Itoitz 1996, un tema de Estado «entre la espada y la pared»

El 6 de marzo de 1996 la AN dictó un auto que debía llevar a parar las obras de Itoitz, pero estas siguieron. Un mes más tarde ocho activistas las pararon con una acción espectacular, que además puso al Estado «entre la espada y la pared», según recuerda uno de ellos.

El día 6 de abril de 1996, hace 20 años, era viernes de Semana Santa, y por lo tanto festivo. Nadie trabajaba en las obras de construcción del embalse de Itoitz, salvo un guardia jurado que estaba de vigilancia. Esa fue la fecha elegida por ocho miembros del grupo Solidarios con Itoitz para llevar a cabo una acción que iba a tener eco internacional. Comenzó poco después de las siete de la mañana, nada más amanecer. Los ocho activistas iban encapuchados y con buzos en los que habían puesto la inscripción ‘‘Desconstrucciones Itoiz’’. Redujeron rápidamente al vigilante, tiraron lejos su pistola, pusieron en marcha unas sierras radiales que habían alquilado, y en pocos minutos cortaron los cables de 500 metros de longitud que atravesaban la pared del embalse de lado a lado. Eran seis cables de gran grosor, utilizados para transportar el hormigón con el que se construía la presa. Sin ellos, era imposible continuar la obra. De hecho, estuvo paralizada nueve meses, hasta que se colocaron nuevos cables para poder finalizar el gigantesco muro de 122 metros de altura.

Aquel 6 de abril de 1996, después de varios años de movilizaciones contra el proyecto más impopular de las últimas décadas en Nafarroa, las obras de Itoitz quedaron por fin paralizadas. Pero los ocho activistas pagaron su osadía, sobre todo porque ya habían decidido de antemano que fuese una acción pública y que ellos iban a asumir la responsabilidad. Así, una vez cortados los cables, se desprendieron de sus capuchas y esperaron allí mismo con los brazos en alto, como señal de que no tenían ninguna intención de huir. Los primeros en llegar fueron otros guardias jurado, que insultaron, apalearon e incluso amenazaron de muerte a los Solidarios con Itoitz. Poco después llegó la Guardia Civil, que se encargó de llevarles ante el juez, y de allí a la cárcel de Iruñea.

Testigos de todo ello fueron un selecto grupo de periodistas y fotógrafos a quienes los propios activistas habían trasladado hasta la presa de Itoitz. También ellos sufrieron golpes y amenazas por parte de los guardias, que además les requisaron parte del material de trabajo. Aun así, pudieron salvar los carretes de fotos que sirvieron para dejar constancia de la acción y darla a conocer al mundo. Entonces no había cámaras de fotos digitales, ni tarjetas de memoria, ni Youtube, ni internet... No se podía acceder a la información de forma casi instantánea, como ocurre hoy día, y de hecho los periódicos tuvieron que esperar al domingo para publicar sus crónicas, porque el sábado de Semana Santa no hay ediciones.

Todos los medios de comunicación y grupos políticos hablaron de «sabotaje», palabra que no considera adecuada uno de los ocho activistas, Julio Villanueva. «No fue una acción clandestina, sino que se trató de una acción pública, y por eso llevamos a un grupo de periodistas, para que fueran testigos de todo. Pudieron ver que fue una acción limpia y sin violencia, y el testimonio de esos periodistas sirvió para hacer frente a la campaña de criminalización que desataron contra nosotros, porque no hacían más que hablar de terroristas por aquí y terroristas por allá», recordaba ayer Julio Villanueva en el programa Faktoria, de Euskadi Irratia.

Veinte años después de aquella «sonada» acción, este conocido activista de Iruñea dice que «salió bien», pero admite que «tuvo consecuencias penales graves». No solo fueron condenados a cuatro años y diez meses de prisión, sino que, en la actualidad, todavía les siguen descontando parte de la nómina para hacer frente a la responsabilidad civil. Las pérdidas del corte de cables fueron estimadas en unos 2.000 millones de pesetas de la época.

«Perdimos, pero ha merecido la pena»

A la hora de hacer una valoración de aquel ataque «contra el corazón de Itoitz», que al final no sirvió para detener definitivamente la obra, Julio Villanueva considera que fue «una derrota y una victoria a la vez», y lo explica: «Perdimos, eso es verdad, pero ha merecido la pena. Itoitz era una cuestión de Estado, y el poder decidió seguir adelante con este proyecto a la fuerza. Pero unos 120 proyectos similares a Itoitz fueron anulados en el Estado español. En el Ministerio se referían a él como ‘‘el infierno de Itoiz’. Nuestra acción y el trabajo de la Coordinadora puso al Estado entre la espada y la pared».

Dos décadas después, la entonces abogada de la Coordinadora, Marijose Beaunont, es consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia en el Gobierno navarro. Su pelea se centró en el terreno jurídico, donde consiguió éxitos que fueron reconocidos incluso por los partidarios de construir la presa de Itoitz. Por su parte, los Solidarios crearon escuela. Pronto llegaron otras acciones igualmente populares, como las «giraldillas» por los presos vascos que irrumpieron en el Mundial de Atletismo de Sevilla 1999.

despilfarro de dinero público para construir una obra ilegal

El corte de cables en Itoitz fue considerado por los Solidarios como una respuesta al «despilfarro» de dinero público y a la «vulneración de la legalidad» El despilfarro se concretó en un coste de 165 millones de euros (equivalente en pesetas de la época), que suponía un 68% más de lo presupuestado y que gran parte de la sociedad navarra veía como un gasto innecesario. La vulneración de la legalidad también fue evidente. Tanto la AN como el Tribunal Supremo dictaron sentencias que, en la práctica, impedían llenar el vaso del embalse por encima de las bandas de protección de las foces de Txintxurrenea, Iñarbe y Gaztelu, declaradas por la UE como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA). Entonces llegó la política de hechos consumados: se redujeron esas bandas para legalizar la obra.I.V.