¿Se abre el melón?

Vivimos en un contexto histórico en el que el capitalismo, libre de alternativa sistémica, se radicaliza y pasa primero a ser global y más tarde muta de liberal a ultraliberal. La necesidad de incrementar la tasa de beneficio corporativo ha llevado al desmantelamiento progresivo del llamado estado del bienestar. En los países de la periferia europea, donde el estado del bienestar sólo se había implantado de una forma embrionaria, la situación se torna dramática porque se recorta desde una cota ya muy baja. Estas economías de segunda, subordinadas al centro europeo, han caído en una situación de rescate y protectorado directo o indirecto.

Esta crisis/transición ha afectado al Estado español de una forma especialmente intensa. La corrupción y el estallido de la burbuja inmobiliaria, unidas a carencias democráticas estructurales derivadas de la falta de ruptura con el sistema dictatorial anterior, así como el problema de la articulación de la naturaleza plurinacional del Estado han agravado el impacto. En otras situaciones de crisis el bipartidismo ha funcionado como un mecanismo de estabilización del sistema que mantenía viva la ilusión del cambio cuando sólo ofrecía recambio, un nuevo turnismo. Pero la duración y profundidad de la actual crisis y el hecho de que ambos partidos ofrezcan, con matices, las mismas respuestas han provocado una crisis del sistema bipartidista de consecuencias difíciles aún de calibrar. Esto ha alimentado la expectativa de que en la próxima legislatura se aborden reformas estructurales que algunos querrían enmarcar dentro de un proceso constituyente.

Creo que hay que relativizar las posibilidades de cambio real tras las elecciones españolas. A pesar de que la crisis del Estado es estructural y responde a un cambio de modelo, haber evitado el colapso total y la mejora macroeconómica, junto a cierto desgaste de las fuerzas alternativas, pueden hacer que el golpe al bipartidismo no sea tan acusado. Aunque las tendencias varían cada semana, parece que puede haber una cierta recuperación del PP que con Ciudadanos podría formar una mayoría, o minoría de bloqueo, conservadora-centralista. La disposición del PSOE al reconocimiento del derecho a decidir es nula, tal y como han aclarado por activa o por pasiva. En el terreno social la correlación de fuerzas es también esa. Podemos, que en enero tocó techo en las encuestas, se sitúa ahora en torno al 20% en las más favorables, y con tendencia a la baja. Un proceso constituyente, entendido como una refundación democrática del Estado, es a día de hoy muy complicado. No es descartable, sin embargo, la posibilidad de que se aborde un cambio constitucional destinado a aliviar tensiones cuya profundidad vendría determinada por la correlación de fuerzas político-sociales.

Hay que estar preparados para diferentes posibilidades. No sabemos si en la próxima legislatura se va a «abrir el melón» de un cambio profundo, o simplemente se va a «abrir el telón» para una nueva escenificación teatralizada de un cambio superficial. En todo caso se va a abrir un intenso debate y será fundamental para el soberanismo vasco de izquierdas estar representado de la forma más amplia posible en ese escenario. Habrá que estar en Madrid con la exigencia del respeto a los derechos de este pueblo y de su mayoría trabajadora, así como en cumplimiento de la solidaridad internacionalista para con los pueblos y personas del resto del Estado que necesiten nuestro apoyo. Las fórmulas de esa participación activa pueden ser variadas. Desde la presencia directa como EH Bildu a la articulación de una coalición con fuerzas de otros pueblos del Estado, pasando por la propuesta presentada esta semana de constituir una alianza entre las fuerzas de las izquierdas vascas. Habrá que debatirlo y definirlo.

El Manifiesto por una lista conjunta presentado esta semana no es una propuesta de EH Bildu, sino una propuesta que se hace a EH Bildu, entre otros. El planteamiento inicial de EH Bildu es intercambiar reflexiones con fuerzas soberanistas de otras naciones del Estado, en la línea del documento rubricado junto a CUP y BNG. Sin embargo, eso no significa que no se pueda y se deba analizar con detenimiento y sin apriorismos dicha petición. Vivimos un tiempo nuevo en Euskal Herria y también se vislumbra una opción de cambio en el conjunto del Estado, lo que obliga a evaluar esta propuesta a la luz del nuevo contexto. Sus puntos de partida ideológicos (giro social, proceso constituyente con reconocimiento del derecho a decidir y compromiso con el proceso de paz) no ofrecen demasiadas dudas. La idoneidad de articular en torno a estos ejes una lista conjunta es más cuestionable, aunque en todo caso, desde el máximo interés y respeto. Además, el rechazo casi inmediato de Podemos devalúa mucho su potencial recorrido y deja el debate reducido poco menos que a un ejercicio teórico.

En 2004 la izquierda abertzale solicitó al PNV, en la llamada propuesta de Bergara, concurrir en una lista conjunta a las elecciones generales, lo que también hubiera supuesto un enorme ejercicio de flexibilidad política en aras de una acción conjunta en la cuestión central del derecho a decidir. La inexistencia de una izquierda estatal alternativa fuerte ha hecho que nunca se haya planteado una posibilidad similar con respecto a ella. Quizá aún no sea el momento, o quizá no sea ésta la fórmula adecuada, pero lo que es obvio es que esta petición refleja el deseo de una buena parte de la sociedad vasca de que las formaciones de izquierda de este país mantengan un marco estable de colaboración en la búsqueda de sinergias transformadoras, cuestión con la que estoy de acuerdo y que me parece más importante que la fórmula concreta que se adopte para concurrir a estas elecciones.

Los derechos de este pueblo no dependen de la composición coyuntural de las instituciones españolas, sino que son inherentes a su existencia, y su reconocimiento y materialización sólo llegarán cuando sean planteados como una exigencia democrática clamorosa por la sociedad vasca. Hay un enorme potencial latente, basado en la voluntad mayoritaria de este pueblo de ser dueño de su futuro, esperando la chispa política que lo active. Pero en Euskal Herria la situación económica ha funcionado como un factor retardante y no como catalizador del proceso, ya que al ser mucho menos mala que en el resto del Estado hace que el marco actual se perciba, erróneamente, como un hecho diferencial positivo. A ello se unen los problemas derivados de la gestión del proceso de paz y el conservadurismo de la dirección del PNV, traumatizada por la época de Ibarretxe y temerosa ante la irrupción de EH Bildu como alternativa a su hegemonía sociopolítica.

En el contexto del debate sobre la reforma del Estado presentaremos nuestras demandas y en caso de que sean rechazadas seguiremos buscando formulas de activación de la mayoría favorable al derecho a decidir, quizás con ese rechazo como elemento desencadenante del proceso. Nafarroa, y en cierta medida Iparralde, ya se han convertido en referentes de lo que puede ser una nueva etapa en la política de alianzas para el cambio. Y con respecto al resto de Euskal Herria, hemos insistido durante toda la legislatura en que en la cámara de Gasteiz hay 48 parlamentarios y parlamentarias sobre 75 que defienden el derecho a decidir. En la próxima legislatura esos dos tercios pueden convertirse en casi tres cuartos, una mayoría abrumadora que permitiría abordar la cuestión desde una nueva perspectiva. Participar en el debate que se va a abrir en el conjunto del Estado es importante tanto para incidir en los resultados como para evidenciar sus previsibles carencias y articular una respuesta. Pero la esperanza de un cambio real pasa por activar fuerzas en Euskal Herria sin esperar a que desde fuera nos solucionen los problemas.