa, dos días mas tarde, afirmó que «iba a prescindir de metáforas y juegos de palabras y a decirlo más claro. Afirmó que en el actual escenario político vasco la única violencia es la del Estado español y la única amenaza violenta la de la Guardia Civil y resto de cuerpos represivos del Estado, que la Guardia Civil estaba reñida con un escenario de paz y democracia en Euskal Herria y que la operación llevada a cabo por la misma no tenía más sentido que la venganza y el robo, por lo que reclamaban que se vayan y nos dejen en paz, porque no los necesitamos ni los queremos».

Los tres jueces que conforman la mayoría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, –Roberto Saiz, Antonio García y el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra– sostienen que estas manifestaciones superan los límites de la libertad de expresión y que son «de extraordinaria gravedad» puesto que se refiere a la Guardia Civil «en términos ignominiosos, vejatorios e infamantes». A su juicio, «su intención denigratoria no ofrece duda« y «queda demostrada, básicamente, por el carácter cerrado, apodíctico y absolutamente descalificatorio de su discurso». Arraiz incurre en «la descalificación aprioristica plena y sin paliativos de la Guardia Civil».

Por ello, estos tres magistrados consideran que «las declaraciones son objetiva y gravemente injuriosas» y pueden incurrir en el delito previsto en el artículo 504.2 del Codigo Penal, castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

Por contra, descartan el delito de «ultraje a España» o «sus símbolos o emblemas», que también figuraba en la querella de Dignidad y Justicia.

Los tres magistrados señalan en su auto que admiten la querella porque responde a «un fin legítimo» como es el de «tratar de preservar y proteger la reputación de las instituciones y garantizar la seguridad pública y la defensa del orden». Lo llamativo es que dicha querella fuera presentada por una asociación como DyJ y no por quienes institucionalmente pudieron sentirse injuriados por las palabras de Hasier Arraiz.

Libertad de expresión

Frente a la opinión mayoritaria de la Sala, se han redactado dos votos particulares, firmados por Nekane Bolado y Francisco de Borja Iriarte, que consideran que lo dicho por Hasier Arraiz pertenece a la categoría de la crítica política y está amparada por la libertad de expresión, por lo que consideran inadmisible la querella de Dignidad y Justicia. Ambos magistrados recogen en sus textos abundante jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo y del Constitucional español como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nekane Bolado dice no compartir el «burdo y censurable discurso del querellado», pero sostiene que es penalmente irrelevante. Según la juez, lo que Hasier Arraiz hizo fue «formular una crítica política a una actuación de la Guardia Civil en la detención de nada más y nada menos que doce abogados y, ello desde su particular visión con respecto a los CFSE y de la política penitenciaria del Estado español, particular visión que rechaza la esencia de dichos cuerpos policiales del Estado y, en lo que ahora interesa, de la Guardia Civil como institución del mismo».

Por lo que respecta al voto particular de Francisco de Borja Iriarte, se fija especialmente en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Arlando Otegi, después de ser condenado en el Estado español por afirmar que el Rey era «el jefe de los torturadores». Estrasburgo señaló que las palabras de Otegi estaban amparadas por la libertad de expresión y por el hecho de que los funcionarios del Estado, en este caso la Guardia Civil, también están sujetos a la crítica política.

Desde la legalización de Sortu y la elección de Hasier Arraiz como su presidente, esta es la segunda vez que se ve sometido a enjuiciamiento por sus opiniones políticas. El pasado 28 de octubre se archivó otra actuación abierta contra él por declaraciones realizadas en noviembre de 2013 en una charla en el marco del aniversario de las muertes de Santi Brouard y Josu Muguruza. Entonces Dignidad y Justicia se querelló por enaltecimiento de terrorismo, y aunque ni el fiscal ni el juez vieron delito en sus palabras, el TSJPV ordenó incluso nuevas diligencias.

Arraiz también será juzgado en el TSJPV por su pertenencia a Batasuna en la causa que siguió a la redada de Segura.

El juicio a 8 jóvenes se aplaza al 11 de junio tras la protesta en la sala

El juicio contra ocho jóvenes vascos previsto para ayer terminó suspendido y con nueva fecha: el próximo 11 de junio. Tras la primera declaración, que correspondió a Maialen Etxeberria, los imputados dieron la espalda al tribunal, presidido por Ángela Murillo y exhibieron camisetas con los rostros de los siete jóvenes encarcelados hace tres semanas por su actividad política. Entre gritos de «Euskal gazteria aurrera» y aplausos del público, la sala fue desalojada. Posteriormente, la presidenta decretó la suspensión de la vista y una nueva fecha. La Fiscalía, sin embargo, no se conforma con eso. El representante del Ministerio Público, Miguel Ángel Carballo, y la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara, que ejerce como acusación popular, pidieron a la sala que se deduzca testimonio por la protesta y se abran diligencias por «desórdenes» en el interior del tribunal. Se trata de una solicitud inédita y podría afectar tanto a los imputados como al público presente en la sala, aunque depende de lo que decidan los jueces. La defensa, por su parte, alegó que los hechos no son graves.

Irati Sienra, Gotzon Elizburu, Maialen Etxebarria, Mikel Button, Aitor Anda, Garazi Mugertza y Mikel Moreno, miembros de Ernai, así como la periodista de Topatu.info Iraitz Salegi, están acusados de «enaltecimiento del terrorismo» por el acto de Gazte Danbada de 2013, en el que se mencionó a Xabier Lopez Peña, preso vasco muerto ese día en una cárcel francesa.A.P.

Sortu denuncia la persecución ideológica de la disidencia en el Estado español

Tras conocer la admisión de la querella contra Arraiz, Sortu reaccionó afirmando que «en el Estado español existe una persecución

ideológica contra la disidencia desde las instancias policiales y

judiciales». Denunció que se denuncie a su presidente por sus opiniones públicas, al igual que se está juzgando a varios jóvenes en la Audiencia Nacional por su ideología.

En una rueda de prensa, su portavoz, Pernando Barrena, señaló que Sortu y «la mayoría del país» creen que «la Guardia Civil y la Audiencia Nacional son herramientas de excepción en este país» y añadió que «su papel es nocivo desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos y políticos».GARA