¿Hay una cláusula secreta para no vender las acciones de Caixa?

Cómo negociaron el fin de la CAN los cabecillas del Régimen? Han pasado casi 4 años desde el entierro de la Caja de Ahorros de Navarra, tras una agónica historia de escándalos en la gestión que salpicaban a quienes habían presidido el consejo de administración desde su fundación: los presidentes de Navarra y otros líderes de UPN y PSN, el presidente de los empresarios navarros y numerosos hombres-fuertes de la Comunidad foral. A día de hoy, la causa judicial sigue «viva y coleando» en la Audiencia Nacional, y la Policía continúa con las investigaciones, centradas en las personas de Miguel Sanz y Enrique Goñi.

En su momento, la ciudadanía no daba crédito a la desaparición de la CAN, vía absorción de Caixa, y aún existen muchas dudas sobre cómo se gestó, porque no dejan de sorprender los cargos que siguen ostentando en la entidad catalana, generosamente remunerados, quienes dieron el finiquito al que fuera el principal instrumento financiero de Navarra: José Antonio Asiáin (exvicepresidente del Gobierno navarro del PSN) es ahora vocal en el Consejo de Administración del holding Criteria, propietario de Caixa, después de haber sido quien estampara la firma de la «capitulación», como presidente de la CAN, cuando en 2012 se llegó al acuerdo de fusión por absorción de Banca Cívica.

Enrique Goñi, director general de la caja navarra, lideró la operación, y una vez entregada la CAN a Caixa, se convirtió en el Director General de Gestión de Participadas Industriales y miembro del Comité de Dirección de Criteria CaixaHolding, con un sueldo que algunos medios situaron en los 600.000 euros al año.

El expresidente de Navarra, Miguel Sanz, preside Bodegas Sarría (dentro del grupo Criteria/Caixa), cargo para el que fue nombrado, a dedo, por Enrique Goñi, y le acompañan en el Consejo el exjefe de Protocolo de la Casa Real y exmiembro de la Comisión Ejecutiva de la CAN, Ricardo Martí-Fluxá y el presidente de los empresarios navarros, José Antonio Sarría, junto a Goñi como vicepresidente.

J.A. Sarría, el ya nombrado presidente de la CEN, que también formaba parte del extinto Consejo de Administración de la Caja, encontró acomodo en el de Vida-Caixa (la potente aseguradora de la entidad catalana), en el que se cobran unas suculentas dietas (en 2013, 2.250.000 euros para 11 consejeros).

Para que no haya dudas del poder de este clan, su cuñado, Sr. Giraldez, se convirtió en presidente de la Fundación CAN, nominado por el Gobierno de Yolanda Barcina (la bióloga, expresidenta de la CAN, ahora enchufada en el Consejo de Administración de Movistar).

Por si lo anterior pareciera poco, el exconsejero de UPN que iniciara la fusión de las cajas navarras y con ella su declive, Francisco Iribarren, logró, después de la absorción, un relevante puesto ejecutivo en Agbar/Aguas de Barcelona, también controlada por Caixa. Esta empresa se hizo con la millonaria contrata de la última fase del Canal de Navarra.

Estas recolocaciones quizás sean legales, lo que no quiere decir que sean éticamente defendibles. Pero, como es lógico, nos asaltan las dudas: ¿por qué quienes habían abocado a la Caja a la desaparición pasan a ocupar importantes cargos de la entidad que se la queda? ¿Podría Caixa dar una explicación?

En el mismo sentido, para saber a qué tenemos derecho los ciudadanos de Navarra, –porque es lógico que la falta de transparencia cree suspicacias–, planteo unas preguntas al Gobierno del cambio y a las cuatro formaciones que lo sustentan:

¿Se va a renovar a los miembros de la Fundación CAN, presidida por un cuñado del propio J.A. Sarría? El argumento de que fueron nombrados por su currículum profesional cae por su propio peso por los parentescos y cercanía ideológica al conservadurismo político y religioso de varios de los patrones. Y, si legalmente no se ha podido, como afirman algunas fuentes, ya que son cargos sin remuneración, ¿por qué no se les ha hecho un llamamiento público para que dimitan?

Lo que es obvio es que esos cambios posibilitarían avanzar con más garantías a la Comisión de Investigación de la CAN.

Y también podrían plantearse escenarios de enorme importancia, como el de vender las acciones de Caixa (con las que pagaron para quedarse con la CAN y que ahora valdrían cientos de millones de euros), para financiar las urgentes necesidades sociales de nuestra comunidad, fin para el que se fundaron las cajas de ahorros navarras. O para impulsar una entidad financiera pública. Lo que está claro es que, sin duda, supondría un «empujón» a ese cambio tan condicionado por la maldita herencia legada por los anteriores gobiernos del Régimen.

Convendría hacer luz en torno a todo lo sucedido con la caja navarra, entre otras cosas, para poner fin a los rumores que existen en los mentideros navarros sobre una supuesta clausula «secreta», que habrían firmado los últimos responsables de la CAN con la Caixa, por la que las acciones no se podrían vender en 50 años.

Y ya es hora de que, por higiene democrática, los nuevos gobernantes puedan acceder sin cortapisas a lo que queda de la CAN, como les corresponde, para conocer todos los entresijos de lo ocurrido en la entidad.