Iruñea defenderá la ampliación del euskara en las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Iruñea tiene claro que la extensión a dos centros más de la oferta de escuelas infantiles en euskara es un paso necesario en la buena dirección de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, por lo que defenderá esta medida. El primer paso será presentar un recurso contra el auto de suspensión cautelar de la misma.

«Lo que está en juego es el interés público», destacó ayer el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, al anunciar que el Ayuntamiento de Iruñea recurrirá el auto del titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de la capital navarra. El magistrado Antonio Sánchez ordena la suspensión cautelar de la modificación que ha permitido abrir dos escuelas infantiles en euskara en los centros de Donibane y Printzearen Harresia.

En esta línea, Asiron subrayó que aplicar el auto supondría dejar en el aire el conjunto de la matriculación de las escuelas infantiles de Iruñea, lo que afectaría a 1.300 familias de la ciudad. En este sentido, recordó que las familias afectadas por el cambio de modelo lingüístico fueron 200 y que las que presentaron el recurso judicial fueron 53.

Asiron compareció junto a la edil delegada de Cultura, Maider Beloki (EH Bildu), y las concejales Laura Berro (Aranzadi) y Edurne Eguino (I-E), que apoyaron la posición del alcalde.

El primer edil de la capital navarra subrayó también que aplicar la suspensión cautelar decretada por el juez Sánchez supondría retornar a una situación en la que solo el 10% de las plazas de las escuelas infantiles iruindarras eran en euskara, cuando los datos demuestran que la demanda real asciende al 37%. «Por tanto, un 27% no podría ver satisfecha su demanda de modelo lingüístico si se aplica el auto», añadió.

Asiron también subrayó que los dos centros en los que se ha implantado el euskara –Donibane y Printzearen Harresi– han cubierto el 100% de las plazas que ofertaron y que, incluso, han tenido lista de espera. Este dato confirma que la decisión municipal respondía a una demanda social de aumentar las plazas en escuelas infantiles en euskara. Asiron subrayó que el equipo de gobierno reivindica los cambios adoptados y expresó la voluntad de defenderlos por todas las vías posibles, al tiempo que insistió en que la decisión estaba muy bien justificada.

Por ello, mostró su extrañeza por el hecho de que el juez no haya tomado en cuenta los argumentos del Ayuntamiento a la hora de redactar su auto y reveló que ni siquiera se les notificó oficialmente, sino que se enteraron por las redes sociales.

Asiron recordó que hasta la apertura de los dos nuevos centros en euskara solo existían otros dos, de un total de 17, que albergaban líneas en euskara. Estaban situados en la parte norte de la ciudad, en la Txantrea y en Arrotxapea, lo que obligaba a numerosos padres y madres a recorrer decenas de kilómetros si optaban por la enseñanza en euskara para sus hijos e hijas.

El alcalde añadió que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar los derechos lingüísticos y laborales de todos los implicados en este cambio de modelo: «Me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad porque en el equipo de gobierno tenemos el convencimiento de que las cosas se han hecho bien».

La decisión judicial se ha registrado cuando está a punto de comenzar el periodo de matriculación de las escuelas infantiles. Maider Beloki señaló que si no se corrige la situación estaría en riesgo todo el proceso.

Laura Berro, por su parte, destacó que hay una demanda real de matriculación en euskara en escuelas infantiles, como lo demuestran los datos, por lo que abogó por garantizar un derecho lingüístico. «Tiene que prevalecer el bien general», añadió.

Edurne Eguino comenzó su intervención reconociendo el derecho de las 53 familias que presentaron el recurso ante el juez, pero subrayó que I-E apoya la decisión del equipo de gobierno de incrementar las plazas en euskara. «Se consiguió una oferta más equilibrada, proporcionada y ajustada a la demanda en un servicio que es imprescindible para la conciliación», dijo.

UPN habla de «sectarismo»

Enrique Maya, portavoz de UPN, pidió la dimisión de Maider Beloki, edil delegada de Cultura, «porque no tiene capacidad» y avanzó que de no producirse reclamarán la de Asiron. «El sectarismo les ha llevado a un callejón sin salida», proclamó.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, aprovechó por su parte para «denunciar con la máxima contundencia las graves consecuencias de los irresponsables, poco rigurosos y atropellados cambios lingüísticos del equipo de gobierno en las escuelas infantiles de nuestra ciudad».

El auto echa por tierra los informes elaborados por los técnicos municipales

El auto del juez Antonio Sánchez hace suya la demanda de las 53 familias que han recurrido la extensión del euskara a dos nuevas escuelas infantiles en la que se destaca que el «apego/vínculo» de los niños con sus centros y educadores «queda roto en la mayoría de los supuestos a contemplar». Es decir, considera que los alumnos de estos dos centros se verían perjudicados si cambian de modelo lingüístico y educadores al optar por permanecer en la misma escuela y que sucedería lo mismo si deciden cambiarse de centro.

El juez, en cambio, rechaza categóricamente los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento en defensa de la decisión adoptada y para ello descalifica la profesionalidad de los técnicos municipales. «Es cierto que la Administración presenta documental consistente en informe de gerencia, pero en este caso y en este momento procesal la habitual presunción de acierto y neutralidad de tales informes suscritos por funcionarios públicos queda en un segundo plano, por cuanto se trata de informes ‘ad hoc’ hechos para justificar y defender las resoluciones cuestionadas», señala en el auto antes de dar la razón a las familias recurrentes.

Asimismo, el juez valora que existen «numerosos recurrentes que han visto afectada su situación sin previo aviso», pero obvia que solo una cuarta parte de los padres y madres de Donibane y Printzearen Harresi ha recurrido y que la suspensión cautelar afectará a unas 1.300 familias del conjunto del sistema de escuelas infantiles.

En cualquier caso, la decisión del juez es provisional, ya que decreta la suspensión cautelar a la espera de una decisión mediante una sentencia en la que, tras valorar el fondo del asunto, adopte una postura definitiva.

El recurso del Ayuntamiento de Iruñea busca que la suspensión del cambio acordado en relación a las escuelas infantiles se levante. Es el mismo juez que ayer hizo público el auto el que deberá responder al recurso que el Ayuntamiento ya ha anunciado. Las autoridades municipales tienen quince días de plazo para presentarlo.

A la espera de una valoración más en profundidad que se producirá en la sentencia –fuentes jurídicas señalan que Sánchez es diligente a la hora de resolver–, el juez avanza que «nos encontramos ante un caso en el que no se produce una ampliación, sino la eliminación de parte de la oferta en educación infantil 0-3 años del modelo de educación en castellano y en castellano-inglés, por lo que, al menos en principio, no estaríamos ante una labor de gestión, sino de ordenación de la oferta educativa, de tal manera que en este momento, la pretensión de la recurrente aparece bien fundada». Por tanto, considera que debe acordarse la suspensión de la modificación, aunque de manera cautelar M.D.