El 18 de octubre, las FARC-EP y el Gobierno colombiano anunciaron dos acuerdos para la búsqueda de desaparecidos. El primero contempla, con carácter inmediato, «la ubicación, identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado», propósito para el cual la mesa de conversaciones de La Habana ha solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el diseño y puesta en marcha de «planes especiales humanitarios» y su apoyo para la «entrega digna» de los restos. Tras la firma del Acuerdo Final, se creará una unidad especial para la búsqueda y establecer, en la medida de lo posible, lo acaecido a los desaparecidos. En conversación con GARA desde su despacho en Bogotá, el delegado del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, destaca el potencial de este acuerdo. «Es una señal esperanzadora», concluye.

¿Cómo valora este acuerdo entre las FARC y el Gobierno?

Es un paso muy importante en el camino hacia el acuerdo final. Es una señal de que las partes quieren un consenso sobre el tema de verdad, justicia y no repetición. Es un paso que denota gran coraje y lo saludamos con gran entusiasmo porque da una señal esperanzadora a las familias que no tienen ninguna información sobre lo que pasó y el paradero de sus seres queridos.

En virtud del acuerdo habrá acceso a zonas en las que las partes tienen información sobre fosas comunes y la ubicación de desaparecidos. Esto tiene un potencial enorme; puede cambiar la vida de muchas personas, y nos da la posibilidad de esclarecer lo ocurrido. Destacaría también que esto se hará antes de la firma del Acuerdo Final. El Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones llevábamos tiempo reclamando una medida humanitaria de estas características porque no es inteligente esperar a la firma del Acuerdo Final para dar pasos concretos. Uno de los desafíos de este proceso es que la gente en Colombia, en las ciudades y en las zonas más afectadas por el conflicto, no percibe cambios en su situación. No hay señales concretas en el país de lo que se habla en La Habana.

¿Ve factible iniciar la búsqueda de desaparecidos sin que antes se haya decretado un cese bilateral de las hostilidades?

Sí. Para realizar estas operaciones de búsqueda, debemos tener acceso a las zonas y las partes pueden crear las condiciones necesarias para que llevemos a cabo este trabajo. Este acuerdo demuestra de forma clara que hay voluntad política por parte de las partes para ello. La tarea encomendada al CICR es proponer a las partes acciones concretas en zonas muy delicadas, mientras que ellas se comprometerán a respetar las tareas de búsqueda en las áreas señaladas. La implementación de estas medidas no depende de un cese bilateral; se puede hacer desde ya. De hecho, lo venimos haciendo en algunos sitios con apoyo de las partes.

¿Por qué a día de hoy no hay aún una cifra consensuada sobre el total de desaparecidos?

Esto siempre es un problema en contextos de conflicto porque las partes tienen información que no quieren hacer público por considerarla demasiado sensible. Además, la realidad de la guerra nos ha demostrado que algunas familias con seres queridos desaparecidos no quieren reportar estos casos por miedo. En un mundo teórico, las partes deberían tener registros de todas las personas desaparecidas, pero eso no se ha hecho, desafortunadamente. En este tipo de contextos siempre hay diferentes cifras e interpretaciones sobre las mismas. Nosotros tomamos como referencia una base de datos del Instituto de Medicina Legal que, a 15 de octubre de 2015, recoge 109.000 desaparecidos, entre los que se incluyen a todas las personas reportadas como desaparecidas sin que necesariamente lo sean por motivo del conflicto. El análisis es bastante complejo y cada caso debe ser abordado de manera individual. El CICR tiene como regla hablar de desaparecidos; no empleamos el término «desaparecidos forzados» porque carecemos de información sobre las circunstancias en las cuales se dieron esas desapariciones. Nuestras cifras tampoco son completas porque no hay ninguna organización en el país ni institución estatal que haya estado en todos los sitios donde ha habido conflicto, y hay familias que no quieren hablar. Es un tema muy delicado.

¿Es la sociedad colombiana consciente de este fenómeno?

Todavía no. Es demasiado temprano. Somos conscientes de que en muchos casos las familias no podrán recibir respuestas porque no será posible encontrar restos humanos y hay otros casos en los que, aun estando localizados los cuerpos inhumados en cementerios, no hay familias que los reclamen y, por tanto, no podemos proceder a su identificación. Esa es la realidad de una guerra tan larga como la de Colombia.

El CICR lleva diez años acompañando a los familiares y ha indagado sobre la suerte de 147 personas. ¿Cómo es su trabajo?

El mayor obstáculo es la falta de confianza de los familiares. Por la propia lógica de la guerra, solo confían en las organizaciones que están en la zona o que la visitan de manera regular. Las familias con un desaparecido en su seno se enfrentan también a la discriminación de su comunidad, porque prevalece la idea de que, probablemente, sería de la guerrilla, del Ejército… eso genera estigma y aislamiento. Por ello, insistimos en la necesidad de brindarles apoyo sicosocial. Además, muchas de esas personas que residen lejos de los grandes núcleos urbanos no saben cómo obtener información. El CICR les ofrece asesoría a través de las «rutas de atención» que hemos habilitado para informar a las comunidades sobre los pasos que pueden dar. El mensaje que siempre damos a las partes en un conflicto es que tengan cuidado en el manejo de este tema, porque si consideran que no es necesario abordarlo durante el conflicto, después será un reto aún mayor porque las familias con desaparecidos nunca van a olvidar y seguirán reclamando información al Estado, a las FARC o a otros actores. Se trata de ver cómo digerir el pasado. Es positivo que lo empiecen a hacer desde ya.

La futura unidad de búsqueda tendrá carácter extrajudicial, por lo que quienes tengan información podrán darla sin temor a procesos judiciales.

Eso es un aspecto fundamental, gracias al cual podemos hacer este trabajo. Si este trabajo de búsqueda fuera parte de un sistema judicial, una organización como el CICR no podría hacerlo. El acuerdo de La Habana tiene múltiples significados, uno de ellos es el objetivo unitario de las partes de dar respuesta a las familias sin mezclar justicia y trabajo humanitario.

¿Cómo valora el compromiso de la mesa de La Habana con la verdad y la no repetición?

Desde un principio han sostenido que las víctimas están en el centro de este proceso de diálogo. El año pasado recibieron en Cuba a cinco delegaciones de víctimas. Ese fue un primer paso concreto en esa dirección. El acuerdo sobre desaparecidos, que tiene una dimensión puramente humanitaria, es otra señal. En este momento, las partes tienen esa voluntad, pero será muy importante que todo eso sea implementado. Nuestra tarea será la de recordar a las partes que eso debe hacerse. Todo el mundo está preguntándose sobre el presupuesto que tendrá la nueva unidad, cuántas personas la integrarán… precisiones que serán discutidas en los próximos meses. Pero lo que salga de ahí será un indicador: si dicha unidad no tiene recursos, no podrá hacer el trabajo con la máxima eficiencia. Hay voluntad política de las partes para cooperar, pero tendremos que verificarla en la fase de la implementación.