Iruin plantea desactivar la legislación de excepción «sin esperar»

Juan José Ibarretxe, Joseba Azkarraga e Iñigo Iruin compartieron anoche una charla en la que el abogado expuso un nuevo prisma para afrontar la cuestión carcelaria desde ya.

Recién pasadas las elecciones que han traído ciertos cambios, pero no un vuelco en la situación estatal, el abogado Iñigo Iruin abogó anoche en Azkoitia por la necesidad de «desactivar la legislación de excepción» impuesta en la época de José María Aznar con el apoyo del PSOE, que considera que es la clave del problema actual y no tanto la política carcelaria de los distintos gobiernos.

Para resolver la cuestión de los presos, además, estima Iruin que «no podemos esperar a que haya una nueva relación de fuerzas» en el Estado, y lo que procede es usar todos los medios legales. Al respecto, otro de los intervenientes en esta charla de Sare y Agirre Lehendakaria Center, Joseba Azkarraga, recordó que desde diciembre de 2013 los presos y presas vascas están explorando las vías legales, y puso sobre la mesa la frase del juez del Tribunal Supremo Joaquín Giménez: «No sirven recetas viejas para tiempos nuevos».

Con el exlehendakari Juan José Ibarretxe como tercer invitado, la aportación más novedosa fue la de Iruin, dado que planteó un nuevo enfoque para la cuestión. Frente a la práctica habitual de reivindicar desde Euskal Herria otra política carcelaria, que no acaba de llegar, el abogado subraya que el gran problema de fondo es una legislación de excepción al completo que, pasados cuatros años desde que finalizó la lucha armada de ETA, ha perdido ya cualquier atisbo de legimitidad inicial «y se ha convertido en discriminatoria».

1978 y 2003

Iruin apuntó primero que ya en la Constitución española (artículo 55.2) se produce una situación insólita en Europa al estipularse la opción de normas de excepción para casos de «actuación de bandas armadas». Pero recordó que aquello se produjo en un contexto excepcional en que podía entenderse que «la democracia estaba en peligro». Sin embargo, lo que se introdujo como algo «provisional»&flexSpace;ha pasado a «definitivo», y se mantiene incluso cuando ya resulta imposible argumentar que hay «actuación armada» de ETA.

Explicó a una sala casi llena que fue en la época de los gobiernos de Aznar cuando se levantó toda la legislación de excepción que ahora eterniza el problema. Como punto de inflexión sitúa la ley de 2003, la del llamado «cumplimiento íntegro de penas» (aunque iba complementada de muchas otras medidas como la centralización en la Audiencia Nacional de la vigilancia penitenciaria). Y como lema representativo del espíritu de todo ello, rememoró aquel «que se pudran en la cárcel» del entonces presidente español.

Iñigo Iruin remarcó el objetivo de «la venganza», materializado con fórmulas como bloquear excarcelaciones (trabas al tercer grado y a la libertad condicional), alargar condenas («aquella ley se hizo con calculadora») e introducir «nuevas condiciones y obstáculos» específicos para estos presos, algunos tan descaradamente ideológicos como reclamarles renunciar a «los medios y los fines» de su actividad anterior o exigirles cortar lazos con su entorno. En la actualidad, considera que el Gobierno del PP mantiene todo ello con una finalidad añadida: «Buscar una victoria político-ideológica, cambiando presos por relato».

Concluyó Iruin señalando que en consecuencia es falso que se esté desarrollando el Estado de Derecho, sino que se está realmente incumpliendo incluso el artículo 52.2 de la Constitución. Y también el 14, en función del cual la ley debe ser aplicada en los mismos términos a todas las personas. Ibarretxe había denunciado unos minutos antes el «Derecho Penal a la carta» o «Derecho Penal del enemigo».

