El problema español «ad intra» y «ad extra»

Advertencias de suspensión de la autonomía vía el artículo 155 de la Constitución (CE), reforma de la Ley del Tribunal Constitucional con vistas a penalizar al president Mas, amenazas veladas del ministro de Defensa de intervención militar, anuncios apocalípticos en los medios y toda la lista de insultos y calumnias imaginables… Un déjà vu que nos traslada a las elecciones al Parlamento vasco en 2001 con el tándem Mayor Oreja-Redondo Terreros, en las que toda la maquinaria del Estado quiso participar en la campaña. ¿Han olvidado el resultado en Madrid para repetir la estrategia?

Una y otra vez, la defensa del principio democrático por parte de las mayorías sociales y políticas de Catalunya y Euskal Herria es vista como un desafío, una deslealtad, cuando no ya de golpe de estado o incluso como acuso Felipe González de tener similitudes con el nazismo o el fascismo. Desde el hispanocentrismo se tiende a criminalizar y menospreciar los movimientos soberanistas pero un repaso a las noticias de este verano pone de manifiesto que el Estado español tiene un problema con el reconocimiento del derecho a decidir y el derecho de autodeterminación ad intra y ad extra.

En la hemeroteca encontramos noticias sobre: tensiones con Gibraltar con la soberanía del Peñón como fondo; un plan para hacer frente a una hipotética reclamación de Marruecos de Ceuta y Melilla en la ONU; la precaria situación de los refugiados saharauis en los campamentos, tras 40 años de los acuerdos tripartitos de Madrid; el veto a que Kosovo sea miembro de la UNESCO o a la participación en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, y la cuestión catalana con las amenazas penales y punitivas a aplicarles. De fondo, un único problema: la incapacidad por parte del Reino de España de buscar una salida a contenciosos de diferente naturaleza, que encuentran en el ejercicio del derecho de autodeterminación externa la solución más cívica y democrática.

Porque, si bien es cierto que la primera reacción de la comunidad internacional ante el supuesto de ejercicio del derecho de autodeterminación externo o el conocido como derecho a decidir en el contexto occidental es de desconfianza y recelo, no es algo imposible, ni mucho menos extraño en el mundo actual. En 2014 se celebraron siete consultas de diferente nominación y características sobre la independencia en el mundo: San Eustaquio (Países Bajos), Escocia, Catalunya, Véneto y tres de las regiones de Ucrania: Lugansk, Donetsk y Crimea. Por otro lado, hay previstas otras tantas para los próximos años: Chuuk (Micronesia), Kurdistan-Sur, Nueva Caledonia y Bougainville. ¿No es un referéndum la manera más clara de consultar a la ciudadanía sobre asuntos constitucionales? El Consejo de Europa así lo ha recomendado en numerosas ocasiones, pero el Estado español no es de la misma opinión.

En lo referente al próximo 27-S, de resultar ganadoras las listas del Junts Pel Si y las CUP con una mayoría en escaños, pero sobre todo en votos, se presentará un escenario ante el cual no puede ser indiferente ni el Estado ni la Unión Europea. Cabe preguntarse si el Estado cumplirá sus amenazas punitivas contra un «mandato democrático», pero justamente la suspensión de la autonomía de Kosovo por parte de Serbia (1989) fue el inicio de un proceso en el que la misma ONU defendió la conformación de Kosovo como Estado como «último remedio» ante la imposibilidad de otra salida. Según los estándares internacionales, hay que agotar las vías de diálogo y la negociación, pero ¿qué hacer cuando estas son imposibles? Un proceso democrático y pacífico respetando la legislación internacional.

Las actitudes obsesivas del nacionalismo español excluyente y de negacionismo de la pluralidad interna que mantiene la élite política en el Estado Español están dejando en evidencia su falta de viabilidad como Estado democrático, que se manifiesta claramente ad intra, careciendo de suficiente credibili- dad las fórmulas de federalismo y reforma constitucional hasta ahora expuestas. Y la gestión del Estado español del 27-S puede corroborar su falta de viabilidad democrática también ad extra, es decir, ante la comunidad internacional. El Estado niega absoluta y sistemáticamente el derecho a decidir a parte de sus ciudadanos y se niega a encauzar por vías constitucionales las reivindicaciones de mayor autogobierno. Con ello, está negando el derecho de autodeterminación de los pueblos y está violando el Derecho internacional. Además, está poniendo en grave riesgo la frágil estabilidad de la Unión Europea.

Mientras tanto, la falta de respuestas democráticas sigue siendo una razón más para los ciudadanos que encontramos en la independencia la mejor opción para nuestras sociedades. ¿Una utopía ? Lo utópico es creer que el Estado español reconocerá la pluralidad del Estado, las naciones, un tratamiento igualitario de las lenguas y las culturas. No lo lleva escrito en su ADN. Por ello, seguiremos apostando por hacer posible utopías como la que ha sido el nacimiento de numerosos estados en los últimos años, por un argumento de peso, el simple deseo de sus ciudadanas y ciudadanas de hacerlo.