La decisión del Tribunal Supremo español, que en realidad es oficializar lo que ya se desarrollaba de facto en prácticamente todas las salas, viene a apuntalar otra serie de medidas anunciadas en los últimos días que apuntan a un replanteamiento, aunque sea cosmético, del régimen de incomunicación por parte del Estado, asediado por las denuncias por torturas en instancias internacionales.

Hace una semana, en el Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, teatralizaba su enésima negación del tormento, pasaba la pelota a los jueces en los casos en los que el TEDH ha condenado a Madrid y, en el último suspiro, sentenciaba que de los últimos «80 presuntos terroristas detenidos [no especificó a quién se refería], a ninguno se le ha aplicado ya la detención incomunicada». Un hecho cierto y que, al menos en Euskal Herria, ha provocado un notable descenso en el número de denuncias. Desde 2012 han sido tres. Todos ellas bajo régimen de incomunicación.

Este mismo martes, una enmienda del PNV a la Ley de Enjuiciamiento Criminal transaccionada por el PP se vendía como un incremento de las garantías, asegurándose que al decretar la incomunicación el juez tendrá que emitir un auto «motivado». A falta de concretar qué es lo que los legisladores entienden por «garantías», habría que recordar que el actual régimen ya necesita del aval del magistrado en forma de auto. Es decir, que a no ser que exista letra pequeña, se anuncia como beneficio lo que ya existía y no protegía.

Da la sensación de que el Gobierno español, presionado desde la ONU o el Comité contra la Tortura, se está viendo en la obligación de «homologar» sus prácticas. Existe una endiablada lógica que dice que, en el contexto actual, violar los derechos humanos para el Estado no es rentable, mientras que sí lo era en otro escenario. Pese a ello, toda medida que se aplique será positiva si sirve para evitar futuros torturados.

Tampoco no se puede correr un tupido velo y hacer como que lo que el Estado ha perpetrado hasta ahora no tiene consecuencias. En primer lugar, es necesario el reconocimiento. Y no basta con medidas que asumen de hecho que antes sí se torturaba. En segundo, hay que afrontar los efectos inmediatos. Si el criterio sobre declaraciones policiales se hubiese aplicado antes, ¿cuántos presos nunca hubiesen sido condenados?