La jueza ve claro que Kutxabank pagó sin justificación a Cabieces

La jueza de Instrucción número 4 de Bilbo ha decidido la apertura de juicio oral contra el expresidente de Kutxabank Mario Fernández por pagos mensuales injustificados el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y a través del despacho Rafael Alcorta. Les acusa de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

La magistrada Ana Isabel Álvarez Fernández tiene claro que el anterior presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ordenó pagar 5.783 euros mensuales durante tres años al ex delegado del Gobierno español en Gasteiz, Mikel Cabieces. Dichos pagos se hicieron sin justificación y a través del despacho de abogados de Rafael Alcorta, con quien la entidad bancaria tenía un contrato anterior.

Según el auto hecho público ayer, la juez considera a Mario Fernández autor de un delito de administración desleal y fraudulenta y apropiación indebida de la que Mikel Cabieces es cooperador necesario y Rafael Alcorta, cómplice. Además, también acusa al expresidente de Kutxabank y al abogado de falsedad documental.

«Reciclado profesional»

Kutxabank mantenía desde febrero de 2009 un contrato con el bufete de Rafael Alcorta que mejoró en enero de 2012 atendiendo a que se preveía un mayor volumen de trabajo por la «integración de entidades y la problemática laboral asociada». Se pagaban al bufete 7.800 euros mensuales más iva.

Mes y medio después de la mejora del contrato, el entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ordenó al director de recursos humanos de la entidad, el pago de otros 5.783 euros mensuales al bufete de Rafael Alcorta, para retribuir a Mikel Cabieces, que tras haber dejado de ser delegado de Gobierno de Zapatero en la CAV se quería reincorporaba a su anterior actividad de abogado laboralista, que no ejercía desde 1990.

Según se señala en el auto del juzgado de instrucción número 4 de Bilbo, el objetivo de ese contrato de tres años era «posibilitar» a Mikel Cabieces su «reciclado profesional».

Que no se le vea

El abogado Rafael Alcorta se comprometía a la «tutela» de Mikel Cabieces, «presentación de clientes, facilitación de trabajo y, en lo relativo a Kutxabank, solo en temas que no tuvieran visualización pública, y con el abogado de CajaSur». Llama la atención que la entidad no quisiera que públicamente se relacionara a Cabieces con el banco.

De lo instruido hasta el momento, la magistrada concluye que entre el verano de 2012 y setiembre de 2014, Mikel Cabieces hizo los trabajos que Rafael Alcorta le trasladaba «consistiendo su actividad, básicamente, en la confección de escritos sencillos, preparación de prueba y búsqueda de jurisprudencia, normativa o bibliografía, siempre» bajo su supervisión.

A la magistrada le parece que el pago de 5.783 euros mensuales a Mikel Cabieces «no guarda proporción» con el trabajo que hacía, y mucho más si se comparan con la retribución de 7.800 euros del bufete de Rafael Alcorta «en relación con el volumen e importancia de su trabajo». Tampoco se trataba de un «profesional especialmente cualificado» ni una inversión de futuro.

«Sin control»

Kutxabank pagaba a Alcorta un dinero que luego iba a manos de Cabieces a través de un cheque nominativo, por un «trabajo que no constaba, ni en la definición de su contenido ni en su materialización concreta, escapando así a toda posibilidad de control».

La vinculación acabó antes de que se cumplieran los tres años previstos, pero se abonaron las cuatro mensualidades que faltaban más 900 euros en concepto de gastos, que se intentaron justificar luego como viajes a Córdoba, hasta que el abogado de CajaSur dijo que no le había visto nunca ni se había reunido jamás con él. 29.078,72 euros que Rafael Alcorta facturó por supuestas «actividades de asesoramiento» a las que Mario Fernández dio el visto bueno. Destaca la magistrada que en esta liquidación está claro que se pagó por un trabajo y unos viajes no realizados.

La contratación de Mikel Cabieces por Kutxabank salió a la luz por una denuncia de su actual Consejo de Administración contra Mario Fernández, quien justificó la operación en base a una «ley no escrita» para atender a personas vinculadas con la lucha contra ETA tras abandonar sus cargos. La causa sigue adelante por la Fiscalía y el impulso de LAB y otros sindicatos, a quienes representa la abogada Jone Goirizelaia.

Tras su denuncia contra Mario Fernández, Kutxabank no se personó en la causa porque el expresidente devolvió los 243.592 euros. Fernández se quejó ayer de no haber recibido el auto de la jueza y defendió su «integridad y honestidad».