Tras la muerte, el 23 de julio de 1987, de Lutxi Urigoitia, a la que la Guardia Civil disparó, según el diario “El País”, «un tiro en la nuca a bocajarro», el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, Juan Piqueras, fue al cuartel de Intxaurrondo a interesarse por los detenidos en la operación policial en que resultó muerta.

El juez Piqueras, que se presentó en Intxaurrondo acompañado por un fiscal y dos médicos forenses, pretendía cumplir dos labores que entraban de lleno en el ejercicio de sus funciones. Por un lado, recabar el testimonio de los detenidos en cuanto a las circunstancias en que se produjo la muerte de Lutxi Urigoitia. Por otro, comprobar el estado en que se encontraban. De ahí que le acompañaran los médicos forenses.

Fue el primer y último juez que osó presentarse así en el cuartel de Intxaurrondo. Nunca antes se había atrevido ningún otro a hacerlo y, después de lo que le sucedió, mucho menos se ha atrevido nadie a repetir su experiencia. Desde entonces, ni un solo juez se ha presentado ni en Intxaurrondo ni en ninguna otra dependencia de las Fuerzas de Seguridad para interesarse por los detenidos incomunicados. Unos detenidos que se han contado por millares, la mayoría de los cuales ha denunciado haber sufrido torturas y/o malos tratos.

Cuando el juez Piqueras se presentó en el cuartel, los torturadores tuvieron que esperar hasta que se retirara para poder reanudar sus «hábiles interrogatorios», y está claro que aquello les molestó sobremanera. También molestó mucho al Gobierno, cuyo portavoz, Javier Solana, más tarde secretario general de la OTAN, se quejó de que juez, fiscal y forenses «interrumpieron la investigación policial».

Según sus palabras textuales, la presencia de aquella comitiva judicial impidió que la Guardia Civil siguiera «investigando». Eso sí, no explicó el motivo de la interrupción de la «investigación policial», limitándose a aseverar que era «de sentido común saber la importancia que tienen las declaraciones en las primeras horas de detención».

Nótese que esas detalladas declaraciones de detenidos a los que se relaciona con ETA solo se han solido producir en el Estado español. Cuando esas mismas personas ha sido detenidas en el francés, los media han remarcado siempre su «mutismo habitual». Unos media que, por lo que se ve, no han considerado nunca necesario preguntarse por ese enorme contraste.

Cabe remarcar que el diario “Abc” reservó al juez Juan Piqueras su recuadro de “La figura del día”. He aquí lo que se decía de él: «La interrupción de las investigaciones encaminadas a la plena desarticulación del comando Donosti por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha sido acogida con estupor en medios políticos responsables. El Gobierno ha respaldado al Gobernador Goñi Tirapu en la denuncia de este hecho insólito».

Era entonces jefe de Intxaurrondo el bien conocido Enrique Rodríguez Galindo, más tarde condenado por secuestrar, torturar, asesinar y enterrar en cal viva a los refugiados Lasa y Zabala, un crimen cometido a finales de 1983. Un año después, negó tajantemente que en Intxaurrondo se torturara y se quejó con amargura de que «Estamos solos y creíamos que el resto del país estaba orgulloso de nuestro trabajo. No tenemos prensa, como la tiene ETA, y esto es, aunque alguien no lo crea, una guerra».

Aquellas declaraciones las hizo al diario “El País”, y en ellas Galindo también anunció, a modo de prueba de la inexistencia de torturas, que «No tendríamos ningún inconveniente en que existiera una tercera parte, sea el Defensor del Pueblo o un representante judicial que estuviera presente en los interrogatorios y observara nuestros métodos de trabajo policial».

Ni que decir tiene que aquellas palabras se las llevó el viento, porque nunca jamás nadie, aparte de los torturadores, ha estado presente en los interrogatorios ilegales que se han seguido practicando durante décadas en Intxaurrondo. Ni siquiera el antes mencionado juez Piqueras al que no se permitió, por supuesto, ser testigo de interrogatorio alguno. Y ya hemos visto lo que le sucedió por haber osado interrumpir momentáneamente las sesiones de tortura.

Todos los jueces recibieron entonces un claro mensaje que se tradujo en una consigna que todos ellos han seguido a pies juntillas: nada de presentarse ni en Intxaurrondo ni en ninguna otra dependencia policial donde se encuentren detenidos vascos incomunicados. Y ello a pesar de que el artículo 520 bis de la Lecrim, Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que durante la detención el juez podrá conocer personalmente la situación del detenido. Efectivamente, podría hacerlo, pero desde 1987 ningún juez ha visitado a un detenido vasco incomunicado en dependencias policiales.

Esa es la dura realidad de la tortura en Euskal Herria durante las últimas décadas en las que las autoridades han repetido sin cesar que las denuncias de torturas responden a consignas de «ETA y su entorno». En los miles de casos de incomunicación, en los que se han producido miles de denuncias de torturas y/o malos tratos, nunca un juez ha comprobado in situ el estado de los detenidos. Ninguno.