Pedro Estonba tiene en la actualidad 65 años y no puede evitar emocionarse al recordar lo que vivió cuando apenas era un chaval de 21 años. Ha llovido mucho desde que, en 1971, fue abordado y detenido por agentes de paisano cuando se disponía a coger el autobús en el Boulevard donostiarra para dirigirse a su puesto de trabajo. Se había declarado el estado de excepción y, por lo tanto, no le dieron ninguna justificación por su arresto. Lo llevaron a la comisaría de Amara, que durante el día funcionaba como una oficina más de la Administración pero por la noche se empleaba como cuarto de torturas. Ayer, al recordar ante los medios este episodio, su relato volvió a entrecortarse.

Sufrió golpes, vejaciones y abusos durante dieciséis días antes de ser encarcelado en Martutene, donde pasó un mes. Nunca antes hasta ahora había ofrecido su relato a un juez. Lo hará por primera vez hoy, en Donostia, gracias a un exhorto que la jueza María Servini de Cubría ha dirigido a la Justicia española dentro de la querella que tiene planteada desde el Juzgado de Buenos Aires contra los crímenes del franquismo. En palabras de Estonba, poder declarar dentro de este proceso supone para él «dar un salto» y poder «pedir justicia como víctima de tortura y exigir que se castigue a los culpables».

Junto a Estonba escuchaba atento Juan Mari Zulaika, que acudió a la rueda de prensa convocada ayer por la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo en representación del sobrino-biznieto del sacerdote José Ariztimuño Aitzol, ejecutado sin mediar juicio alguno en 1936, lo mismo que los 196 que se contabilizan como asesinados e inhumados en el cementerio de Hernani, y que sufrió gravísimas torturas en la cárcel de Ondarreta. «En cinco meses mataron a ocho sacerdotes junto a cientos de civiles. Fue un genocidio en toda regla», declaró Josu Ibargutxi, miembro de la plataforma. El sobrino-biznieto del sacerdote tolosarra también prestará declaración hoy gracias a otro exhorto de Servini.

Tal y como explicó a GARA Zulaika, Aitzol había buscado refugio en Lapurdi, pero decidió regresar a Hego Euskal Herria, a pesar de los tiempos convulsos. Volvió en el buque Galerna, pero nada más pisar tierra lo tomaron preso junto al resto de ocupantes. «Lo estaban esperando. Aquel trayecto fue, en realidad, una ratonera de la que no pudo huir», contó. De allí lo llevaron detenido a la cárcel de Ondarreta, donde sufrió «severas torturas». Un hombre llamado Luis Pelletier fue testigo de todo ello.

Días después, el sacerdote fue ejecutado en el cementerio de Hernani, aunque de sus restos nada se sabe. Durante años sus familiares lloraron su pérdida en aquel camposanto, a donde también le llevaban flores, hasta que supieron que visitaban una cripta vacía. En 1958 se atrevieron a pedir a la Guardia Civil que les desvelaran dónde se hallaba enterrado, sin obtener respuesta.

Precisamente, el cementerio de Hernani es, en palabras de la plataforma, «todo un paradigma, una gran fosa de desaparecidos»: 198 inhumados, de entre los que no se visualizaron en la exploración de Aranzadi, en 2003, más que los restos de cuatro personas. También hablaron del «triángulo de la muerte» que rodeaba Donostia: «Ondarreta, el cementerio de Oiartzun, Bidebieta, Galarreta, el monte Ulia, el Puente de Hierro en Amara… donde todavía esperan su rescate cientos de cuerpos desaparecidos; hasta 400, solo donostiarras, que no fueron al frente», relataron.

Cientos de querellantes a la espera

Los dos testimonios de hoy son un gran paso pero, tal y como recordó Ibargutxi, «hay cientos de querellantes que esperan su turno para declarar por primera vez en juzgados españoles». El hecho de que estas personas puedan declarar ante la Judicatura lo consideró «muy importante», a la vez que «simbólico», puesto que «visualiza que esta querella va adelante». No obstante, señaló que la Plataforma Vasca no espera «nada» del Gobierno actual y confía en que, tras las próximas elecciones de diciembre, pueda haber un nuevo ejecutivo que contribuya a un «relato verídico» de lo ocurrido, ya que, hasta la fecha, «no hay ningún franquista que haya sido juzgado y condenado».

En ese sentido, insistió en la «responsabilidad subsidiaria» que corresponde a los estados porque «estamos hablando de crímenes de lesa humanidad». De este modo, incidió en que, si Alemania lo ha hecho con el nazismo, «el Estado español debe hacerlo también. En 40 años no ha sido capaz de exigir responsabilidades y romper con una dictadura de miles y miles de víctimas».

En este sentido, recordaron que hay diecisiete personas imputadas y que, sin embargo, Madrid no ha movido un dedo para llevar a buen puerto estos procesos. Ibargutxi citó, entre otros, los nombres de Martín Villa, Utrera Molina, Fernando Suárez, el exinspector Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, el ex guardia civil Jesús Muñecas y el capitán Troncoso, fiscal en el proceso de Burgos.

También quisieron recordar que para la querella argentina la violencia no empezó en el año 1960, sino en 1936, con el golpe militar. En su opinión, «la ‘ejemplar’ Transición y su ley de amnistía de 1977 perpetuaron la impunidad para con todos los crímenes del franquismo. Por ello, hemos de rescatar la memoria y la verdad de estos hechos si queremos una buena base para la paz y la convivencia».

Mientras los dos querellantes prestan declaración ante el juez, se ha convocado una concentración hoy, a las 12.00, frente a los Juzgados de Donostia, en el barrio de Egia, para arroparlos.

La plataforma también saludó el apoyo que han recibido de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en forma de declaración institucional en contra los crímenes del franquismo. Un texto que trabajan para también hacer suyo los ayuntamientos de Hernani, Tolosa y Donostia.