FAMILIARES LLEVAN A LAS PLAYAS EL COSTE ECONÓMICO Y PERSONAL DE LA DISPERSIÓN

FAMILIARES DE PRESOS VASCOS VOLVIERON A RECORRER LAS PLAYAS EN MEDIO DE UN SOFOCANTE CALOR PARA EXIGIR EL FIN DE LA DISPERSIÓN Y VISIBILIZAR UNA SANGRANTE POLÍTICA QUE AÚN PERSISTE Y QUE SEMANALMENTE, AñO TRAS AñO, LES OBLIGA A RECORRER MILES DE KILÓMETROS CON EL DESGASTE FÍSICO, EMOCIONAL Y TAMBIÉN ECONÓMICO QUE ELLO CONLLEVA.

«Es para que quienes están en la cárcel puedan regresar a casa». Con esas palabras le explicó mientras jugaban en la arena una niña a su hermano pequeño por qué tantas personas andaban por la playa con pañuelos blancos. Alrededor de 375 familiares y amigos recorrieron la playa donositarra de La Concha para exigir el fin de la política de dispersión.

No pasaron desapercibidos entre la multitud que a esa hora tomaba el sol, hacía castillos de arena o paseaba por la orilla, ni entre los turistas que caminaban por Alderdi Eder. Muchos de ellos se acercaron con curiosidad, preguntando sobre la naturaleza de la movilización, que también se realizó en las playas de Deba, Orio, Lekeitio, Ondarroa, Mundaka, Ea y Plentzia.

Solo en Donostia, Etxerat repartió ayer entre los viandantes, muchos de ellos turistas, 500 folletos explicativos sobre las consecuencias de la dispersión, entre ellas, la más grave, la muerte en carretera de 16 allegados en los últimos 25 años.

Escritos en varios idiomas, remarcan lo «injusto» de tener que seguir viajando y asumiendo «gastos desmesurados» por el simple hecho de mantener «nuestros lazos afectivos».

«Somos víctimas no reconocidas de una política penitenciaria que busca presionar a los presos mediante sus allegados. Somos víctimas de abusos, vejaciones, malos tratos y discriminación», subraya Etxerat.

En declaraciones a los medios, Josune Dorronsoro, familiar y miembro de Etxerat, denunció el riesgo físico y el fuerte desembolso económico que acarrea la dispersión, que tildó de «política de aniquilación».

«Estamos una vez más en las playas para hacer visible en la sociedad esta despiadada política impuesta por los estados español y francés y, para que toda persona que visite Euskal Herria sepa los cientos de kilómetros que cada semana debemos de recorrer», manifestó.

«Una política ante la que nos seguiremos revelando hasta traer a nuestros familiares de regreso a casa y vivos», destacó.

1.688 euros al mes

La detención y encarcelamiento de su hija, ahora en libertad provisional, le cambió la vida a María Miranda. Presa en Lyon, a 875 kilómetros de Euskal Herria, la dispersión supuso un antes y un después en el día a día de esta mujer. La lejanía se convirtió en fuente de constante desasosiego, porque «no puedes auxiliar a tu hija como quisieras, lo que como madre es realmente duro, y porque cada viaje es un quebradero de cabeza. En cuanto acabas una visita, ya estás pensando en cómo harás la siguiente. Y así, semana tras semana», señala a GARA.

«A Lyon he ido de todas las formas posibles. En avión cuando los billetes estaban a un precio asequible, en tren, por carretera... He ido desde Barcelona, París, Ginebra... En tres años y diez meses, fui 58 veces a Lyon», manifiesta. Algunos de los viajes los hacía en las furgonetas de Mirentxin. Sus ojos aún se humedecen y su voz se entrecorta cuando recuerda a estos conductores voluntarios, para quienes «no tengo palabras de agradecimiento porque, gracias ellos, tenía dos visitas semanales cubiertas y no tenía de qué preocuparme».

«Salíamos el primer y tercer viernes de cada mes por la noche. El sábado por la mañana, mientras hacíamos la visita, los chóferes, que siempre iban dos, aprovechaban para descansar y, después, emprender el viaje de regreso», explica. Sin Mirentxin, la cosa se complicaba y el viaje de ida y vuelta podía durar hasta treinta horas. En la actualidad, solo hay tres presos vascos en Lyon, lo que dificulta la coordinación.

«En 2012, mi hija me pidió que redactara un informe para presentar ante el juez sobre los gastos que suponía estar presa en Lyon. Del 20 de diciembre al 23 enero, hice un cálculo de 1.688 euros al mes. Se lo entregamos al juez con todas las facturas y justificantes», remarca.

1.688 euros invisibles para muchos. «Por eso estamos hoy aquí en las playas. Con nuestra presencia queremos sacar a la calle esta realidad. Somos un país demasiado pequeño para tener tantos presos –434, según el recuento de Etxerat actualizado el 2 de julio–», subraya. Junto a la denuncia, esta cita anual también cumple una función de «cohesión entre los familiares» frente a la soledad que también buscar imponer la dispersión.

El marido de Axun Aranburu lleva 14 años preso, 11 de ellos en Cáceres, a 657 kilómetros. Coincide con Miranda en la «angustia» que genera cada salida.

«Durante tres o cuatro años, iba en la furgoneta de Mirentxin. Hubo un momento en que salían tres furgonetas repletas para Cáceres y Badajoz. El ambiente era muy bueno y el regreso lo hacías acompañada por demás familiares, con quienes compartías tus vivencias y la visita. Pero, la cárcel de Badajoz empezó a poner las visitas a distintos días y horas, por lo que era casi imposible agrupar a todos los familiares. Eso se acabó, así que nos toca buscarnos la vida», comenta. Sin permiso de conducir, depende del transporte público, para ser más precisos de dos autobuses; uno de Irun a Madrid y otro de Madrid a Cáceres. «Salgo el viernes por la noche. Llego a Cáceres al mediodía, a la tarde hago la visita y el domingo, de vuelta», lo que le obliga a tener que dormir en hotel. «Ya no tienes el apoyo que ofrecen la furgoneta y los demás familiares. Estás sola en una ciudad que ni conoces ni por la que deseas pasear. Te metes en el hotel y a esperar a que llegue la hora de la visita», subraya. Dos viajes al mes le suponen 320 euros. «Es lo mínimo que gasto, sin contar la comida, claro», añade.

«Debemos hacer iniciativas como ésta, porque la unión, el ver a amigos y sentirte arropada, te levanta la moral. Queremos también que nos vean y nos oigan», incide Aranburu, que también denuncia el «inmovilismo» de los estados y de la clase política.