La próxima libertad condicional de Lorentxa Guimón es una excelente noticia. Lo es como cualquier medida que suponga aliviar el sufrimiento de cualquier persona. Un sufrimiento que en el caso de la presa angeluarra resulta indignante por haber sido llevado al extremo a consecuencia de la vulneración de sus derechos, con el agravante de que quien lo ha hecho es un estado; es decir, quien debería garantizar el respeto de los derechos de todos, también de las personas presas.

Una buena noticia que, sin embargo, como ocurre a menudo en Euskal Herria, llega con retraso y precedida de un gran esfuerzo humano. Un esfuerzo solidario que merece el aplauso y la admiración, pero que conlleva el sacrificio de mucha gente. Por eso, junto a la satisfacción por la excarcelación de Guimón, resulta inevitable la pregunta de por qué es preciso tamaño esfuerzo para lograr algo que no supone sino la mera aplicación de la ley y que, por otro lado, es lo que exige el mínimo respeto a los derechos de las personas. Es inevitable preguntarse sobre el objetivo perseguido por el Estado francés al dilatar durante más de tres meses la lamentable situación de Lorentxa Guimón por medio del recurso de la Fiscalía contra la libertad condicional que la presa vasca obtuvo el pasado noviembre. Meses especialmente duros para ella, ya que en ese tiempo ha sido hospitalizada en tres ocasiones.

Desgraciadamente, en realidad resulta retórica cualquier pregunta sobre la política penitenciaria de los estados español y francés en relación con los presos y presas vascos. Su característica principal es la excepción que permite y alienta el ensañamiento, y se inscribe en un sistema penitenciario cuya concepción medieval de la cárcel se basa en la venganza. En el contexto actual, no solo no han desactivado esas medidas de excepción, sino que las han apuntalado como elemento distorsionador de la nueva realidad que vive Euskal Herria, intentando evitar que esta dé paso a un escenario de normalización política y de paz.