Tres ejemplos

Consciente de que este análisis jurídico puede resultar difícil de comprender, Iruin puso tres ejemplos didácticos de la situación que genera esa legislación de excepción discriminatoria. El primero alude a un preso vasco que acumule 82 años de condena por varias sentencias. El tope de cumplimiento de cárcel son 40 años. Como quiera que en el caso de los vascos solo se conceden beneficios penitenciarios al cumplir la mitad de la condena (82) y no la mitad del tope (40), como sí ocurre con presos por otros delitos, el resultado es que al vasco solo se le aceptarán esos beneficios a los 41 años, o sea, cuando ya esté libre. Al resto se le aplicarán desde los 20. Aquí hay una excepción que también es reveladora: al vasco se le podrían otorgar beneficios desde los 32, pero si cumple las citadas «condiciones».

En segundo lugar citó la situación de los presos con enfermedades graves e incurables, que tienen derecho a la libertad pero siempre que estén en tercer grado, lo que está prácticamente vetado a los vascos por las excepcionalidades introducidas. Y recordó que a Josu Uribetxebarria la Fiscalía intentó imponerle las «condiciones» ideológicas, pese a asumir su grave estado.

El tercer ejemplo es el del descuento de condenas cumplidas en otros estados, obligado por Europa, pero al que Madrid se niega. Con ello, podría ocurrir que a un preso vasco que haya cumplido diez años en cárceles del Estado francés se le tuviera entre rejas luego otros 40 en el español; 50 en total, una cadena perpetua total y absoluta.

Azkarraga: «Nadie ha juzgado y condenado a los familiares»

Dos exmandatarios del Gobierno de Lakua compartieron exposición con Iruin. Juan José Ibarretxe, que ha intervenido ya en varios actos de Sare, tiene ahora un perfil más académico que político, y a ese ámbito se circunscribió su intervención, sobre conceptos como derechos humanos, cultura o desarrollo humano sostenible. Joseba Azkarraga, antes consejero de Justicia y ahora activista de Sare, sí entró de lleno en el detalle de lo que supone la dispersión, día a día. Sobre todo para los familiares, a quienes recordó que «nadie ha juzgado ni condenado», pero que son las víctimas más directas de esta práctica.

Azkarraga puso sobre la mesa algunos números muy elocuentes, sobre todo este novedoso: para cada minuto de visita, familiares y amigos pasan media hora en carretera por término medio. Apuntó también que el coste calculado de las visitas para cada familia es de 200.000 euros al año. Y es que los presos no solo están dispersados, sino además muy alejados, subrayó: el 80% de ellos se encuentra en cárceles que distan más de 500 kilómetros de sus casas (el 37% del total está a 500-800 kilómetros y el 42% a entre 800-1.000).

Tras desgranar todos estos datos, y añadir el especialmente doloroso de las dieciséis muertes producidas camino de prisión en estos 27 años, Azkarraga concluyó que «la sociedad vasca no puede permanecer impasible, como si esto no fuera vulneración de derechos humanos». Y apostilló que «esto no es un debate entre abertzales y no abertzales, aunque tenga carga política por supuesto: es un tema de derechos humanos. Y en consecuencia, una situación que nos tiene que interpelar a todos». Recordó las movilizaciones convocadas por Sare y Gasteiz para el sábado 9 de enero en Bilbo y Baiona.

Se preguntó además Azkarraga, «y si me equivoco que me lo diga Iñigo Iruin», si es que existe alguna norma o reglamento que exija reconocer un daño injusto para cumplir condena cerca de casa. El abogado negó con la cabeza. Acabar con la dispersión será para Joseba Azkarraga «un paso que daremos todos juntos», pero añadió que luego tendrá que haber otros hasta consumar el «presoak etxera».

El que fuera responsable de Justicia de Lakua tiene claro que no se puede hablar de proceso de paz visto lo visto. Más aún, dice que en estos cuatro años el Gobierno del PP «no solo ha estado inmóvil, sino dando pasos hacia atrás». También constata que «no cabrá hablar de fin del conflicto hasta que todas las consecuencias del conflicto hayan finalizado igualmente».R.S.