A Euskal Herria y Colombia les unen sus conflictos –políticos, violentos y largos– y la fase actual en que se afronta su resolución. Les separa, además de un inmenso océano, la forma de ese proceso: la negociación clásica insurgencia-Gobierno se impone allá, la unilateralidad aquí. Y hay otro aspecto común menos evidente sobre el que se puso la lupa ayer en Iruñea, que es la participación civil en estos procesos de solución, un factor clave si se quiere que efectivamente deriven no solamente en paz, sino también en justicia y en cambios sociales y políticos.

El caso vasco es perfectamente conocido por los lectores de GARA. Anaiz Funosas (Bake Bidea) recordó las aportaciones hechas desde Ipar Euskal Herria, Agus Hernan se centró en el Foro Social e Iker Uson (Baketik), en las experiencias locales. Todo ello compone un buen ejemplo de que, como explicó el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi en el arranque, la implicación civil es un elemento en boga en los distintos procesos.

Pero, por su actualidad y sus perspectivas de éxito, el caso colombiano atrajo gran parte de la atención. En Iruñea confluyeron tres voces diferentes de esa posición civil. Dos de ellos llevaban vestimentas o detalles indígenas, mostrando ya al primer golpe de vista que, como ocurre en Euskal Herria, son las poblaciones autóctonas las más interesadas en llevar estos procesos a buen puerto. Luz Yaeni Aguirre es además representante de la Organización Nacional Indígena. Dio un dato muy contundente: «Parece que Santos [Juan Manuel, presidente de Colombia] quiere convertirse en el santo de los indígenas, pero el Gobierno ha incumplido 1.100 acuerdos con nosotros. Cada vez que hacemos minga [movilización], como él es muy habilidoso convoca la mesa de concertación, pero ahí nunca pasa nada». Así las cosas, explicó que desde el 30 de mayo se ha convocado una «minga indefinida» a la que aludió también Edgar Mojica y que tiene como objetivo «afectar a la economía nacional». Da por seguro que la respuesta puede ser una impor- tante represión, de nuevo, en un país que tiene ya 10.000 presos políticos, según detalló el tercer interlocutor colombiano, Alberto Pinzón (Marcha Patriótica), exiliado forzoso en Europa desde hace quince años.

De Colombia a Iruñea

Los tres ven perspectivas de acuerdo final en la negociación entre las guerrillas y el Gobierno, pero eso no despeja todos sus temores. Pinzón, vehemente, advirtió en la misma sesión de ayer el riesgo de que se extienda la percepción errónea de que la paz es solamente el cese de la lucha de las FARC y le añadió el de que en Colombia se mantengan la represión y el paramilitarismo.

Ante una pregunta de Agus Hernán, Mojica (del Congreso de los Pueblos) confirmó que el Gobierno colombiano sibilinamente genera esta concepción en el subconsciente de la población, sin mentalizarle de que el proceso debe implicar también cambios políticos y sociales, y que insiste al mismo tiempo en que los acuerdos de La Habana deberían ser refrendados en plebiscito, lo que multiplica el temor a una baja participación o una escasa adhesión que termine frustrándolo todo.

La necesidad no solo de vigilancia, sino de participación directa civil, fue el denominador común de las intervenciones. «No se puede construir la paz solo desde los gobiernos ni solo desde las ciudades», alertó la indígena Aguirre.

En un nivel más teórico se situó la aportación de Tica Font, directora del Institut Catalá Internacional per la Pau. Considera que en el fondo ningún proceso de este tipo se explica sin un impulso civil de base, aunque casi siempre aparezca oculto y sea muy poco estudiado. «¿Quién ha provocado al final que las FARC y el Gobierno se sienten en la mesa?», preguntó.

Algo de eso subyacía también en la intervención del anfitrión, alcalde de Iruñea tras el vuelco dado por la ciudadanía con su voto. Joseba Asiron remarcó que están cambiando la ciudad tras una era en la que «la derecha más ortodoxa» imponía «la negación de otras realidades» políticas, culturales o lingüísticas.